“Persiste impunidad en Nicaragua”

Amnistía Internacional alertó sobre el grado de impunidad en Nicaragua tras las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno del comandante Daniel Ortega. En su informe 2017-2018, la organización mundial señaló que los femicidios son cada vez más brutales y los ataques contra defensores de los derechos humanos continúan.

“Persiste la impunidad por delitos tales como homicidios, violaciones, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y desplazamientos forzados de pueblos indígenas en la Región Autónoma del Atlántico Norte”, reseñó Amnistía.

Sin embargo, Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señaló que las violaciones a los derechos humanos son agravadas por la “impunidad que campea”, y que trascienden el caso de los indígenas miskitos.

“Este régimen se caracteriza por la represión y el agravante de que los casos permanecen en la impunidad”, insistió Carrión, y se refirió a la masacre de la Cruz de Río Grande y a Juan Rafael Lanzas, quien, tras una brutal paliza policial terminó con sus piernas amputadas.

El informe de Amnistía remarca los 55 feminicidios registrados en 2017, basado en el recuento de Católicas por el Derecho a Decidir. Magaly Quintana, directora de esa organización feminista, también destacó la alta tasa de impunidad que existe respecto a los agresores y asesinos de mujeres.

Según Quintana, de los 55 feminicidios registrados el año pasado, 17 agresores están prófugos de la justicia. “No hay una política real para perseguir a estos criminales. Tenemos un caso en que el criminal anda vendiendo anteojos y, cuando quiere, amenaza en las calles a los familiares de la víctima. Viven aterrorizados y deben andarse cambiando de casas”, narró Quintana en el programa Esta Noche.

Amnistía criticó que en junio de 2017 la Asamblea Nacional aprobó la enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que redujo a la esfera privada el alcance de la definición de feminicidio, “con lo cual limitaba ese delito a las relaciones entre cónyuges o integrantes de otro tipo de pareja sentimental”.

La directora de Católicas por el Derecho a Decidir aseguró que la Policía Nacional y Medicina Legal juegan “un gran papel” al permitir la impunidad. Recordó el caso de Dina Carrión: Fue tipificado como suicidio de tal manera que el agresor no recibió una responsabilidad penal.

Para el director jurídico del Cendih, la Fiscalía debería de investigar de oficio casos en los que haya dudas, como el de Dina Carrión. Con más razón aún cuando en las violaciones a los derechos humanos estén involucrados agentes del Estado como oficiales.

“En el caso de Juan Lanzas, la Fiscalía debe investigar a fondo para determinar todas las responsabilidades, desde el primer nivel hasta el último, en este acto inhumano. Pero no hay nada de eso en Nicaragua. Lo que existe es un desprecio por la vida”, agregó Carrión.

Amnistía también advirtió que sigue vigente la prohibición total del aborto y que Nicaragua tiene uno de los índices de embarazo adolescente y mortalidad materna más elevados de América, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Uso desproporcionado de la fuerza

Carrión recordó que la Policía por naturaleza tiene un carácter represivo, pero debe estar enmarcado dentro de la ley y la racionalidad de los derechos humanos.

El informe de Amnistía resaltó que varias organizaciones de derechos humanos y comunidades campesinas han demandado la derogación de la ley 840 debido a la inseguridad en la que pone las tierras de campesinos y comunidades indígenas.

“Estas demandas seguían siendo rechazadas, y las autoridades no habían entablado un diálogo significativo con las comunidades que probablemente iban a verse afectadas por la construcción del Canal”, se lee en informe anual de la organización.

Amnistía denuncia además que “hubo informaciones sobre uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía contra personas que se manifestaban pacíficamente contra la construcción del Canal interoceánico, y denuncias de detenciones arbitrarias de manifestantes”.

Carrión aseguró que la realidad respalda el informe de Amnistía, ya que la impunidad ha quedado patente en los últimos meses con los hijos de Elea Valle, asesinados por el Ejército en la Cruz de Río Grande. Ejército y Policía los han tildado como rearmados y delincuentes, justificando de esa manera sus muertes.

“No hay una política de Estado para prevenir las violaciones y garantizar el respeto a los derechos humanos. Lo que hay es impunidad”, concluyó el director jurídico del Cenidh.

Sobre la libertad de expresión, de asociación y de reunión, AI indica que en noviembre pasado se celebraron elecciones municipales en un contexto de violencia, y se reportaron al menos cinco muertes y 30 personas heridas en seis municipios.