11 de mayo 2024
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Tras la derogación de la concesión del fallido canal interoceánico en Nicaragua se vislumbra un “esquema de estafa y de robo”, con altas probabilidades que “se involucre el Estado de China” valoran el politólogo y activista nicaragüense, Félix Maradiaga, y el ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz.
El 8 de mayo Ortega ordenó reformar la "Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua" o Ley 800, y derogar la Ley 840 para cancelar la concesión que tenía el empresario chino, Wang Jing.
Según Maradiaga, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantendrá un discurso de “ilusión”, porque los megaproyectos son parte de la narrativa populista del Gobierno. Añade que el proyecto reformado no es viable “con un Estado sin credibilidad internacional”.
Ruiz exhortó a los nicaragüenses y a la comunidad internacional a estar “alertas” ante los movimientos del régimen, con un proyecto “que inició con las manos manchadas de sangre”.
Maradiaga y Ruiz conversaron con la periodista Cindy Regidor, para el programa Esta Semana, que se transmite cada domingo, a través del canal de Confidencial en YouTube.
Félix, ¿cómo valoras la cancelación de la concesión canalera a Wang Jing? ¿Esta es una derrota o fracaso del régimen, o es solo una movida para otorgarla al siguiente postor?
Es una continuidad de la trama. Hace ya varios años habíamos denunciado que Wang Jing es un estafador internacionalmente conocido. Parecía muy extraño que el Estado de Nicaragua llevara un convenio de esa magnitud sin el reconocimiento oficial de China. Lejos de ver una derrota para el régimen, veo una continuidad de la estafa.
Hay que señalar la valentía que han tenido las organizaciones como el Movimiento Campesino, y los grupos ambientalistas de señalar, desde su comienzo, este esquema de robo de tierras.
Amaru, ¿cómo reciben esos miles de nicaragüenses que protestaron desde 2013 en contra de esta ley, ahora derogada, pero también contra la Ley 800, que es la creadora del régimen jurídico del Canal y que sigue vigente?
Hay una alerta alrededor de lo que está detrás de esa modificación de la Ley 800. Obviamente hay una celebración alrededor de que por fin se logró, luego de 11 años de incidencia, de trabajo, de recorridos, (se demostró que) tanto los movimientos campesinos y las comunidades indígenas y afrodescendientes estaban en la razón, y que al final se logra la derogación, tanto del acuerdo marco de concesión como la Ley 840.
Para las comunidades, para las organizaciones ambientales, para los movimientos que participamos desde el inicio consideramos que es una victoria clara. Lo que pasa es que, evidentemente, sigue latente la Ley 800 y más bien hay una toma del Estado, a través de su hijo (Laureano Ortega) y del Ejército, porque al final al que nombran dentro de la junta directiva (en la modificación de la Ley 800) es a un General de Ejército, Óscar Mujica. Hay una voluntad clara de seguir negociando este proyecto como una viabilidad económica para el régimen y que le permita tener unas salvavidas frente a la crisis económica que se avecina.
Félix, la especulación más fuerte hoy día es que esta derogación es una manera de tener limpia la mesa, de manera que pueda el régimen ofrecer la concesión a otro inversionista extranjero o inclusive a otro Estado como China o Rusia. ¿Qué tan probable es que eso ocurra?
Ahora lo que se está viendo es una continuidad del esquema de estafa y de robo, pero con una alta probabilidad de asociación con Estados criminales como el Estado chino, particularmente, que tiene un historial perverso de depredación ambiental y natural, con la sombra de Rusia. Rusia no tiene los recursos económicos para un proyecto como este. Pero hay que señalar que el gran interés del régimen han sido los subproyectos, es decir, robar las tierras para utilizarlas para proyectos de construcción de energía, hoteles, casinos.
El proyecto del Gran Canal no tiene viabilidad económica en un Estado que no tiene credibilidad internacional en materia comercial y marítima, por tanto, ningún socio serio se vincularía con este proyecto. Pero sí lo podría hacer, por ejemplo, China, por su apetito por el agua, por su apetito por las tierras y por su apetito por los recursos naturales de los nicaragüenses.
Amaru, el régimen ha entregado recientemente grandes concesiones mineras a empresas chinas. ¿Cómo ven los pobladores de la zona sujeta a expropiaciones bajo la ley del Canal esta posibilidad de que la concesión solo pase a manos distintas?
El régimen ha cancelado más de 3600 organizaciones, ha tratado de controlar toda la movilización de la resistencia campesina, ha tratado de amedrentar, y ha permitido la invasión a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esas son precisamente las estrategias para generar unas nuevas condiciones que le permita entregar los recursos naturales, entregar nuestro territorio a estos nuevos actores que se han alineado ideológicamente, sobre todo para el saqueo de los recursos naturales de nuestro país.
