30 de noviembre 2022
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El Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas han decidido publicar el informe confidencial sobre la visita del Subcomité a Nicaragua en 2014, argumentando "la gravedad de la situación" y la falta de respuesta del Estado de Nicaragua a las gestiones hechas por ambos organismos a fin de prevenir la tortura en el país.
"Es la primera vez que los dos órganos adoptan una acción conjunta respecto de un Estado parte que no coopera", señaló el presidente del Comité, Claude Heller. "Hemos decidido realizar una declaración conjunta y publicar el informe confidencial de la visita del Subcomité en vista de la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada a fin de prevenir la tortura", reiteró.
Asimismo, la presidenta del Subcomité, Suzanne Jabbour, enfatizó que los Estados "tienen que asumir sus responsabilidades en caso de incumplimiento de sus obligaciones relativas a la prevención de la tortura y los malos tratos", incluyendo cuando no se aporta la información requerida sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas. "Por lo tanto, creemos que la decisión de hacer público nuestro anterior informe confidencial tendrá un efecto preventivo. También esperamos que pueda ser útil para todos los agentes en el terreno", subrayó.
Nicaragua ratificó en 2005 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por lo que está obligada a "tomar medidas eficaces para erradicar la tortura y los malos tratos". Además, en 2009 el país ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, por lo que se comprometió a "establecer un mecanismo nacional de prevención independiente y permitir las visitas de supervisión a centros de detención" por parte del Subcomité.
Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha negado de manera reiterada a cooperar tanto con el Comité como con el Subcomité, evadiendo sus obligaciones contraídas en virtud de ambos tratados de derechos humanos e —inclusive— cuestionando la legitimidad de dichos órganos de las Naciones Unidas.
Régimen sigue sin responder
En julio de este año, el Gobierno de Nicaragua decidió ausentarse del 74º período de sesiones del Comité contra la Tortura en el que fue considerado públicamente el segundo informe periódico del Estado parte. El Comité examinó el informe periódico en ausencia del Estado y transmitió sus observaciones finales de carácter provisional a las autoridades de Nicaragua para que formularan comentarios. Ante la falta de respuesta por parte de Nicaragua, el Comité adoptó con carácter definitivo dichas observaciones finales que fueron publicadas la semana pasada.
El informe adoptado por el Comité la semana pasada señala que se usó fuerza letal contra manifestantes pacíficos en 2018 y 2021, cuando fueron detenidas arbitrariamente entre 170 y 190 personas por razones políticas y también hubo acusaciones de torturas y desapariciones forzadas.
Las autoridades nicaragüenses también han rechazado la visita al país prevista por el Subcomité para 2023 y se han negado a proporcionar información relativa a las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones contenidas en el informe del Subcomité tras su visita a Nicaragua en 2014. Situación que llevó a ese organismo a suspender su plan de visitar Nicaragua.
"Es sumamente lamentable que Nicaragua se niegue a cooperar con el subcomité en los planes de realizar nuestra segunda visita al país", indicó el 23 de noviembre en un comunicado la presidenta del Subcomité.
Además, el Estado de Nicaragua no respondió a las reiteradas solicitudes por parte de ambos órganos para celebrar reuniones en el marco de sus respectivos mandatos y en atención a sus obligaciones internacionales.
Por estas razones, el Subcomité solicitó formalmente al Comité que se emitiera una declaración pública al respecto y se publicara el informe de la visita de 2014, que hasta ahora era confidencial.
Corte IDH declara desacato de Nicaragua
Mientras tanto, en le Sistema Interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), declaró este 29 de noviembre el "desacato permanente" del Estado de Nicaragua respecto a las medidas provisionales adoptadas en los asuntos: Juan Sebastián Chamorro y otros y 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención.
En la resolución, la Corte señala que "la posición asumida por Nicaragua y la efectiva inobservancia de lo ordenado" por ese tribunal, constituye "un acto de desacato permanente" que pone en una situación de "desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios" de dichas medidas provisionales.
El Tribunal también instruyó al presidente de la Corte IDH que presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre la situación de Nicaragua e hizo un llamado urgente a la OEA a que, en aplicación de la garantía colectiva dé seguimiento al incumplimiento de las medidas provisionales.
