11 de enero 2023
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El régimen de Daniel Ortega mantiene “secuestrados” los expedientes judiciales de ocho religiosos encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, mientras sostiene los juicios políticos en su contra y la persecución contra la Iglesia católica, que alcanza incluso la prohibición de las festividades religiosas.
Las defensas de los sacerdotes no han tenido acceso a los expedientes, a pesar de que la maquinaria de jueces orteguistas remitió los casos a juicio desde octubre de 2022. La jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo de Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, envió a juicio al padre Óscar Danilo Benavides Dávila, según el acta de audiencia inicial realizada el jueves 6 de octubre.
Los curas Ramiro Tijerino Chávez, José Luis Díaz Cruz, Sadiel Antonio Eugarrios Cano, el diácono Raúl Antonio Vega y los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, encarcelados el 19 de agosto, tras el asalto policial a la Curia Episcopal de Matagalpa, donde permanecieron secuestrados junto al obispo y preso político, monseñor Rolando Álvarez --actualmente en casa por cárcel--, fueron remitidos a juicio desde octubre. Asimismo, el sacerdote Enrique Martínez Gamboa, el último cura secuestrado, de forma violenta por el régimen, el 13 de octubre pasado, también fue remitido con un juez.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis Estelí, también fue enviado a un juicio sin fecha específica este 10 de enero de 2023. Los ocho religiosos y Álvarez son acusados por los mismos delitos de supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Delitos que ha instrumentalizado el régimen para encarcelar a opositores, según han señalado expertos jurídicos.
Encarcelados y acusados sin conocer pruebas de supuestos delitos
Los abogados defensores están a la expectativa de la programación de juicios, pero "no han dado acceso a los expedientes a nadie”, refirió una de las fuentes consultadas bajo anonimato para preservar su seguridad.
Agregó que las defensas solamente han tenido acceso al intercambio de información y prueba mediante la audiencia inicial y, aunque han presentado escritos solicitando el acceso a los documentos judiciales siguen sin obtener respuesta. Los documentos que deberían ser públicos y entregarles son principalmente el detalle de la acusación, las actas de audiencia, el intercambio de información y prueba, y las sentencias correspondientes.
La acusación “es esencial", sostiene un abogado y agrega: “si no tenés la acusación estás indefenso, te están juzgando de algo que no sabés qué fue lo que hiciste”, explicó la fuente.
Patrón judicial represivo contra religiosos encarcelados
Esta no es la primera vez que el Poder Judicial limita la función del abogado defensor en los casos de presos políticos. Durante los procesos jurídicos de una treintena de líderes sociales, políticos, estudiantiles y de otros sectores, capturados en el contexto electoral de 2021 y condenados a inicios de 2022, los abogados denunciaron una serie de violaciones a su ejercicio y al derecho a la debida defensa de los reos de conciencia.
Tras meses de presentación de escritos judiciales, los abogados obtuvieron, de forma parcial, los expedientes de sus defendidos. El acto violenta el artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que las partes —la Fiscalía y la defensa— podrán obtener copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite.
Defensores no han logrado hablar con los religiosos presos
Asimismo, los abogados tampoco han logrado hablar con los sacerdotes que defienden, pese a que es su derecho. En un análisis realizado por CONFIDENCIAL abogados penalistas señalaron que desde 2022 prevalece un patrón represivo, que hace los juicios políticos recientes "mucho más agresivos y mucho más violatorios que los de 2018 y 2019", cuando el régimen orteguista juzgó a decenas de nicaragüenses por involucrarse en las protestas cívicas.
Según expertos judiciales, los casos fabricados por la Fiscalía contra reos de conciencia entre 2018 y 2019 intentaban simular un poco de legalidad; sin embargo, los actuales, no tienen ningún fundamento jurídico. Se juzga a sacerdotes, opositores, periodistas por los mismos delitos, revelando la sumisión del Poder Judicial a intereses políticos del régimen orteguista.
“Desde 2018 hay un patrón común, todas las acusaciones llevan el mismo formato. Se fabrican en series. No se individualizan participaciones, no se especifican hechos que sean imputables o constitutivos de delito, sino que dicen “conspiraban para menoscabar la identidad territorial, pero no dice de qué forma lo hacían, cómo, cuándo dónde, cuál fue la extracción que hicieron”, subrayó el abogado Yader Morazán en una publicación reciente.
Los secuestros de religiosos iniciaron en agosto de 2022, en un nuevo capítulo represivo del régimen orteguista contra la Iglesia católica. Esta ola de persecución se caracterizó por intimidación a decenas de sacerdotes, provocando el exilio de más de media docena; la prohibición de procesiones; el asedio policial a templos en diferentes zonas del país y la advertencia a curas para que moderaran el mensaje compartido a los feligreses a través de sus homilías. En total once padres fueron convertidos en reos de conciencia: dos están condenados, ocho en El Chipote y uno en casa por cárcel.
Daniel Ortega mantiene más de 230 reos de conciencia en diferentes cárceles del país, y este lunes 9 de enero, en su primer discurso del año, aseguró que no los liberará, pese a las constantes demandas de libertad por parte de sus familiares y la comunidad internacional.
