31 de enero 2018
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El periodista de León, Pedro Altamirano, enfrenta una demanda por injurias y calumnias, en un juicio previsto para este miércoles en esa ciudad del Occidente del país, que fue presentada por un empresario local del sector ferretero en reclamo a las noticias publicadas sobre la demanda laboral de un extrabajador, según denunció el periodista, este martes, ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El joven periodista tiene una prohibición verbal de la jueza que lleva su caso para referirse sobre la querella, sin embargo, el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, leyó una carta en la cual se detallan los atropellos que Altamirano ha sufrido en su labor periodística y en el mismo proceso.
La acusación, de parte del empresario ferretero, afirma que el periodista “levantó falsos” al señalarlo como “supuesto culpable” en una demanda laboral que el empresario ya perdió en los juzgados locales.
Carrión recibió la denuncia de Altamirano y la calificó como una judicialización de la libertad de prensa en contra de las y los periodistas de Nicaragua. Además, destacó que la demanda que afecta a Altamirano tiene como fin intimidarlo y presionarlo para que desista de su labor y su derecho a informar.
La demanda laboral que molestó al empresario
El pasado 18 de noviembre de 2017, Altamirano escribió una noticia en su cuenta personal de Facebook en la que detalló la demanda interpuesta en el juzgado único de lo laboral de León, por el ciudadano Reynaldo Castillo Martínez en contra del empresario Luis Tomás Urroz, dueño de la “Mini Ferretería Urroz”, por salario retenido, vacaciones y otras prestaciones no canceladas.
En su publicación Altamirano citó el expediente judicial del caso, en el que aparecía la narración de Castillo Martínez sobre las violaciones laborales que estaba recibiendo. También detalló las supuestas presiones que sufrió el exempleado de la ferretería, incluyendo una llamada que este recibió de parte de la capitana Javiera España, detective de Auxilio Judicial de León, en la que la oficial le habría solicitado que rindiera cuentas por una denuncia interpuesta por Isidro Urroz Álvarez, administrador de la ferretería.
Como parte de su labor periodística Altamirano grabó en un video a Castillo Martínez para que diera más detalles sobre la citatoria que recibió y sobre una detención de 24 horas que tuvo en la Policía de ese departamento. También buscó la versión del empresario ferretero, sin embargo, según detalla el artículo, este siempre se negó a dar su versión.
Altamirano recibió el cuatro de diciembre de 2017 una citatoria judicial para presentarse el siete del mismo mes a una audiencia preliminar con la jueza Ligia Marín. En el documento se le acusaba por el delito de injurias y calumnias contra Isidro Urroz Álvarez.
Las pruebas que presentó Urroz Álvarez en contra de Altamirano son las publicaciones realizadas en Facebook, en las que en todo momento el periodista cita los documentos judiciales del caso, testimonios directos de los denunciantes. En su artículo Altamirano no acusó al dueño de la ferretería, siempre dejó lugar al “supuesto” para referirse a él.
Otra “prueba” que Urroz Álvarez presentó son los comentarios que se realizaron en la publicación de Altamirano. “Los acusadores tratan de responsabilizar al periodista por lo que otras personas comentan”, dice parte de la carta leída por el Cenidh.
Confidencial llamó a Urroz Álvarez para tener su versión sobre el caso, sin embargo, se limitó a decir que “cualquier cosa” después del juicio.
Atropello a la libertad de expresión
Para Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, se está judicializando a Altamirano por denunciar un hecho noticioso sobre un ciudadano contra su empleador, es decir, por informar sobre una algo relevante.
“El habla en términos de ‘supuestos’ y basa su denuncia en lo que su fuente le dice. Incluso hay un documento sobre la queja que presentó la pareja de la fuente por la detención de 24 horas. Altamirano destaca que después de la publicación vienen comentarios de la gente, pero él no puede responder por esas opiniones”, explicó Carrión.
Carrión manifestó que Altamirano compareció al Cenidh con bozal, puesto que la jueza que lleva el caso le expresó, al terminar la primera audiencia, que no debía brindar ninguna declaración a los medios de comunicación ni comentar el caso.
“En este caso también entramos a un debate de responder por lo que expresan otros. De ser así, todos los periodistas serían querellados. Pedro no puede hacerse cargo de ese tipo de comentarios”, argumentó Carrión.
El director jurídico agregó que es este caso es similar a lo que hace el Gobierno del presidente Daniel Ortega. La única diferencia es que, respecto a Altamirano, es un particular el que le demanda. Cuando lo hace el Gobierno resulta más grave, pues el objetivo siempre es anular a la libertad periodística.
