Ortega acusa a PNUD de "injerencia política"

El gobierno oficializó las razones por las cuales decretó el cierre de los proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hasta por veinte millones de dólares, en septiembre del año pasado, lanzando graves acusaciones políticas contra esta agencia de Naciones Unidas que actúa como coordinadora del sistema de la ONU en Nicaragua.

En una nota oficial de Cancillería, emitida el pasado viernes 12 de febrero, dirigida a todas las embajadas, organismos internacionales y Agencias de Cooperación acreditadas en el país, el gobierno acusa al PNUD de desarrollar una labor de "injerencia política" para "financiar a agrupaciones políticas" y le señala de "tergiversar los datos de desarrollo" del país.

El documento oficial, suscrito por la vicecanciller de Cooperación Externa, Arlette Marenco, utiliza un lenguaje descarnadamente autoritario, consignando que el gobierno llegó al extremo de exigirle al PNUD realizar una "limpieza" (?) en sus oficinas, pero no ofreció ninguna prueba o evidencia para sustentar las graves imputaciones contra el PNUD.

La nota diplomática hace referencia a "todo el proceso de injerencia política y tergiversación que se ha venido desarrollando desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, utilizando sus oficinas para intromisiones en nuestra política interna, financiamiento a agrupaciones políticas, y tergiversación de información sobre los datos de desarrollo del país, todas realizadas por funcionarios bajo la sombrilla del PNUD, lo que se ha venido señalando desde el 2007".

Demandaron operación "limpieza" en PNUD

Por primera vez, el gobierno brinda su versión sobre las circunstancias en que se produjo el retiro anticipado de Nicaragua de la representante Silvia Rucks, ocurrido de forma abrupta en octubre del año pasado.

Según la nota oficial, "en septiembre de 2015 se les transmitió claramente que el gobierno de Nicaragua no permitirá más que las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sean utilizadas como oficinas de un partido político". Dicha entidad partidaria no es identificada en el texto ni mencionada en otra parte de la misiva.

Ante la gravedad de esta acusación, el gobierno alega que las autoridades del PNUD indicaron que "entendían, respetaban, y realizarían las limpiezas (?) correspondientes para transmitir confianza al gobierno de que su labor es acompañar el desarrollo de los países".

En octubre del año pasado, Confidencial reveló que la suspensión de los programas de cooperación que eran administrados por el PNUD, le fue comunicada oficialmente al cuerpo diplomático el 22 de septiembre. El gobierno argumentó que ya había logrado avanzar en su capacidad organizativa y como ejecutor de proyectos, y que ya no requería el rol del PNUD como intermediario técnico entre los donantes y las unidades ejecutoras. Entonces, no se hizo ninguna alusión al supuesto rol de "injerencismo político" que el gobierno le atribuye hoy al PNUD.

Acusan a Rucks de "campaña"

Pero en la nota diplomática de cancillería que circuló desde el fin de semana, el gobierno acusa a la representante Silvia Rucks de haber iniciado una "campaña", al comunicarse "con el cuerpo diplomático trasladando un mensaje lesivo a nuestras decisiones soberanas".

Rucks fue sustituida en el cargo como coordinadora residente por la Dra. Socorro Gross, representante de la OPS en Nicaragua, mientras Mónica Merino se mantuvo en el cargo como representante adjunta. Ahora ambos cargos se encuentran vacantes y el PNUD está descabezado. Gross dejó el PNUD para asumir de forma exclusiva sus funciones en la OPS, mientras Merino salió del país de forma definitiva, sin que se conozcan los motivos.

La nota de Cancillería indica que el proceso para replantear el rol del PNUD ha sido abordado a profundidad con visitas de alto nivel que han venido a Nicaragua, entre ellas la subsecretaria de Naciones Unidas y directora del PNUD para América Latina, Jessica Faieta, y con Susan McDade, directora adjunta para América Latina. Mencionan, además, contactos en la propia sede de Naciones Unidas en Nueva York con Hellen Clark, administradora general del PNUD.

