18 de diciembre 2024
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Agentes policiales y paramilitares en Estelí secuestraron al abogado Luis Rodolfo Ibarra González, quien se convirtió en el tercer miembro de la familia González en ser víctima, este 2024, de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Luis Rodolfo es primo de los hermanos Nohelia González, periodista desterrada, y Eddie González, mayor en retiro apresado.
Fuentes cercanas al caso indicaron que el secuestro fue ejecutado por agentes del Grupo de Intervención Rápida (GER) de la Policía Nacional, apoyados por paramilitares. El detención ilegal ocurrió el pasado 11 de diciembre de 2024, cuando el máster en derecho procesal y penal iba a bordo de su camioneta.
“A él lo detuvieron, lo sacaron del vehículo y lo montaron en una camioneta y a partir de ahí está desaparecido”, detalló una de las fuentes.
Cuando la familia preguntó por Ibarra González en la delegación policial de Estelí, les dijeron que se “fueran” y que “no pregunten nada”. Después supieron que el abogado fue llevado a Managua y es investigado por supuestos “delitos comunes”. En los registros oficiales aparece detenido bajo el nombre de “Luis Rodolfo Gonzáles Martínez”, según las fuentes.
Ibarra González fue detenido días después de que hizo una serie de consultas y trámites sobre las propiedades de la familia Ibarra González, para evitar que sean confiscadas por la dictadura Ortega-Murillo.
“Él fue a sacar la libertad de gravamen de las propiedades para demostrar que son herencia familiar porque han estado en la familia desde hace muchos años”, explicó la fuente.
Persecución contra la familia González
El 9 julio de 2024, la periodista Nohelia González fue detenida y desterrada de Nicaragua. La profesional fue jefa de información del diario La Prensa por 28 años, y después de retirarse colaboró con los medios católicos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Cinco días después, el 14 de julio, su hermano, el exmilitar Eddie González, fue arrestado después que se enfrentó a balazos con oficiales de la Policía y paramilitares, cuando estos intentaron detenerlo injustamente. El mayor en retiro había mostrado su indignación y descontento por el destierro de su hermana, a través de diversas publicaciones en redes sociales.
El militar retirado fue acusado por los delitos de homicidio en grado de frustración, uso de armas restringidas, uso indebido de uniformes o pertrechos del Ejército, y daños y obstrucción de funciones, en perjuicio de un oficial de la Policía, dos paramilitares —llamados “policías voluntarios” por el Gobierno— y el Estado de Nicaragua.
Su primo Luis Ibarra González, quien también perteneció al Ejército en los ochenta, no estaba involucrado en política, ni en grupos de oposición y tampoco emitía opiniones sobre la situación sociopolítica, aclararon las fuentes.
El abogado, de 64 años, vive solo en Estelí y hasta antes de ser detenido seguía ejerciendo su profesión.
Capturan a excarcelado en Managua
La captura ilegal de Ibarra González se suma a la de otros ciudadanos en las últimas semanas. El 13 de diciembre fue detenido en Managua el excarcelado Pedro José Estrada Ortíz. Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Estrada es uno de los sobrevivientes del ataque a la iglesia Divina Misericordia en 2018.
“En 2019 fue liberado bajo la Ley de Amnistía y desde entonces tenía retención migratoria razón por la cual no pudo salir de Nicaragua, pues no le entregaban pasaporte”, explicó el organismo humanitario.
El Colectivo denunció también que el teléfono móvil, propiedad del joven opositor, “ha estado encendido y apagado en varias ocasiones desde la tarde de su desaparición”.
“Su familia lo ha estado buscando en los distritos (policiales) y no le dan información”, agregó el Colectivo, que se unió a la denuncia de los familiares del joven y exigió su libertad inmediata.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 45 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país.
De los 45 reconocidos como presos políticos hasta el 13 de diciembre, 13 son adultos mayores (mayores de 60 años), incluido el periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, arrestado el mes de noviembre pasado, de acuerdo con el informe.
“Estas personas enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente debido a sus condiciones de salud y su avanzada edad”, alertó ese organismo.
46 detenciones en noviembre
Durante noviembre de 2024, en el marco de una reforma profunda a la Constitución que le da un poder absoluto a la Presidencia de la República y disuelve el balance de poderes, “se registró una oleada represiva caracterizada por más de 46 detenciones arbitrarias”, algunas temporales, explicó el Mecanismo.
El pasado 11 de diciembre, los detenidos entre el 22 y 28 noviembre de 2024, fueron enviados a sus casas en diversos departamentos de Nicaragua bajo la condición de reportarse periódicamente ante la Policía en Managua.
Además, se reportaron la expulsión de músicos y sacerdotes, la persecución de monjas y periodistas, así como el destierro de una familia completa, incluyendo a un menor de edad, señaló.
Asimismo, ese organismo advirtió que “la práctica de desapariciones forzadas continúa siendo una realidad alarmante en Nicaragua, con nueve personas desaparecidas cuyo paradero ha sido ocultado, sumiendo a sus familias en la incertidumbre y en la angustia de no saber su destino”.
Por otro lado, el Mecanismo reconoció la existencia de al menos 25 personas trabajadores del Estado y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de gobierno, “que sufren de detención arbitraria y que sus familias no denuncian porque están amenazadas”.
“Claro reflejo que la dictadura está aumentando la persecución dentro de sus mismas filas”, avisó ese organismo.
*Con información de EFE.
