22 de febrero 2016
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La crisis diplomática entre el gobierno de Daniel Ortega y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desatada esta semana a través de comunicaciones oficiales, se trata de un nuevo episodio en el control de los recursos de la cooperación externa que busca el gobierno e inevitablemente tendrá un efecto sobre los financiamientos futuros de programas de desarrollo en el país, coinciden analistas políticos, economistas y exdiplomáticos consultados por Confidencial y Esta Semana.
Primero con una nota dirigida a todas las embajadas, organismos internacionales y Agencias de Cooperación acreditadas en Nicaragua, y luego a través de una réplica divulgada en medios oficialistas, el gobierno escaló en los últimos días su presión en contra del PNUD, que había estallado en octubre del año pasado con el cierre de varios de sus proyectos y la salida intempestiva de su representante Silvia Rucks. En ambas notas, el gobierno emitió graves acusaciones en contra de la agencia de Naciones Unidas que actúa como coordinadora del sistema de la ONU en Nicaragua, y en medio de ellas, el PNUD respondió desde Nueva York con un enérgico rechazo.
En la primera nota, el gobierno acusó al PNUD de desarrollar una labor de “injerencia política”, “financiamiento a agrupaciones políticas” y “tergiversación de los datos de desarrollo”. Tras el rechazo “fuerte y categórico” del PNUD en defensa de su trabajo y su personal, el gobierno emitió una nueva nota en la que señaló a la agencia de haber ejecutado 270 millones de dólares en 115 proyectos realizados entre 2007 y 2015 “sin autorización del gobierno” y de supuestamente haber deducido de estos unos 21.6 millones de dólares para pagar saldos “de burocracia” a militantes de partidos y movimientos de oposición.
El diputado opositor Carlos Langrand valoró que la acción del gobierno en contra del PNUD “es grave y temeraria”, pues acusa de ilícitos al PNUD, insinuando incluso lavado de dinero.
“El fuerte acoso del gobierno al PNUD está levantando una peligrosa alerta a la comunidad cooperante con probables consecuencias negativas para los programas de cooperación que benefician a miles de familias nicaragüenses en condición de vulnerabilidad. Es claro el interés del gobierno de manejar partidariamente y con fines electorales los fondos de la cooperación tal y cual lo hace con los poderes de Estado, en las escuelas públicas, en los programas y proyectos de gobierno financiados con los impuestos de todos los nicaragüenses”, criticó el legislador.
Confirman orden de “limpieza”
Las notas del gobierno, emitidas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y firmadas por la Secretaria de Cooperación Externa, Arlette Marenco, no ofrecieron ninguna prueba o evidencia para sustentar las graves imputaciones en contra del PNUD, a pesar de insistir en que las faltas de la agencia fueron reiteradas, e incluso admitir que el gobierno le ordenó hacer “limpiezas” para “transmitir confianza al gobierno de que su labor es acompañar el desarrollo de los países”.
En octubre de 2015, Confidencial reveló que la suspensión de los programas de cooperación que eran administrados por el PNUD, le fue comunicada oficialmente al cuerpo diplomático el 22 de septiembre. El gobierno argumentó que ya había logrado avanzar en su capacidad organizativa y como ejecutor de proyectos, y que ya no requería el rol del PNUD como intermediario técnico entre los donantes y las unidades ejecutoras. Pero entonces, no se hizo ninguna alusión al supuesto rol de “injerencismo político” que el gobierno le atribuye ahora al PNUD.
Acusan a Rucks de “campaña”
En la primera nota diplomática de Cancillería, que circuló desde el fin de semana anterior, el gobierno acusó a la representante Silvia Rucks de haber iniciado una “campaña”, al comunicarse “con el cuerpo diplomático trasladando un mensaje lesivo a nuestras decisiones soberanas”.
Rucks fue sustituida en el cargo como coordinadora residente por la Dra. Socorro Gross, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Nicaragua, mientras Mónica Merino se mantuvo en el cargo como representante adjunta. Ahora ambos cargos se encuentran vacantes y el PNUD está descabezado. Gross dejó el PNUD para asumir de forma exclusiva sus funciones en la OPS, y Merino salió del país de forma definitiva, sin que se conozcan los motivos.
La nota de Cancillería indicó que el proceso para replantear el rol del PNUD fue abordado a profundidad con visitas de alto nivel en Nicaragua, entre ellas la subsecretaria de Naciones Unidas y directora del PNUD para América Latina, Jessica Faieta, y con Susan McDade, directora adjunta para América Latina. Mencionan, además, contactos en la propia sede de Naciones Unidas en Nueva York con Hellen Clark, administradora general del PNUD.
