14 de mayo 2016
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El gobierno del comandante Daniel Ortega oficializó el convenio que firmó el presidente de la autoridad del Gran Canal interoceánico de Nicaragua, Manuel Coronel Kautz y el presidente del Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTR-K), Héctor Thomas. El documento publicado en el diario oficial, este 9 de mayo, pregona el consentimiento de las comunidades al proyecto del canal interoceánico, aunque líderes indígenas de Bangkukuk, Monkey Point y Wiring Cay han denunciado que no fueron consultados para la firma.
Según el convenio, firmado el pasado 3 mayo, la construcción del canal utilizará 263 kilómetros cuadrados, aproximadamente un 3 % del territorio total. En la cláusula segunda establece que deberá crearse un contrato para arrendar las tierras de forma indefinida. El documento no fue presentado de previo a las comunidades, indicó Allen Clair, representante Monkey Point.
“Algunos nos dimos cuenta porque lo dijeron en la televisión, pero no estábamos claros de qué se había firmado. No hubo una consulta previa, libre e informada como nosotros la solicitamos”, dijo Clair.
Por su parte, Thomas manifestó en el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, de las Naciones Unidas, celebrado esta semana en Nueva York, que las comunidades sí estaban al tanto de la firma del acuerdo. “Hemos tenido un acercamiento con el gobierno, ya le hemos dado nuestra respuesta positiva, ahora está en manos de ellos de que si este proyecto se va a hacer o no. El territorio me autorizó a firmar, al ser electo, yo me comprometí a no firmar nada sin que los comunitarios me dieran la autorización”, aseguró el presidente del GTR-K.
Las comunidades que componen el GTR-K son nueve: Sumu Kaat, Tiktik Kaanu, Rama Cay, Wiring Cay, Monkey Point, Bangkukuk, Corn River, Indian River, y Graytown. Los ramas y los krioles comparten un territorio de 4.068 km2 de tierra y 4.413 km2. La Ley 445 de Nicaragua otorga el derecho a la administración de los territorios indígenas y étnicos a los gobiernos territoriales.
Las 3 comunidades que estarían directamente afectadas por los planes de construcción, según el diseño trazado para la obra, son Bangkukuk, Monkey Point y Wiring Cay, precisamente las comunidades cuyos representantes aseguran que no fueron consultados ni tomados en cuenta para la decisión. Los líderes denuncian que Thomas violó los reglamentos internos del GTR-K y que empujó a los líderes de las otras comunidades a firmar el documento sin suficiente información. Según los estatutos del gobierno indígena, el mecanismo para la toma de decisiones establece que el consentimiento no se da por mayoría de votos, sino por el aval de todas las comunidades.
La doctora María Luisa Acosta, directora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), dijo que se están preparando para recurrir de amparo contra el convenio firmado, porque el gobierno y la empresa china HKND no cumplieron con el debido proceso de consulta.
“No hubo tal consulta, dos visitas a las 9 comunidades en 2 años no se puede considerar lo que es el procedimiento y la consulta previa libre informada. Yo estoy en las comunidades y aquí la gente sigue sin ver el documento. El arriendo es indefinido, implica que eso va a quedar fuera del alcance los pueblos indígenas de manera indefinida o perpetua, es una especie de expropiación”, dijo la jurista.
En el evento de Naciones Unidas, Johnny Hodgson, delegado de la Presidencia de la República en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) dijo en el plenario que la firma de este convenio “se trata de un precedente único en la historia de Nicaragua, de America Latina y del mundo”. El Convenio fue distribuido, traducido al inglés, en el foro. Hodgson fue señalado de presionar a los comunitarios para suscribir el documento.
“Las comunidades son protagonistas deciden sobre los proyectos de inversión pública y privada, un ejemplo de esto es el proyecto del canal interoceánico, a través del proceso de consulta para llegar al consentimiento previo libre e informado del pueblo Rama-Kriol sobre su territorio”, dijo Hodgson.
Por su parte, la abogada Lottie Cunningham denunció en el mismo evento el olvido gubernamental en las regiones del Caribe y expresó que no se están tomando en cuentas las voces de todas las comunidades en la firma del convenio, celebrado en un evento cerrado en Managua.
“Los pueblo indígenas y afrodescendientes no conocen los términos y el alcance de lo firmado, aunque ya esta sintiendo los impacto sociales y políticos en sus comunidades”, dijo Cunningham.
“Presentan el documento en Nueva York y la gente en las comunidades no lo conocen, muchos ni saben que Héctor firmó”, argumentó la abogada Acosta.
