30 de abril 2023
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Dos meses después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró a 222 reos políticos hacia Estados Unidos, en febrero pasado, emprendió una ola de secuestros que incrementó la lista de 35 reos de conciencia- incluyendo diez presos previos a la Rebelión Cívica de 2018-, a más de 50 al finalizar abril.
De esta forma, la dictadura orteguista continúa aplicando la estrategia de “puerta giratoria”, que implica excarcelar a un grupo de ciudadanos, mientras captura a otros, señalaron defensores de derechos humanos y opositores.
Hasta inicios de abril, el régimen mantenía 35 presos políticos en varios sistemas penitenciarios de Nicaragua, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel tras negarse a ser desterrado de su patria. A estos ahora se suman más de treinta ciudadanos capturados en abril y de los cuales, cerca de una decena ya tiene abierta una causa judicial, aunque el régimen oculta los delitos que le imputan.
Para la excarcelada y opositora, Ivania Álvarez, la estrategia de “puerta giratoria” ha sido constante en la crisis sociopolítica del país desde que estalló en 2018. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía en 2019, por medio de la cual se excarceló a más de 300 personas injustamente detenidas, el régimen no ha dejado de perseguirlas, al punto que algunos de los excautivos han sido apresados hasta tres veces.
Álvarez explicó que el objetivo es “mantener en vilo a la ciudadanía” advirtiéndoles que pueden ser encarcelados y sometidos a torturas en cualquier momento. Es un mensaje el cual la dictadura utiliza para mantenerse en el poder, cooptando las libertades públicas a través del miedo.
CONFIDENCIAL explicó en un reportaje que el régimen de Ortega mantiene un número de reos de conciencia estable y a la vez, controla el “costo político” excarcelando a algunas personas –como ocurrió en febrero pasado-. De esa forma simula que la represión política disminuye, cuando en realidad, la persecución y el estado policial de facto no cesan en Nicaragua.
En ese mismo sentido, Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que la excarcelación y captura de nuevos reos políticos es parte de la “naturaleza de la dictadura” porque no tienen otra forma de sostenerse en el poder, que no sea la sistemática represión y la ejecución de crímenes de lesa humanidad.
Carrión asegura que han confirmado encarcelaciones exprés, cuyas víctimas han sido obligadas a salir del país. CONFIDENCIAL también confirmó que el arquitecto mexicano-nicaragüense, Arnoldo Horacio Guillén Monterrubio, de 62 años, fue desterrado del país el pasado 23 de abril. Guillen fue detenido el 18 de abril en Corinto, Chinandega, supuestamente por repartir calcomanías azul y blanco, en el contexto del quinto aniversario de la crisis de abril 2018.
También un adolescente de 17 años del municipio de Morrito, Río San Juan, fue encarcelado por unas horas y liberado bajo el compromiso que saliera del territorio nacional. Su captura ocurrió por una publicación en Facebook, recordando a las víctimas asesinadas durante la Rebelión Cívica.
Persecución contra Iglesia
El régimen orteguista centró la persecución por el quinto aniversario de la Rebelión de Abril en la Iglesia católica, sus líderes y feligreses. Según datos del Monitoreo Azul y Blanco, la mayoría de los detenidos son afines a la Iglesia y fueron encarcelados por desafiar la prohibición policial de realizar actividades religiosas en la vía pública.
Se desconocen todas las identidades de los nuevos presos políticos, ya en algunas familias persiste la esperanza que sean liberados. El Monitoreo Azul y Blanco explicó que existe un subregistro de detenciones porque el terror impuesto por el régimen impulsas a que varias capturas no se denuncien.
Hasta ahora se sabe que la mayoría de reos de conciencia están detenidos en el Distrito III de Policía, en Managua. Les han permitido el ingreso de comida y artículos de aseo personal, pero no han recibido visitas de sus parientes ni abogados.
Estos nuevos reos se sumarían a los 35 anteriores, entre los que se encuentran, los sacerdotes Manuel Salvador García y Leonardo Urbina, condenados por delitos comunes relacionados con supuestas violencias física y sexual, respectivamente.
Otros seis reos de conciencia son reencarcelados, ya estuvieron presos por su vínculo con las protestas ciudadanas de 2018 y fueron liberados, hasta que entre julio de 2019 y enero de 2022 fueron encarcelados nuevamente. 25 de estos 35 presos políticos ya están condenados y sentenciados. 19 diecinueve por delitos comunes, como supuesto tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas, transporte de estupefacientes, entre otros.
Los más recientes presos políticos de los que se confirmó existe un proceso judicial son Martha Lorena Centeno Marín, Hazel del Socorro Martínez Ulloa, Luis Enrique Palma Obando, Ivonne Patricia Espinoza Hurtado, Brenda Lee Baldelomar Alemán, Anner Herrer y el arquitecto Guillén, bajo el expediente número 007008-ORM4-2023-PN.
El líder estudiantil Jasson Noel Salazar Rugama y el exreo político, Abdul Montoya Vivas, también fueron acusados. A Vivas le imputaron supuesta “tenencia ilegal de armas” y en el caso de Salazar se desconoce que delito le imputan las autoridades del régimen.
¿Qué ha pasado con monseñor Álvarez?
Ha pasado más de un mes desde que el régimen de Ortega reaccionó a la presión internacional que demandaba una prueba de vida de monseñor Rolando Álvarez, cautivo en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocida como la cárcel La Modelo. La noche del 25 de marzo, la batería de medios de propaganda del régimen orteguista difundió fotografías del prelado junto a sus hermanos, con quienes compartió una comida, en un escenario decorado en la cárcel para la ocasión.
La palidez y delgadez del obispo de la Diócesis de Matagalpa fue evidente. Después de esa visita se desconocen las condiciones en que se encuentra el religioso, a quien el mismo Daniel Ortega calificó de “soberbio”, “energúmeno” y “desquiciado”, por negarse a ser desterrado.
Para el opositor, Juan Diego Barberena, lo que la dictadura pretendía hacer en febrero con la excarcelación de 222 reos de conciencia era quitarse presión internacional y crear una nueva narrativa sobre que estaban cumpliendo con la liberación demandada a nivel nacional e internacional; sin embargo, resultó infructuoso por la condena contra el obispo Álvarez.
Ortega también suspendió de forma unilateral las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, después que el Papa Francisco calificara al régimen como una “dictadura hitleriana”. Asimismo, sostiene su ofensiva represiva contra la Iglesia, sometiendo a sus religiosos a intimidación, amenazas, confiscaciones y exilio.
