14 de marzo 2017
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Veinticinco tucas de cedro macho avanzan sobre el Río Indio, ubicado en la Reserva Biológica Indio Maíz, arrastradas por una lancha. Su destino será San Juan de Nicaragua, frente a una casa grande cuyo patio está ocupado por varias dragas que limpian el sedimento que cae sobre este manto acuífero. El propietario de la vivienda es Edén Pastora Gómez, funcionario delegado por la presidencia para el dragado del Río San Juan.
La madera fue extraída sin autorización de Caño Negro, ubicado dentro de la Reserva Biológica, durante las primeras semanas de febrero de 2017.
Después del paso del huracán Otto, que afectó principalmente la zona sureste del país donde se ubica la Reserva Biológica Indio Maíz, la extracción de madera del área protegida ha aumentado drásticamente.
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Amparados bajo la Resolución Ministerial Número 015-2008, que indica que se aplicarán acciones de saneamiento ambiental en aquellas áreas protegidas que dentro de sus límites contengan especies forestales que se encuentren afectadas por fenómenos naturales, empresas madereras y particulares, además de líderes políticos y gubernamentales de la zona, han extraído madera con autorización municipal o de Marena, sin tomar en cuenta al Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K). Según la ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los representantes del gobierno Rama y Kriol son los únicos autorizados para otorgar una orden de aprovechamiento.
Precisamente para evitar el saqueo de madera caída de las áreas protegidas, el GTR-K, emitió un pronunciamiento el pasado 30 de noviembre de 2016 (seis días después del paso de Otto), en el que explicaba que no era necesario extraer la madera caída para prevenir incendios, pues muchos de los árboles continúan vivos y se regenerarían naturalmente con el tiempo.
El pronunciamiento recordaba que debido al mal precedente de otras épocas, los líderes indígenas no permitirían la entrada de empresas madereras o personas naturales para extraer la madera de la zona compartida entre el territorio Rama y Kriol y la Reserva Biológica Indio Maíz, aún con permisos de aprovechamiento forestal.
El documento fue presentado ante las autoridades de Marena, el Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe y la Procuraduría General de la República. A pesar de todo esto, los particulares y empresas madereras, a la fecha, han ignorado las advertencias y continúan en lo fino, sacando la madera de la reserva.
Los "permisos" de Pastora
Las veinticinco tucas que llegaron a la casa de Edén Pastora, en San Juan de Nicaragua, estaban apiladas cerca de las dragas. En una primera comunicación con Confidencial, Pastora aseguró que contaba con todos los permisos para extraer la madera y agregó que sería utilizada para la construcción de un vivero para el dragado que tiene en la zona.
Cuando le mencionamos que el GTRK había emitido un comunicado en noviembre del año pasado, prohibiendo sacar la madera de las áreas protegidas, Pastora reafirmó que contaba con toda la documentación y que la mostraría, para evitar malos entendidos.
Confidencial visitó a Pastora en su casa de habitación, ubicada en Reparto El Carmen, en Managua, y luego de casi media hora de conversación, este mostró el supuesto permiso que le autorizaba sacar la madera del área protegida.
Sin embargo, el permiso mostrado por Pastora, corresponde al 25 de septiembre del año 2016, dos meses antes de que pasara Otto por la zona y que el GTRK emitiera el comunicado prohibiendo la extracción de madera. La documentación en su poder, no tiene relación con la madera que sustrajo de la Reserva después del paso del ciclón. Además, tampoco estaba firmada por el gobierno de Greytown.
Pastora llamó a su hijo Pánfilo Pastora a San Juan de Nicaragua, para pedirle el permiso donde supuestamente demuestra que obtuvo el beneplácito del GTRK, sin embargo, este le contestó que no lo tenía.
“Conseguilo entonces, en dos o cinco o diez días”, le ordenó el comandante a su hijo. “Estamos pendiente con eso entonces”, dijo Pastora al despedirse de Confidencial.
GTR-K reclama a Marena y el Ejército
Reserva Indio Maíz después del paso de Otto / Cortesía
En esta misma semana la junta directiva del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) emitió un pronunciamiento en el que denuncia la permisividad de las autoridades de Marena y el Ejército, en relación a la extracción de madera de la Reserva Indio Maíz, tras el paso del Huracán Otto.
“A pesar del comunicado que nosotros emitimos el año pasado, el Estado de Nicaragua, a través de las instituciones del Marena, Ejército y Alcaldía Municipal de San Juan de Nicaragua, promovieron acciones dirigidas con abuso de autoridad, lesionando nuestro derecho a decidir, el destino y las formas de aprovechamiento de los recurso”, declaró Aldric Beckford, fiscal del GTRK.
Beckford se refiere al caso que involucra a Joseph William Pinder, de origen estadounidense, con documento de identidad número C-00001020, a quien los guardaparques de la Reserva Biológica Indio Maíz, le retuvieron una cantidad considerable de madera, que extrajo de Caño Negro, ubicado dentro del área protegida.
Los guardaparques entregaron en custodia la madera al Ejército Nacional, sin embargo, unos días después, atendiendo una orden del Marena, le devolvieron el producto al norteamericano.
El pronunciamiento, leído por Beckford, explica que se promovieron acciones estatales de retención de recursos maderables y autorizaciones de beneficios a favor de particulares, bajo formas anómalas y procesos administrativos de su devolución, sin el debido reconocimiento y sin el cumplimiento de las formas procesales preestablecidas por la ley.
“El GTR-K nunca fue escuchado, ni parte activa, ni opinante de las decisiones institucionales tomadas al respecto, ni formalmente invitado a ser parte de los procesos, aún sobre nuestra titularidad en el territorio y particularmente de esa zona de interés”, detalló el fiscal del gobierno territorial.
Confidencial intentó comunicarse con el Ejército Nacional para conocer su versión sobre el reclamo, sin embargo, no contestaron nuestras llamadas.