Sin embargo, la cancillería insiste en cuestionar duramente a la oficina del PNUD en Managua por el "irrespeto y permanente manejo informal de la comunicación, e incumplimiento de los acuerdos en cada reunión".

Pero, además, acusa al PNUD de tener una "agenda oculta" que impide la confianza, "ejemplificando las visitas realizadas a Managua, para las cuales hemos tenido que estar haciendo investigaciones para saber qué agenda trae una subsecretaria que viene oficialmente de visita al país".

Confidencial solicitó una entrevista con los representantes del PNUD en Managua y en Nueva York, para conocer su versión sobre las graves acusaciones que le imputa el gobierno de Nicaragua, pero no recibimos ninguna respuesta.

Descartan injerencia política

La nueva versión oficial sobre la crisis con el PNUD, registrada en la nota de cancillería, no causó sorpresa entre líderes de la sociedad civil

Las acciones que el gobierno de Daniel Ortega ha tomado en contra del PNUD “no corresponden a un hecho aislado y por el contrario obedecen a una política del Gobierno de ir suprimiendo y poniendo trabas a la cooperación internacional para Nicaragua con el afán de controlar y centralizar todo esto en su favor”, asegura Violeta Granera, presidenta del Movimiento por Nicaragua (MpN).

Granera sostiene que el Gobierno no tiene argumentos para acusar al PNUD de injerencia política, porque el organismo más bien se había abstenido de trabajar con partidos políticos “para evitarse problemas con el Gobierno”.

El analista Félix Maradiaga, candidato a Magistrado en el consejo Supremo Electoral considera que con esta justificación y los ataques contra el PNUD, el gobierno está mandando un “mensaje equivocado” al resto de cooperantes en el país.

Según Granera, el gobierno de Ortega “se equivoca si cree que los donantes le van a trasladar sus recursos de cooperación, menos con la falta de transparencia que ha demostrado, la falta de institucionalidad que reina en el país y encima con un año electoral en el que cualquier recurso asignado lo podría ocupar con fines políticos partidarios”.

Granera y Maradiaga coincidieron, por separado, en que el último proyecto de cooperación política que el PNUD mantuvo en Nicaragua fue justamente antes de 2007, cuando Daniel Ortega volvió al poder, y este además estaba a cargo del ahora viceministro de Relaciones Exteriores para el caribe, Valdrack Jaentschke.

La única iniciativa de carácter político promovida por el PNUD después de 2007 fue la creación del Grupo de Reflexión Estratégica (GRE) que funcionó primero bajo el representante Pablo Mandeville y después bajo Silvia Rucks. Pero el GRE no era un grupo partidario, sino más bien un encuentro heterogéneo con participación de dirigentes gubernamentales, políticos, empresarios, académicos y ex funcionarios de distintos gobiernos, para reflexionar sobre los desafíos y la visión de largo plazo del país

La naturaleza de este grupo era de carácter privado y discutieron temas como la economía nacional, educación, elecciones y ley electoral, y coyuntura internacional. En el GRE participaban: René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional, y Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ. Los ex ministros sandinistas y empresarios Jaime Wheelock y Alejandro Martínez Cuenca; y el ex alcalde Dionisio Marenco. También estaban el presidente del COSEP José Adán Aguerri, y los ex ministros y empresarios Antonio Lacayo (Q.E.P.D) y Mario Arana; los políticos José Antonio Alvarado e Indalecio Rodríguez; Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua, y la Dra Mirna Cunningham, dirigente miskita; el ex embajador y académico Arturo Cruz y los rectores universitarios Ernesto Medina y Benjamín Cortés, entre otros.

Al menos dos de los miembros de este grupo, consultados por Confidencial, coincidieron en describirlo como “un espacio único de diálogo, e intercambio de ideas y reflexiones sobre el futuro”, “el único espacio verdaderamente plural que existía en Nicaragua”.