En el caso particular de las concesiones entregadas, obviamente carecen de los procesos de transparencia y debida diligencia. El régimen está favoreciendo la entrada, no solo en el sector minero a empresas chinas, sino también en el sector comercio, en el sector pesquero, eso evidentemente genera una competencia desleal, incluso con los micros y pequeños negocios que están establecidos en Nicaragua, y eso obviamente afecta directamente a la población en general en esos territorios.
Félix, ¿sigue en peligro la soberanía nacional con la vigencia de la Ley 800, que es la del régimen jurídico del canal?
Absolutamente. Hay que tener muy claro que Ortega y Murillo tienen una visión absolutamente sesgada y miope de las relaciones internacionales, ven el mundo dividido en dos. Por un lado, las instituciones democráticas occidentales y por otro lado el bloque de autocracias, donde está China.
Ortega está dispuesto a entregar el territorio nicaragüense como plataforma de ese esquema de bipolaridad. Pero más grave aún es que, a la par de esa visión geopolítica sesgada, hay un apetito desmedido por apropiarse de lo ajeno, de los recursos naturales, de las comunidades y de las tierras de las comunidades campesinas.
Amaru, tras 11 años de vigencia de esa concesión a Wang Jing, hubo una serie de actos de corrupción, dineros del Estado nicaragüense desembolsados para la supuesta ejecución del proyecto, represión en contra de quienes se opusieron y se manifestaron. ¿Cuál es el saldo de esta concesión fallida?
En principio, hay elementos sumamente negativos que evidenciaron todas las acciones onerosas del régimen Ortega Murillo para ofrecer en bandeja de plata a un empresario chino nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, incluso nuestras reservas en el Banco Central. Evidentemente, eso deja un saldo de violaciones de derechos humanos que todavía hacen falta la evaluación y el dictamen final por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hay dos casos, uno establecido en el acompañamiento con comunidades indígenas y afrodescendientes por el Centro de Atención Legal de Pueblos Indígenas (Calpi) y el otro vinculado a las violaciones a los derechos de los campesinos. Todavía hace falta seguir detallando el esquema de corrupción.
Recordemos que pasaron todos estos 11 años. Del Presupuesto General de la República salió financiamiento a la Autoridad Nacional del Canal sin ningún resultado, entonces todavía hay esquemas de corrupción que tienen que ser identificados, personas que se involucraron en este esquema de corrupción, por ejemplo, todas las empresas y la telaraña establecida para el caso de la concesión de Wang Jing, pero no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional.
Hay desde abogados, empresarios, gente vinculada al Ejército, gente vinculada a las instituciones públicas que tienen que pagar y rendir cuentas, que negociaron una concesión que evidentemente violaba la Constitución Política de Nicaragua.
Félix, hasta hace poco todavía Daniel Ortega y Rosario Murillo hablaban de la construcción del Canal en Nicaragua. En febrero de 2024, Murillo dijo que el canal "será una realidad". ¿Cuál será ahora el discurso frente a sus bases sobre el futuro del proyecto que han vendido por tanto tiempo sin que se concrete nada?
Creo que van a mantener la ilusión, van a mantener el discurso populista, porque los megaproyectos han sido parte del elemento discursivo de la pareja Ortega Murillo. Lo vemos la refinería Bolívar, lo vimos con una serie de otros megaproyectos. La pareja dictatorial sabe que, en la psiquis colectiva de gran parte de los nicaragüenses, este proyecto de alguna manera ha sido parte de una narrativa, de un relato político a lo largo de más de un siglo, así que difícilmente creo que lo van a abandonar.
El impacto más grande es la credibilidad real de este proyecto a inversionistas serios e incluso para China. China está caracterizada por ser una potencia mundial extractivista que no hace nada de gratis, a los países que llega los depreda, los endeuda. No hay una relación de solidaridad y de colaboración, y las autoridades chinas no son tontas, saben que el proyecto no es económicamente viable, que es despreciado por la comunidad internacional, por la manera que fue concebido. Es un proyecto que inició con las manos manchadas de sangre y ninguna entidad marítima, internacional ni comercial se va a involucrar en este canal.
En resumen, la pareja podrá decir lo que sea, pero el canal no es viable, lo que hay que seguir señalando es que los subproyectos del canal van a seguir siendo parte del apetito depredador desmedido del esquema sandinista, es decir, el robo de tierras y el robo de las aguas nicaragüenses.
Amaru, ¿qué pueden hacer los nicaragüenses ante la vigencia de la Ley 800, que amenaza las tierras y el ambiente?
Hay que estar alerta sobre los movimientos que tiene el régimen, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nuestro compromiso sigue estando en el acompañamiento y la vigilancia, el monitoreo de la situación ambiental y social del país y para nosotros es un llamado de alerta hacia toda la población que está de cara a la lucha frente al Canal Interoceánico. Creo que es importante mandar un mensaje al sector privado, que el régimen es insostenible. Hay que hacer un llamado al sector privado que, hoy por hoy, sigue apoyando y apostando por Ortega, porque es realmente inviable para la sostenibilidad del país, y que el mismo Ortega puede llevar a hundir a sus negocios o a cerrar mercados importantes para esos empresarios.
