18 de abril 2018
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El comandante Daniel Ortega oficializó a través del decreto presidencial 03-2018 la resolución que dio a conocer el lunes el Presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, que propina un zarpazo a trabajadores, jubilados y empleadores al incrementarse las tasas que deben a la Seguridad Social. El paquetazo, ahora publicado en el diario oficial La Gaceta, ha causado descontento en la población que cotiza y el sector privado.
El decreto de Ortega viola al mismo tiempo la Constitución Política de Nicaragua, ya que ratifica el impuesto del 5% sobre las pensiones de jubilados para financiar la atención médica, tributo que solo puede ser modificado por la Asamblea Nacional.
El comandante Ortega oficializa el zarpazo a jubilados, trabajadores y empleadores a través de decreto presidencial publicado hoy en La Gaceta. Aparte de reafirmar lo dicho por Roberto López, viola la Constitución Política al clavar el tributo del 5% a los pensionados #INSS pic.twitter.com/hugphZH4JG
— Wilfredo Miranda Aburto (@PiruloAr) April 18, 2018
La decisión de Roberto López y su Consejo Directivo, que ahora está validada por la firma del mandatario sandinista, viola abiertamente los preceptos consignados en los artículos constitucionales 130 y 186, que indican que los funcionarios no tienen más facultades que las que les señala la Ley, de acuerdo al experto Manuel Israel Ruíz.
Ortega reafirmó que para las pensiones por vejez, invalidez e incapacidad será descontado por el INSS 5% cada mes.
El decreto de Ortega también mantiene el aumento del tributo que deberán pagar al INSS tanto trabajadores como empleadores, que será en total de 7% y 22.5% respectivamente durante los próximos años.
La decisión gubernamental fue criticada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), ya que la opinión de ellos no fue tomada en cuenta. Asimismo, los empresarios de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) lamentaron la postura oficial alegando que afectará la economía formal y la competitividad del país.
Con estos aumentos, el gobierno del comandante Daniel Ortega espera recaudar 220 millones de dólares, sin recortar gastos del INSS ni rendir cuenta sobre las inversiones.
Las medidas informadas por Roberto López y oficializadas por Ortega este miércoles son consideradas insuficientes para paliar la crisis que acarrea el seguro social, a juicio de José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
El gobierno del comandante Ortega recibió el INSS con un superávit de 1 mil 000 millones de córdobas, pero desde el 2013 el ente entró en saldo rojo, al punto que ahora puede llegar a la quiebra.
El decreto del mandatario sandinista ordena modificar el decreto 975 del reglamento de la Ley de Seguridad Social y agregar, sin modificar nada, lo dado a conocer por Roberto López el lunes. Todos los cambios entrarán en vigor el próximo primero de julio.
El repudio no se ha hecho esperar no solo en el sector privado, sino en ciudadanos que este miércoles salieron a marchar en Managua y León. Las turbas gubernamentales han reprimido y dispersado las manifestaciones. Solo en Managua, 35 estructuras del Frente Sandinista fueron movilizadas a diferentes rotondas y plazas de la capital, así como otro sinnúmero de militantes a la sede del INSS.
La vicepresidenta Rosario Murillo minimizó los puntos reformados que causan tensión y, en cambio, ocultó las alzas a los aportes que tendrán que pagar trabajadores, empleadores, y el tributo ilegal de 5% a las pensiones.
“Estamos trabajando para garantizar ese derecho, ese derecho a vivir con la certeza de que a la hora de una enfermedad, a la hora de una desgracia, vamos a estar protegidos y vamos a contar con el respaldo de programas de salud, medicamentos, en la edad adulta, cuando más se requiere medicamento para los distintos malestares o padecimientos, propios precisamente de esa edad adulta y además, cuando se ha vivido con mucho desgaste por el tipo de trabajo que se ha desarrollado, por la pobreza misma, esos padecimientos son más severos”, arengó Murillo.