Rechazo “fuerte y categórico” del PNUD
Tras una consulta de Confidencial a las oficinas del PNUD en Nueva York, la agencia de la ONU respondió al gobierno con una comunicación oficial divulgada en su sitio web en la cual rechazó “fuerte y categóricamente” las acusaciones dirigidas al PNUD y su personal.
La agencia sostuvo que “no ha participado de ninguna injerencia política ni ha financiado partidos políticos en Nicaragua o en cualquier otro país” y añadió que ellos sirven “a los países en los cuales trabajamos y a su gente, sin ningún tipo de afinidad ni inclinación política”.
“El PNUD es un socio de confianza para el desarrollo sostenible. Nuestro trabajo refleja las prioridades de desarrollo nacional y el plan estratégico mundial del PNUD y se lleva a cabo con excelencia técnica, neutralidad política y transparencia. Respetamos la soberanía nacional y nos guiamos por la Carta de las Naciones Unidas. Nuestros funcionarios también se rigen por el Código de Conducta de la ONU, respondiendo al Juramento del Cargo de la ONU, que exige actuar con imparcialidad e independencia”, argumentó la agencia.
“Lamentamos profundamente —continuó— las afirmaciones no fundamentadas contra nuestros funcionarios, que carecen de evidencia que le podría permitir al PNUD tomar acción, según nuestros rigurosos procesos internos”.
Todo para controlar fondos de cooperación
El excanciller de la República, Norman Caldera, coincidió en que “el PNUD es respetuoso de los Gobiernos” y que el Programa “está claro que son su fuente de sostenimiento y solo interviene en su contra en caso de graves violaciones a los derechos humanos”.
“Algo tienen que haber visto aquí (el PNUD) para haberse distanciado del Gobierno. Lo que no han medido (el Gobierno) es que el PNUD solo va a entregar los fondos asignados directamente a Nicaragua, pero los fondos suplementarios de los Gobiernos ponen de acompañamiento a la Cifra Indicativa de Planificación del PNUD no los van a poner ni las “moscas”, ni los “paisuchos”. El país pierde cooperación pero el gobierno gana control”, valoró Caldera.
Una fuente diplomática latinoamericana, consultada por Confidencial, calificó la acción del gobierno de Nicaragua, como “un ejemplo de antidiplomacia, es un ataque sin precedentes” y lamentó que “el mayor perdedor en este conflicto será el pueblo de Nicaragua, pues el país está perdiendo acceso a una cartera millonaria de proyectos que eran facilitados por el PNUD, y ahora está incluso lesionando de forma gratuita sus relaciones con Naciones Unidas”.
Violeta Granera, directora ejecutiva del Movimiento por Nicaragua, aseguró el martes en el programa de televisión Esta Noche, que las acciones del gobierno contra el PNUD se tratan de una reacción insólita y que proviene de “una mentalidad autoritaria, irrespetuosa y paranoica”. “Todo son suposiciones acusaciones infundadas, para mí es la prueba de que fue redactada por una mentalidad absolutamente dictatorial”, dijo.
PNUD “enemigo de lucha antipobreza”, dice el Gobierno
El PNUD recordó en su respuesta al gobierno que este Programa “ha movilizado sumas importantes de financiamiento de desarrollo con y para Nicaragua, unos 270 millones de dólares para apoyar a más de 115 proyectos en los últimos 12 años”.
Pero el gobierno tomó ese dato para acusar a la agencia, en su segunda nota, de ejecutar esa suma “sin autorización del gobierno” y supuestamente deducir de esta unos 21.6 millones de dólares para pagar saldos “de burocracia” a militantes de partidos y movimientos de oposición.
El PNUD informó en su comunicación que la agencia emprendió “dos misiones consecutivas de alto nivel al país, planificadas y emprendidas en consulta con autoridades de Nicaragua, para informar a los funcionarios del PNUD sobre la reestructuración y mantener un diálogo positivo con el Gobierno de Nicaragua”, pero a la luz de la crisis las misiones no habrían tenido éxito.
“Para colmo, —añadió la nota de un lenguaje inusual para una comunicación diplomática— esta tecnocracia, nutrida con los recursos que venían destinados al pueblo de Nicaragua, y compitiendo por ellos para su propio beneficio se convirtió en el principal enemigo de los Programas de Lucha contra la Pobreza que desarrolla el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”.
La Cancillería insistió también en que el PNUD ha mantenido una “labor destructiva, que se alimenta de fondos que pertenecen exclusivamente al pueblo nicaragüense”.
Sugieren limar asperezas para evitar más daño
Los excancilleres Norman Caldera y Eduardo Montealegre reaccionaron a la crisis entre el gobierno y la agencia de la ONU, en entrevista con el periodista Carlos Fernando Chamorro, en Esta Semana.
