Por qué perdimos en La Haya

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya,  acabó con cinco años de disputa territorial entre Nicaragua y Costa Rica con un fallo doblemente desfavorable para Nicaragua que cayó como un baldazo de agua fría al gobierno del comandante Daniel Ortega. La victoria de San José evidenció una mala estrategia empleada por la defensa nica en el alto Tribunal de Naciones Unidas, a juicio de ex cancilleres y expertos nacionales, quienes catalogaron el veredicto como una “derrota personal” del mandatario sandinista a causa de haber politizado el proceso.

Managua y San José mantenían ante la CIJ dos demandas. Una por la ciénaga de 2.5 kilómetros cuadrados de Harbour Head, y otra por la trocha fronteriza a la vera del Río San Juan construida por el gobierno de la ex presidenta Laura Chinchilla. Sin embargo, el Tribunal unificó las querellas y en la lectura de la sentencia los ticos se llevaron “la mejor parte”, opinó el experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia.

La CIJ determinó que la soberanía de Habour Head o Isla Portillos le correspondía a San José, y criticó que Managua violó ese territorio costarricense con presencia militar, además de violar los derechos de navegación en el río San Juan de los vecinos.

El dragado realizado por Nicaragua, según la CIJ, afectó el territorio tico con daños materiales, por lo que estará obligado a pagar una compensación que las partes pueden acordar en un plazo de 12 meses. Sin embargo, si no se ponen de acuerdo la CIJ la fijará.

En el caso de la trocha fronteriza, la Corte amonestó a San José por haberla construida sin un estudio de impacto ambiental previo. Pero desestimó la demanda neurálgica de Nicaragua: los daños graves al Río San Juan. “Nicaragua no produjo suficientes elementos que prueben que los daños causados por la ruta (trocha) construida por Costa Rica hayan tenido impactos significativos en la morfología del río San Juan, no probó que hayan causado daños serios”, deliberó la CIJ.

La sentencia fue leída por Ronny Abraham, presidente de la CIJ, y escuchada con atención en Nicaragua y Costa Rica. Previo a que se conociera el fallo, Nicaragua derrochaba triunfalismo. El canciller Samuel Santos aseguró que los argumentos presentados por Nicaragua “son solidísimos”. “Nuestro equipo legal ha hecho un excelente trabajo y se ha presentado toda la documentación correspondiente y por supuesto que de manera muy profesional y muy objetiva tenemos que esperar con toda la responsabilidad del caso la resolución de la Corte”, añadió el canciller.

Sin embargo, la lectura de la sentencia por medio de una traductora pintó un panorama opuesto. El representante nica en La Haya, Carlos Argüello, consoló diciendo que el fallo era “balanceado”. Mientras que la propaganda oficial usó como punta de lanza el hecho de que el Tribunal reconoció la potestad del dragado de Nicaragua sobre el San Juan, un tema que no estaba en discusión.

Rosario Murillo, vocera del gobierno, dijo que “reconocía y acataba la decisión” de la CIJ. Aseguró que el Ejecutivo sandinista “considera la sentencia como mandato para cerrar este capítulo, puesto que la Corte se ha pronunciado y ha decidido”.

“Para Nicaragua, para el Pueblo nicaragüense, es de suma importancia que la Corte Internacional de Justicia ha reconocido el derecho pleno de nuestro país, para realizar labores de dragado en nuestro Río San Juan”, agregó la también primera dama. “Otro punto de importancia que recoge la Sentencia es el derecho de nuestro país a reglamentar y regular la navegación en el Río San Juan”, insistió.

Manejo políticos y sin asesores

Para el jurista Herdocia el hecho de que la comisión de ex cancilleres y asesores no haya sido tomada en cuenta en esta disputa en la CIJ –como era la práctica– influyó en la mala estrategia esbozada por Managua. Y también en aconsejar al gobierno de Ortega de no mandar jamás a la zona en disputa, que contaba con medidas cautelares de la CIJ, a dragar y enviar tropas del Ejército y a la Juventud Sandinista.

