4 de julio 2023
La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega, aprobó con trámite de urgencia la reforma al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley 872, Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional; que subordina completamente a esta institución y castiga las deserciones dentro de su principal brazo represor.
Las reformas cambian la naturaleza apolítica de esta institución y ahora establecen que la Policía Nacional es un cuerpo subordinado del Presidente. Además, “eliminan el carácter civil” de la Policía Nacional y la dejan solo como “un cuerpo armado” bajo las órdenes del régimen, valoró la especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra.
Las iniciativas de Ley fueron aprobadas por los 91 diputados de la Asamblea Nacional y en el caso de la reforma a la Constitución entrará en vigencia inmediatamente a su aprobación y publicación en La Gaceta.
Cambios y sanciones
Estas reformas “hacen a un lado lo de (Policía) apolítica, apartidaria y el modelo preventivo, proactivo y comunitario que, de acuerdo a todo lo que se dijo cuando se aprobó en 2014, ponía en el centro a las personas, las familias y la comunidad”. En lugar de eso, se pone de relieve “la tarea de preservar el orden social y el orden interno”, explicó Cuadra.
Mientras que la reforma a la Ley de la Policía añade tres nuevos artículos: delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y por último la deserción.
Cuando un oficial “sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”, se lee en la iniciativa de reforma a la Ley de la Policía.
Además, la deserción de las filas policiales se castigará con cárcel. “El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”, agrega el Ejecutivo en la propuesta.
Ambas iniciativas serán discutidas este miércoles cinco de julio a las nueve de la mañana en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.
Estas reformas se dan en un momento en que la Policía atraviesa un proceso de reingeniería, en el cual se nombró al comisionado general en retiro Horacio Rocha como nuevo asesor de Seguridad, también fueron ascendidas 13 mujeres para ocupar cargos de dirección y varios jefes policiales —que estuvieron al frente de la represión en 2018— fueron separados de la institución.
Trasladan la represión a las filas de la Policía
Un investigador en temas de seguridad, consultado bajo condición de anonimato, valoró que estas reformas ordenadas por Ortega “trasladan la represión a las filas de la Policía”. Situación que evidencia “el alto grado de desconfianza que el régimen tiene sobre su gente”.
Aseguró que la principal motivación del régimen con estas reformas es “tener control absoluto de su serviles, de su núcleo, para que no haya más deserción”, dentro de la institución policial.
Con estas reformas, el régimen pretende “criminalizar la deserción” dentro de la Policía, comentó la fuente. Agregó que “la cárcel por deserción ya estaba incluida en la Ley 872”, pero en los últimos años la institución atravesó por un proceso de “desnaturalización” que aumentó el número de desertores.
En esa misma línea, una fuente vinculada a la Policía explicó que generalmente cuando los oficiales quieren irse de la institución siguen un procedimiento administrativo y solicitan su baja. "Con la reforma se elimina esto y están proponiendo cárcel para ellos. Es un candado para frenar la sangría de las deserciones", dijo.
El régimen de Ortega ha incrementado el personal, presupuesto y jerarquía policial, pero el dato de las deserciones se mantiene bajo secreto, solo los altos jefes lo manejan.
Finalmente, la fuente destacó que estos cambios se deben a que la dictadura necesita "justificar" sus acciones y darle un matiz de legalidad.
Nota del Editor: Esta nota se actualizó este 5 de julio que fueron aprobada las reformas.