2 de julio 2020
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La crisis sanitaria causada por la COVID-19 "ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático" en Nicaragua, donde se ha estigmatizado a los críticos con la respuesta estatal a la pandemia, señaló este dos de julio la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En su informe actualizado de la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada también aseguró que "existe poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos" de COVID-19.
"Aunque el Gobierno ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico", dijo Bachelet.
- Puede leer aquí el informe completo de la alta comisionada Michelle Bachelet
La expresidenta chilena denunció que al menos 16 médicos han sido despedidos en el país centroamericano sin respetarse los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia, y agregó también que la pandemia ha incrementado la violencia contra las mujeres.
La respuesta del régimen: combaten "campañas de odio"
La delegación nicaragüense respondió que la pandemia ha obligado a gobiernos y pueblos a asumir enormes sacrificios para frenarla --también económicos--, y que "estos esfuerzos son mayores cuanto más pobre es un país, como en el caso de Nicaragua".
Los representantes de la nación centroamericana defendieron que la inversión en salud de su Gobierno actualmente es cuatro veces superior a la que había en 2006, antes de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional regresara al poder, "una cifra modesta pero que hace posible el acceso a la sanidad de millones de personas".
"Nicaragua, además de luchar contra la pandemia, debe también combatir las campañas de desinformación y odio que emanan de sectores adversos al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional", aseguró la representación nicaragüense.
Pandemia en un estado policial de facto
En un contexto más general, la alta comisionada recalcó en su informe que sigue habiendo "persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno (nicaragüense) percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y expresos políticos".
"El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente", indicó.
Añadió que la oficina que dirige ha documentado entre marzo y junio 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, tales como registros domiciliarios sin orden judicial, detenciones arbitrarias y amenazas o acosos contra opositores.
Recordó que siguen sin iniciarse investigaciones o procesos penales contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años en Nicaragua, una impunidad que "erosiona la confianza en las autoridades" e incrementa el riesgo de nuevos abusos.
Incremento de violaciones a derechos humanos
La alta comisionada recordó que el 25 de junio, por medio de un decreto legislativo tramitado en forma expeditiva, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), una organización sin fines de lucro "que ha venido desarrollando actividades sociales en el municipio de Camoapa", dijo. Bachelet agregó que "desde 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país"
Asimismo, reconoció que "la economía de Nicaragua ya enfrentaba serios desafíos debido a la crisis surgida en abril de 2018", y que "la pandemia podría agravar esta situación, afectando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, en particular los más vulnerables".
"Hago un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano", exhortó.
La parte nicaragüense respondió que los informes presentados ante foros como el Consejo de Derechos Humanos no tienen en cuenta la información ofrecida por su Gobierno.
Añadió que "no parecen tomar en consideración la realidad que vive nuestro pueblo en la búsqueda del bien común y la promoción de los derechos humanos, que no solo son civiles y políticos sino también económicos, sociales y culturales".
Bachelet sostuvo que también es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, "implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente".
Asimismo, reiteró la disposición de la oficina que preside en la ONU para brindar cooperación técnica a todos los actores, y dijo que esta oferta la recordó el día anterior al Ministro de las Relaciones Exteriores de Nicaragua.
