16 de junio 2022
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El Parlamento de Nicaragua, de mayoría sandinista, aprobó este jueves 16 de junio la cancelación de la personalidad jurídica de 98 organizaciones de sociedad civil, que suman a las 93 eliminadas este miércoles, con lo cual el régimen ilegalizó a 191 oenegés en dos días, supuestamente por incumplir la legislación nicaragüense.
Con 74 votos a favor, y 16 abstenciones fue aprobado el decreto de anulación de estas 98 nuevas organizaciones, fundaciones, y asociaciones, que trabajaban en áreas de derechos indígenas, desarrollo social, desarrollo local, educación y atención a mujeres y niñez en diferentes zonas de Nicaragua.
El legislador orteguista Filiberto Rodríguez —principal promotor de la anulación de las oenegés— ha amenazado que las cancelaciones continuarán, como parte de la misión del régimen de hacer cumplir la ley y un supuesto ordenamiento en conjunto con el Ministerio de Gobernación (Migob).
El orteguismo asegura que las organizaciones no han cumplido con la presentación de sus estados financieros, “conforme a los períodos fiscales con desglose detallado de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones, (origen, proveniencia y beneficiario final)”; tampoco reportaron quiénes integran sus juntas directivas, las donaciones previas provenientes del exterior, documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y no realizaron la inscripción como Agentes Extranjeros.
Esta argumentación se repite en cada decreto, sin presentar pruebas particulares por cada organización. El Migob tampoco responde los cuestionamientos de exdirectivos de oenegés despojadas de su personería jurídica, que lo señalan de imponer trabas en los procesos de inscripción como agentes extranjeros y demás documentación necesaria para estar en regla.
Con esta nueva eliminatoria, la cantidad de oenegés canceladas por el orteguismo desde finales de 2018 a la fecha asciende a 669, siendo el 2022 el año más nefasto para la organización civil organizada, ya que el 88% de las ilegalizaciones han ocurrido en lo que va del presente; exactamente 595.
La cacería contra las organizaciones arreció a partir de mayo, cuando el oficialismo canceló 188 oenegés, seguido con junio, que en sus 16 días lleva 313 asociaciones anuladas.
Golpe al desarrollo
Las organizaciones ilegalizadas recientemente trabajaban por el desarrollo de varios departamentos del país, incluido el Caribe nicaragüense, promoviendo actividades de fortalecimiento comunitario, aprovechamiento de los recursos naturales y protección del medioambiente.
En general, el régimen orteguista ha afectado con esta guillotina a proyectos enfocados en la atención a mujeres víctimas de la violencia machista; reforzamiento escolar en niños y niñas; asistencia social a través de comedores y asilos; generación de empleos y asistencia por medio de emprendimientos; acceso a agua potable, agricultura sostenible y asistencia médica. A la vez, ha golpeado el arte y la cultura, al cerrar espacios como Fundación Semillas, Amigos de la Niñez, que promovían la lectura a través de bibliotecas o la oganización Nueva Acrópolis, enfocada en grupos de reflexión filosófica.
Antes, el Gobierno cerró la Academia Nicaragüense de la Lengua, el Centro Nicaragüense de Escritores, Fundación Luisa Mercado, Fundación para el Desarrollo de Solentiname fundada en 1982 por el gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (q.e.p.d)., crítico hasta su muerte de Daniel Ortega y otras.
Algunas de las 191 afectadas con estos dos decretos son: Asociación Foro Educativo Nicaragüense (Eduquemos), Fundación Nicaragüense para la Conservación (Fundación Cocibolca), Asociación para el Progreso y Desarrollo Nicaragüense (Aprodenic), Asociación Joven Siglo XXI y la Federación Nicaragüense de Universidades Privadas e Instituciones de Estudios Superiores (FENUP).
También fueron ilegalizadas la Asociación de la comunidad para la prevención del delito y defensa de los Derechos Humanos; Asociación jurídico económica desarrollo y paz “Asociación desarrollo y paz”; Asociación de desarrollo Intercomunitario de agua potable para las comunidades Los Moncadas, Roa Padilla, Loma Negra y La Jardinera del municipio de la Concepción departamento de Masaya; Asociación de miembros para el desarrollo comunitario de Masaya y sus municipios; Fundación Vive Feliz; Fundación Abelardo Núñez Tenorio; Fundación Indígena para el desarrollo socioeconómico de la Costa Caribe Nicaragüense. Aquí la lista completa.
Por su parte, el Migob acusa a las organizaciones de violar tres leyes: Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro; la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o Ley 977 y la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
