7 de abril 2020
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El Gobierno de Nicaragua, que hasta ahora no ha puesto restricciones para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, prohibió la instalación de centros de prevención del patógeno causante de la enfermedad del covid-19, aseguró este lunes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Las autoridades nicaragüenses prohibieron el establecimiento de seis centros de prevención del coronavirus y un centro de llamadas, para informar, orientar, y atender a la población del norte de Nicaragua, promovidos por el obispo Rolando Álvarez y un grupo de médicos, según el movimiento opositor.
Álvarez había anunciado su proyecto la tarde del domingo en un contexto de incertidumbre, ya que las autoridades, que únicamente han confirmado seis casos del covid-19, incluyendo una muerte, brindan información escasa y confusa sobre la pandemia, pero además, se niegan a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Los especialistas señalan que (…) es primordial establecer redes solidarias comunitarias, precisamente lo que monseñor Álvarez está realizando para hacerle frente al virus, reducir los contagios y salvar valiosas vidas. Ninguna autoridad puede pasar por encima del juramento hipocrático de los médicos”, destacó la Alianza.
Llaman a desobediencia civil
“Quiero dejar constancia ante el pueblo que nosotros como diócesis quisimos trabajar por la salud de nuestro pueblo y no nos han permitido”, escribió Álvarez en sus redes sociales.
“El Minsa me acaba de notificar que no puedo llevar adelante el Proyecto de los Centros de Prevención Médica, ni si quiera el Call Center. Quiero dejar constancia ante el pueblo que nosotros como Diócesis quisimos trabajar por la salud de nuestro pueblo y no nos han permitido”.
— Monseñor Rolando José Alvarez L. (@DiocesisdeMat) April 5, 2020
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) llamó a una “desobediencia civil ante la prohibición del Ministerio de Salud para habilitar los centros de prevención”, para defender el “derecho a la salud y a la vida”.
Según Álvarez, al menos 30 médicos están dispuestos a cooperar para prevenir o mitigar el covid-19, cuando las autoridades levanten el veto.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco también mostró su disposición de apoyar el proyecto del obispo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó “que el Estado no acompañe este proyecto”, y señaló como “urgente tomar medidas de cuidado en materia de salud ante la pandemia”.
Denuncias públicas
“Hacemos pública a la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional, la irresponsable actitud del régimen, que lejos de promover las recomendaciones de los organismos internacionales, más bien se ha encargado de hacer lo contrario”, insistió la Alianza.
El Cenidh declaró que “prohibir la instalación de este centro de prevención es un atentado directo al derecho a la salud y a la vida, es un acto verdaderamente irracional y de desgobierno ante el cual deben de actuar los organismos Internacionales y Estados solidarios”.
La misión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Nicaragua ha recibido críticas por aprobar las decisiones del Gobierno, que incluso le ha obligado a retractarse de informar de casos que no reconoce como covid-19.
Las acciones gubernamentales han llevado a los nicaragüenses a tomar medidas de prevención por su cuenta y solidaridad, haciendo caso omiso a las autoridades.
Las medidas incluyen el distanciamiento social, pese a que el Gobierno del presidente Daniel Ortega promueve eventos multitudinarios, que son frecuentados por los militantes sandinistas, quienes luego son enviados a realizar visitas casa por casa, para "educar" sobre la pandemia.
“Instamos a la sociedad nicaragüense que, a pesar de estas prohibiciones, siga de manera auto convocada haciendo caso a las recomendaciones de distanciamiento físico e higiene para poder reducir la curva de contagio y así salvar vidas humanas”, agregó.
