17 de agosto 2024
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso a las oenegés de Nicaragua un “nuevo modelo de operatividad”, que les arrebata la autonomía de sus proyectos, y pretende controlar los recursos que estas reciben, valoran analistas.
El modelo fue oficializado este 16 de agosto de 2024 a través de una nota de prensa publicada en los medios oficialistas. En la misiva dictan que las asociaciones deberán presentar al Ministerio del Interior (MINT) o la Cancillería propuestas de “programas y proyectos de alianza”.
Las propuestas serán valoradas por Ortega, Murillo y las instituciones estatales que estén involucradas, por la temática de los mismos. Estos decidirán si aceptan o rechazan la iniciativa.
“Reconocemos la contribución fraternal de las oenegés en contextos respetuosos y armoniosos, indispensables para la bienandanza de todos los involucrados en gestión y promoción solidaria”, afirma Ortega.
La medida se suma a la persecución que el régimen desató en contra de las oenegés, a quienes acusó —sin pruebas— de recibir dinero de otros Gobiernos “para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras”.
“Las organizaciones que todavía están activas en el país van a operar bajo esa nueva dinámica que implicaría una pérdida total de la autonomía alrededor de las decisiones de los programas y proyectos”, opina Amaru Ruiz, director de la cancelada Fundación del Río.
Ruiz, quien ha dado seguimiento a los cierres de más de 3500 oenegés en Nicaragua, apunta que ahora las organizaciones nacionales e internacionales deberán decidir si van a permitir este control o se irán.
“Quieren mantener no solo controlado la vida orgánica de las organizaciones (sus miembros, sus estatutos, su información), ahora quieren estar sobre los recursos que gestionan y decidir hacia dónde van”, detalla Ruiz.
Quitan exoneraciones y beneficios fiscales
Ortega y Murillo decidieron que ninguno de los programas y proyectos aprobados tendrán exoneraciones u otros beneficios fiscales. Por lo cual, en los próximos días, se reformarán el artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria y el reglamento de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.
La eliminación de estas exoneraciones es un “impacto mediático”, sostiene Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), confiscado en 2018.
“En términos reales, después de haber estado en organizaciones por casi 40 años, puedo decir que los beneficios y las exoneraciones para las asociaciones civiles son limitadísima. Y en términos del funcionamiento, no tendría un mayor impacto”, valora.
Quirós, quien fue desterrada de Nicaragua, explica que las asociaciones de la sociedad civil sólo estaban exentas de pagar el impuesto de bienes inmuebles. “Lo que vemos es un deseo de controlar y de expropiarlas donaciones y fondos de cooperación que estén destinados a las organizaciones de sociedad civil y que ellos no controlan”, afirma la defensora y feminista.
En la nota presidencial, también señalan que habrá reformas a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y harán una nueva actualización del registro de oenegés ante el MINT y Cancillería.
Los organismos tendrán que presentar una propuesta del proyecto en la cual detallen qué tipo de programa desarrollarán, cuáles son los objetivos, el origen del financiamiento, el presupuesto, el período y los roles y responsabilidades de las partes.
“Una vez que el proyecto se desarrolle, ejecute y cumpla a cabalidad, el organismo no gubernamental puede proponer otra (una nueva) ‘alianza de asociación’”, según la dictadura.
Algunas oenegés quedan en el limbo
La nueva normativa deja en el “limbo” a las asociaciones que no tienen proyectos de desarrollo, apunta Ruiz. Como es el caso de las vinculadas a la Iglesia católica que ejecutan proyectos humanitarios o sólo reciben donaciones para seguir funcionan.
“La mayor cantidad de personería jurídica que están activas, están vinculadas a la Iglesia o son religiosas, pero tienen otra dinámica en la actuación de la ejecución o no de proyectos”, señala.
La actividad de estas organizaciones “está vinculada a recibir donaciones para sus iglesias, establecer proyectos vinculados a su misión en términos religiosos y no necesariamente a proyectos de desarrollo que dependen de la aprobación o no. Vamos a ver qué ministerio va a regular eso”, agrega.
Quirós subraya que la imposición de este modelo violenta el derecho a la asociación que estaba garantizado en el artículo 49 de la Constitución. Además, “es una forma más de eliminar a las pocas asociaciones que aún siguen funcionando”, considera.