Montealegre dijo que la decisión del gobierno ante el cierre de programas manejados el PNUD, responde a un “patrón de control absoluto” del Ejecutivo, que “pretende controlar todos los recursos de cara a una falta en el futuro”, en alusión a un escenario en el que disminuya la ingente cooperación petrolera de Venezuela, que el presidente Ortega ha manejado de forma discrecional y que desde 2007 asciende a más de 3,500 millones de dólares.
Otras implicaciones que podría tener este desencuentro, según Montealegre, es el hecho de que podría afectar en un futuro las decisiones que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial toman en cuanto al financiamiento de programas de desarrollo para Nicaragua, ya que ambos organismos multilaterales forman parte del sistema de Naciones Unidas.
“El gobierno tiene que limar las asperezas con la ONU”, recomendó Montealegre, y “tiene que garantizar que el resto de programas de las Naciones Unidas no se vayan del país. También tiene que lanzar una ofensiva con los otros países donantes, porque ya no van a tener confianza en el país”.
Para Caldera la crisis con Naciones Unidas puede tener implicaciones internacionales para Nicaragua. “Quien se pelea con el PNUD o demuestra lo que dice quedan mal con el sistema de Naciones Unidas. No entiendo porqué esta actitud del dobierno de pelearse con todo el mundo”, cuestionó.
Caldera explicó que todos los países tienen “la opción soberana” de decretar que los fondos de Naciones Unidas sean manejados directamente por el gobierno, “un cambio que se podría haber hecho con normalidad”. Los recursos ya implementados se mantienen igual, dijo, y los nuevos programas se administran con el manejo directo de las autoridades nacionales.
Para Caldera la actitud del Ejecutivo de Ortega “manda un mensaje para meter miedo a organizaciones internacionales. Es una decisión que persigue otros fines más allá de los que expresan en la carta (enviada al cuerpo diplomático por Cancillería) y que tiene otros fundamentos distintos a los que ellos están informando”.
Salida del PNUD perjudica a beneficiados
*En la Costa Caribe, una decena de empleados cesaron sus labores este viernes.
En octubre de 2015, el gobierno de Daniel Ortega ya había asumido el control directo, “sin intermediarios”, de la gestión e implementación de los programas financiados a través de fondos de la cooperación externa, provocando la suspensión inmediata de al menos siete proyectos manejados por el PNUD, por un monto de al menos 20 millones de dólares.
Diputados de la oposición cuestionaron esta semana que el verdadero interés del gobierno parece ser “privatizar” la cooperación bilateral de las Naciones Unidas para manejar un esquema similar al establecido con la cooperación venezolana: carente de transparencia, rendición de cuentas y que ha servido para enriquecer a la familia gobernante.
El PNUD confirmo en su comunicación del martes que “como consecuencia de la reducción de programa —y exclusivamente por esta razón— 75 funcionarios nicaragüenses perderán sus puestos de trabajo en mayo 2016”.
Este viernes, en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, regiones Norte y Sur, las oficinas que servían de enlace de gestión entre el PNUD con los gobiernos regionales a los cuales se apoyaba con programas de fortalecimiento, fueron entregadas tras el retiro de una docena de empleados. “Este también es un golpe a la autonomía regional”, valoró una fuente vinculada a estos proyectos que solicitó el anonimato.
Un proyecto insignia perdido por esta crisis fue el Global Enviroment Facility, que con una inversión de unos 50 millones de dólares pretendía trabajar por la conservación de las reservas naturales de Nicaragua, incluyendo la amenazada Biosfera de Bosawás.
ONU debería instalar Comisión contra Impunidad
El diputado opositor Carlos Langrand insistió en que “es altamente improbable que (los señalamientos contra el PNUD) hayan sucedido como lo dice el gobierno, pues todos esos fondos son aprobados mediante convenio entre el gobierno, los cooperantes y las agencias seleccionadas”.
“¿Dónde está el trabajo preventivo de la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General, que ha permitido en sus narices ingresar $270 millones sin control alguno por el PNUD?”, cuestionó.
Ante la misma falta de control insinuada por el gobierno, el legislador sugiere que “es necesario profundizar en estas graves acusaciones de ilícitos mediante una solicitud formal a Naciones Unidas para instaurar una Comisión Internacional contra la Impunidad, que incorpore los temas de corrupción dentro del Estado, la cooperación venezolana, la falta de gobernabilidad y Estado de Derecho entre otros temas, como se hizo en Guatemala y Honduras”.
(Con la colaboración de Wilfredo Miranda Aburto, Danaé Vílchez y Carlos Salinas)
