20 de octubre 2022
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La situación de los derechos humanos en Nicaragua “se ha ido deteriorando de manera muy grave” tras la crisis sociopolítica y económica que enfrenta el país desde abril de 2018, afirmó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante la sesión evaluativa 136 sobre el cumplimiento de Nicaragua respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizada en Ginebra.
El grupo examinó el informe enviado por el Estado de Nicaragua en noviembre de 2019, con siete años de retraso, ya que le tocaba entregarlo desde 2012 para la cuarta revisión de cumplimiento, y lamentó la ausencia de representantes del Gobierno nicaragüense, señalando que este optó por “no entablar el diálogo consultivo”, pese a que solicitaron sus respuestas en reiteradas ocasiones y lo invitaron a la sesión con suficiente antelación.
“El Comité lamenta esta situación desafortunada que ha surgido como consecuencia de la falta de respuestas a las comunicaciones del Comité al Estado parte y que no es conducente a un examen significativo del Estado parte. La situación es especialmente preocupante ya que Nicaragua no se ha comunicado con ninguno de los órganos del tratado en donde tuvo que haber presentado un informe a saber nuestro comité hermano, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en 2021, el Comité Contra la Tortura en julio de 2022 y el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial en agosto de 2022”, indicaron.
Además, recordaron al Estado de Nicaragua “que la ratificación del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos conlleva la obligación de que los Estados remitan informes sobre las medidas efectuadas para hacer efectivos los derechos recogidos en el pacto y los avances sobre sus obligaciones de conformidad con el Pacto y se espera que estén presentes en la reunión del Comité cuando se examinen sus informes”.
Situación de presos políticos en Nicaragua
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, pese a la ausencia del Estado de Nicaragua, evaluó el informe recibido y la información que le proporcionaron organizaciones de la sociedad civil y de la Oficina del Alto Comisionado, destacando su preocupación sobre la situación de tratos inhumanos, degradantes y de tortura que se ejecutan contra las personas encarceladas por motivos políticos en los diferentes centros carcelarios de Nicaragua.
“Observamos con preocupación los maltratos contra los detenidos en los centros penitenciarios y al momento de la detención sin que estas conductas policiales fueran sancionadas en todo los casos. Se ha continuado recibiendo información sobre casos de torturas y malos tratos ocurridos desde el contexto de las protestas iniciadas en abril de 2018 en las cárceles de El Chipote, La Modelo y La Esperanza”, señalaron.
Además, mencionaron que las personas privadas de libertad han sido sometidas a condiciones precarias e insalubres en las cárceles del país, con temperaturas y ventilación inadecuadas.
"Seguimos preocupados por las situaciones que ocurren en La Modelo, La Esperanza y El Chipote por las condiciones inadecuadas de detención, higiene, cantidad de alimentos, calidad, y acceso a la atención sanitaria", apuntaron.
Recordaron el deceso del general en retiro Hugo Torres, quien falleció en custodia de las autoridades de El Chipote. "Falleció tras haber sido transferido al hospital de forma tardía ante su salud más precaria", denunciaron.
"Al Comité le preocupa las informaciones recibidas respecto de las visitas en esos centros de detención y sobre ese mismo particular hablar de las situación de los detenidos que se han lanzado a una huelga de hambre porque se les impide ver a sus hijos e hijas menores y discapacitados", agregaron.
En ese contexto, invitaron al Estado de Nicaragua a “pronunciarse acerca de las referidas situaciones e informar sobre las investigaciones o procesos disciplinarios y las sentencias contra los funcionarios responsables de estos actos, así como las medidas de reparación que han ejecutado”.
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El Comité, durante la evaluación, consultó sobre al menos 29 cuestiones relacionadas a violaciones a derechos humanos que incluía: falta de independencia de los poderes del Estado, garantía de ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación, acceso a la justicia, respeto de los derechos de mujeres, niños, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas de la diversidad sexual.
También señaló que el Estado de Nicaragua ha "adoptado una política de no colaboración con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, no ha cumplido la mayoría de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no ha respondido a ninguna de las solicitudes de visitas in situ que le han realizado representantes de diferentes órganos de la ONU".
La sociedad civil nicaragüense estuvo presente en la sesión realizada por el Comité en Ginebra y facilitó al menos diez informes relacionados a violaciones a derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos cuatro años. Además, denunciaron el incumplimiento del Estado a sus obligaciones internacionales y con el pueblo nicaragüense, al que representa como suscriptor de ese Pacto.
El Comité informó que las observaciones finales sobre la situación de Nicaragua y la evaluación que realizaron respecto al informe de cumplimiento del Pacto enviado por el Gobierno nicaragüense será presentando en los próximos días tras el cierre de este período sesiones. Además, le dio al Estado un plazo de 48 horas para responder a la serie de consultas hechas por ese órgano a través de cada uno de sus miembros.