“Esta es una derrota personal del comandante Daniel Ortega. Este caso fue politizado y adquirió tintes personales y partidarios, como si era el Frente Sandinista era el que estaba en pleito con Costa Rica”, dijo Mauricio Díaz, exembajador de Nicaragua en Costa Rica y diputado ante el Parlamento Centroamericano.

“Se nos mintió y se quiso mentir a los jueces de la Corte, se hizo creer que el caño que limpiaban con el dragado tenía profundidad para la navegación, sabiendo que no era cierto”, explicó el ex canciller Norman Caldera.

Además del daño a la imagen de Nicaragua y la pérdida de territorio, el costo de la derrota se estima en más de cuatro millones de dólares, que habría costado la defensa nica en La Haya, sin incluir el pago pendiente de una indemnización de Costa Rica.

“Nicaragua ha sido víctima del manejo soberbio y personalista de Ortega de un tema de interés nacional. Nunca debió mandar tropas a esa zona, ese fue un error político. Ortega actuó con soberbia y afectó a Nicaragua. Es una torpeza”, aseguró el diputado opositor y ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

El ex vicecanciller José Pallais comentó que en los últimos litigios sostenidos por Nicaragua ante la CIJ, el de Costa Rica es el único cuya responsabilidad total es “atribuible al Gobierno de Ortega”.

“El caso fue iniciado por Ortega y concluido bajo Ortega a diferencia de los casos con fallos favorables con Honduras y Colombia que fueron iniciados y soportados por los gobiernos liberales y concluidos en el gobierno de Ortega; los gobiernos anteriores tuvieron el cuidado de consultar permanentemente a los cancilleres y vice-cancilleres que han representado al país por los últimos 40 años. Ortega rompió con esta buena práctica y ensayo de unidad nacional, hoy pagamos las consecuencias”, criticó Pallais.

El jurista Herdocia opinó que la falta de esta comisión también se notó en el veredicto de la CIJ que estableció que Managua no pudo probar los “daños graves” que la trocha fronteriza construida por Costa Rica causó al Río San Juan. “Allí ves dónde existe una necesidad de una comisión territorial asesora que permita redondear una visión y fortalecer áreas importantes, y donde se ve una participación lo más completa posible”, ejemplificó Herdocia.

Aunque no sabe cuáles fueron los argumentos a los que recurrió la defensa nica para alegar el daño ambiental, porque los excluyeron, Herdocia dijo estar seguro que el científico Jaime Incer Barquero tiene una documentación “valiosísima” alrededor del tema de la sedimentación, y lo mismo otros institutos como el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA).

Por su parte Pallais escribió que “si bien solamente son 2.5 km (Harbor Head) nos duele perderlos por indolencia, nos duele más escuchar que Nicaragua no pudo probar los extremos de la Litis”. “Debemos superar este golpe y pensar en el futuro ojala no pase lo mismo con la delimitación marítima pendiente con los ticos, unamos esfuerzos y cambiemos Nicaragua para cambiar nuestra suerte”, propuso el ex vice canciller.

Reactivar comisión bilateral

En lo que sí insistieron los ex cancilleres expertos y hasta el sector privado nacional, aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), es que ambos países deben activar una comisión binacional para solucionar sus problemas ante que se vuelvan una escalada que acaba en la CIJ por el alto costo económico de estos juicios.

“Creemos que es oportuno el llamado a activar la Comisión Binacional. Hay que buscar que se entienda que las relaciones políticas, tienen que partir de una realidad económica y social”, instó José Adán Aguerri. “Que esa realidad económica y social hace que hoy Nicaragua y Costa Rica estemos estrechamente vinculados por la enorme cantidad de ciudadanos nicas que trabajan en ese país, o estrechamente vinculados por una relación comercial, que se traduce además en una relación de inversión del sector empresarial costarricense en Nicaragua”, afirmó.