20 de agosto 2020
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El grupo Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció el interés del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de apropiarse del medio de comunicación multiplataforma La Costeñísima, crítica con el Gobierno que preside Daniel Ortega, en Bluefields, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RAACS).
"Es evidente el interés del partido de Gobierno de querer apropiarse de La Costeñísima contra toda medida legal", señaló el PCIN en una declaración pública este miércoles 19 de agosto.
Ese gremio basó su presunción en comentarios que han publicado simpatizantes del FSLN en las redes sociales y en la acusación que interpusieron trabajadoras de la Alcaldía de El Rama, gobernada por los sandinistas, contra la periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de La Costeñísima.
Recordó que también el fundador y director de La Costeñísima, Sergio León, estaba citado por la estatal Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) para responder a una solicitud de supuesta calumnia, antes de su muerte. León era acusado por denunciar el avance de la pandemia de covid-19 en el Caribe Sur, por la cual falleció el pasado 14 de junio.
La Costeñísima es la principal radioemisora que opera en el Caribe Sur, fundada en 2001, expandida a televisión y plataformas digitales en el último lustro. El FSLN no se ha pronunciado sobre esa denuncia.
Cuatro periodistas enfrentan querellas
Asimismo, el PCIN denunció que la noche del martes, en la víspera del juicio por calumnia contra la jefa de prensa de La Costeñísima, agentes de la Policía asediaron las instalaciones de esa emisora, así como las casas de habitación del personal de la radio.
"PCIN responsabiliza al régimen Ortega-Murillo y a sus fanáticos de la integridad física y psicológica a que han sido sometidas bajo presión directa, las personas que laboran en La Costeñísima en su afán de anular las voces del periodismo independiente", indicó.
A juicio de ese gremio, al Gobierno les molesta la audiencia que ha alcanzado esa emisora, su preferencia por la población y su posición crítica al poder público.
El PCIN ha alertado sobre un presunto intento del Gobierno por acallar a la prensa independiente con denuncias de injurias y calumnias, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Además de Salazar, otros tres periodistas han sido querellados por injurias y calumnias, entre ellos David Quintana, director de la plataforma digital Boletín Ecológico, y los comunicadores William Aragón y Elsa Espinoza.
Según la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, los ataques contra periodistas independientes, que proliferaron a raíz de las protestas masivas contra el presidente Ortega en abril de 2018, se volvieron a recrudecer en julio pasado, cuando se registraron 30 en un solo mes, en comparación con los 52 reportados en los tres meses anteriores.
El PCIN, por su lado, informó de 351 delitos contra la libertad de prensa y acceso a la información, entre marzo y julio pasados.
