25 de julio 2019
AA
Share
Ocho marchas opositoras han sido prohibidas por la Policía del régimen desde septiembre pasado, cuando la dictadura criminalizó las protestas e impuso un Estado policial de facto. La institución orteguista ha usado para ello las mismas excusas: “son golpistas”; “son tranqueros”; o “dos individuos no cumplen los requisitos”.
La última marcha prohibida fue la que este jueves 25 de julio pretende llevar a cabo un grupo de jóvenes autoconvocados y alumnos expulsados de diferentes universidades de Nicaragua, en conmemoración del Día Nacional del Estudiante, que se celebró el pasado martes.
La Policía del régimen argumentó el miércoles que “el escrito presentado por estos dos individuos, con firmas ilegibles, no constituye solicitud de permiso y no cumple con los requisitos establecidos, de conformidad con la Constitución Política, las Ley 872, Ley de la Policía Nacional y las normativas correspondientes, por lo tanto no se autoriza”.
Igual argumento usó la institución orteguista para negar una marcha opositora del pasado 26 de mayo, que fue solicitada por miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). En esa ocasión, la Policía solo agregó a su párrafo que eran “dos individuos no identificados”, lo demás es similar con puntos y comas.
Con antecedentes delictivos
La solicitud de los estudiantes fue presentada, con su número de cédula, y firmada por: Mildred Rayo; Wendy Juárez; Gelmin Martínez; Roberto Buschting; Augusto Centeno; Luisa Acosta; Aritz Serrano; Yerri Estrada; y Omara Ruiz. Además, fue respaldada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, y la UNAB.
El régimen, a través de la Policía, señaló que “algunos de los individuos que firman el escrito poseen antecedentes delictivos, entre otros delitos, por consumo y expendio de drogas, así como por tenencia y uso ilegal de armas de fuego”.
Yerri Estrada, universitario expulsado de la UNAN-León y uno de los firmantes de la solicitud, dijo en el programa Esta Noche que ellos cumplieron con todos los requisitos de ley, aunque contemplaban la posibilidad de que no les dieran el permiso, por lo cual ellos han previsto otras formas de protestas, porque “el pueblo de Nicaragua necesita salir a las calles”.
Somos estudiantes, no somos delincuentes.#LAMARCHAVA pic.twitter.com/VUBi0NFEux
— AUN (@AUNNicaragua) July 25, 2019
En un vídeo que circuló en las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, el grupo de universitarios anunció que pese a la negativa policial, ellos mantienen la convocatoria para marchar, a partir de las 2:00 de la tarde, desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la rotonda Centroamérica, un recorrido de casi un kilómetro.
“Estamos haciendo uso de nuestro derecho de la Constitución política, y poniendo a prueba una vez más los acuerdos establecidos en la mesa de negociación, donde se está acordando que tenemos la libertad de concentración y protesta”, mencionó Estrada, en la entrevista con Esta Noche.
La libertad de movilización y manifestación es uno de los acuerdos firmados y no cumplidos por el régimen, en el marco de diálogo nacional con la Alianza Cívica. Las negociaciones se encuentran suspendidas, aunque la ACJD ha solicitado al Gobierno retomarlas el próximo 31 de julio, a lo que el dictador Daniel Ortega ha dicho que “no”.
“Golpistas” y “tranqueros”
Desde que el régimen criminalizó las manifestaciones cívicas, el pasado 28 de septiembre, empresarios, movimientos feministas, organizaciones nacionales de derechos humanos y ciudadanos autoconvocados han solicitado permiso para manifestarse.
Tras la prohibición, la primera gran convocatoria fue para la marcha “Unidos por la Libertad”, que se realizaría el 14 de octubre. La Policía advirtió, en esa ocasión, que “no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso y acompañamiento de la Policía Nacional”. Más de 30 ciudadanos obviaron la amenaza y fueron arrestados.
Luego se convocó y pidió permiso policial para tres marchas: 25 de noviembre —solicitada por los movimientos feministas—; 10 de diciembre — gestionada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) —; y 24 de enero — pedida por organizaciones empresariales—. En todos los casos, la Policía del régimen respondió lo mismo: “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de estado”.
Jóvenes se manifiestan en el parqueo del centro comercial Metrocentro, asediados por la Policía del régimen, en marzo pasado. Foto: Carlos Herrera.
En el caso de la solicitud de los empresarios, la institución orteguista los acusó de “incitadores” y “promotores” de los llamados “tranques de la muerte”, donde según la narrativa del régimen —repetida por la Policía— “se violentó y torturó a nicaragüenses”.
Ante ese escenario, la UNAB llamó, sin solicitar permiso, a una manifestación para exigir la liberación de los presos políticos. Esta fue convocada para 16 de marzo. Un día antes, la Policía alertó que no estaba autorizada ninguna marcha, ya que “esas convocatorias constituyen la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas”. Decenas de ciudadanos desoyeron la orden policial y trataron de manifestarse cívicamente. La institución orteguista golpeó a los manifestantes y detuvo a más de 160, luego liberados.
Misma excusa utilizó la Policía para prohibir una marcha del 17 de abril, llamada “Todos somos Abril”, en conmemoración del primer aniversario del levantamiento cívico de 2018.
Exagerado despliegue policial
Simpatizantes sandinistas acosan una manifestación opositora, en marzo pasado. Foto: Carlos Herrera.
En cada una de las convocatorias a marcha, el régimen despliega desde tempranas horas un enorme dispositivo policial, de paramilitares y simpatizantes motorizados.
Frente a esa situación, los ciudadanos han recurrido a los piquetes exprés, que se realizan en algunos centros comerciales y financieros, ubicados en la avenida que va desde la rotonda Rubén Darío, o de Metrocentro, hasta la rotonda Jean Paul Genie.
Otro punto de manifestación es la catedral metropolitana, que pese a estar constantemente custodiada por antimotines, se ha convertido en el único lugar de Managua, donde ondear una bandera azul y blanca no es motivo para un secuestro de los paramilitares o agentes policiales.