PNUD más fuerte antes de 2007

Azahalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), dijo que alegar “intromisión política” de parte del PNUD es absurdo, porque parte fundamental de sus programas eras la promoción del Estado y la Sociedad; eso incluye a organismos de la Sociedad Civil.

“Ellos proponen crecimiento inclusivo y buena gobernanza; todo eso tiene que ver con la gente, con la ciudadanía. Pero con esa actitud el gobierno demuestra su totalitarismo y que es válido excluir a la ciudadanía como que fuéramos cosas”, dijo Solís, jurista de profesión.

Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), recordó que más bien los programas del PNUD dirigidos a gobernabilidad democrática, participación ciudadana, gestión pública, institucionalidad, fortalecimiento de la Sociedad Civil y cooperación mixta dirigida al gobierno con contraparte de la Sociedad Civil, fueron atacados por el gobierno de Ortega sandinista desde que retornó al poder en 2007.

El vice canciller Valdrack Jaentschke, ex funcionario del PNUD, fue uno de los representantes del gobierno que más atacó a las oenegés críticas del autoritarismo, recordó el defensor de derechos humanos.

Solís recordó que la relación del PNUD con el gobierno era más fuerte antes de 2007. “Habían los consejos consultivos y las mesas de trabajo, y en una de esas reuniones nació la propuesta de la ley 779 (normativa que castiga la violencia de género); los ciudadanos somos objeto de derecho, no somos cosas”, fustigó.

La dirigente del MAM señaló que desde 2007 la labor del PNUD más bien se debilitó en el país, al convertirse el gobierno en su único interlocutor.

En 2009 organismos de la Sociedad Civil cuestionaron al entonces representante residente del PNUD, Alfredo Misair, quien brindó declaraciones tras las elecciones municipales de 2008, que fueron denunciadas como fraudulentas. “Hay que mirar hacia delante, y lo que ocurrió el año pasado o no ocurrió, es un asunto que no se puede deshacer, sino que hecho está, para bien, para mal o para como cada uno lo juzgue”, respondió entonces Misair.

Organizaciones de la Sociedad Civil nicaragüense también le reclamaron directamente al secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, quien en 2014 visitó Nicaragua y solo se reunió con el comandante Ortega. “Omitió a otros actores nacionales y sociales que tienen una visión diferente pero también importante sobre la situación de Nicaragua, la cual el representante del máximo organismo internacional tiene el deber de escuchar”, se lee en la misiva que le enviaron.

Sin cifras oficiales

Pese a que el PNUD, “se refugió en un ambiente de cautela para no molestar al gobierno, al correr al PNUD el gobierno confirma que es extremadamente autoritario y que busca la centralización de la cooperación”, aseveró el jurista del CENIDH.

Respecto al cuestionamiento oficial de que el PNUD ha tergiversados la información y los datos del falseo del desarrollo humano, Carrión señaló que la principal cifra que la ciudadanía debería conocer es la estatal, pero no la publican.

“La mayor carencia que tiene este país es la rendición de cuentas, de cifras en materia de educación salud y presupuesto. ¿Cuál manipulación de cifras?, criticó el director jurídico del CENIDH.

Murillo quiere “manipular ayuda”

Alberto Lacayo, diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), considera que el gobierno de Ortega quiere “manipular toda la ayuda”, incluido –dijo– apoyos como los que los campesinos de Nueva Guinea pretendían entregar a los afectados por la sequía en el corredor seco del país.

“La señora Murillo, con sus políticas obtusas, expulsa al PNUD que hacía su trabajo más mal que bien (…) no hay razón para inventar que tenga injerencia si el PNUD estuvo mudo en Nicaragua, hacían su trabajo con guantes de seda. La señora Murillo no quiere competencia”, dijo el parlamentario opositor.

Lacayo instó al gobierno a que demuestre cual era la injerencias políticas del PNUD o la financiación a un partido político, que en la carta enviada al cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua.

La actitud gubernamental contra el PNUD, a juicio de Lacayo, no es ajena a la ley que se gesta en el Parlamento “para poner candados a todas las oenegés e interferir en el panorama social”, dijo.