3 de abril 2023
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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años más el mandato del Grupo de Expertos en DD. HH. sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), que determinó que Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad, desde 2018 hasta la fecha. La extensión se aprobó, este lunes 3 de abril, a través de una resolución que obtuvo 21 votos a favor, cinco en contra y 21 abstenciones.
En el texto de la resolución, impulsado por las delegaciones de Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, el Consejo de Derechos Humanos hace además “un llamado urgente” a las autoridades del régimen nicaragüense a que “cesen de inmediato” los arrestos arbitrarios, liberen a todos los presos políticos y establezcan mecanismos para combatir la impunidad.
La resolución, que tuvo que ser votada por petición de la delegación cubana, fue apoyada por Argentina, Bélgica, Chile, Costa Rica, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Ucrania, Rumanía, Montenegro, Lituania, México, Sudáfrica, Marruecos, Malawi, Estados Unidos, Paraguay y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Los países que votaron en contra de la resolución, fueron: China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam. Mientras, otras 21 naciones se abstuvieron a votar, entre ellas: Bolivia y Honduras, que en votaciones pasadas habían apoyado a la dictadura orteguista.
El grupo de expertos denunció en su último informe —presentado en la actual sesión del Consejo— que el régimen Ortega-Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que recomendaron a la comunidad internacional iniciar acciones legales bajo la justicia universal contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua.
Se espera que con la extensión del mandato el GHREN profundice sus investigaciones en las estructuras de mando responsables por las violaciones y abusos de los derechos humanos, para determinar responsabilidades individuales de los perpetradores. Además, que amplíe las pesquisas en sobre otras instituciones involucradas en la comisión de crímenes de lesa humanidad, entre ellas el Ejército de Nicaragua.
El Grupo de Expertos fue creado el 31 de marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos, con el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022. En mayo de 2022 fueron nombrados los tres miembros independientes del grupo —el alemán Jan Simon, la colombiana Ángela Buitrago y el chileno Alexandro Álvarez —que renunció el pasado 31 de enero—. En junio pasado, el régimen rechazó de forma rotunda su solicitud para ingresar al país.
La sociedad civil considera que el trabajo de este equipo de expertos, que están documentando de forma rigurosa las violaciones de los derechos humanos e intentando establecer responsabilidades, es esencial para el propósito de que en algún momento se haga justicia a las víctimas.
Orteguismo desacredita informe del GHREN
La resolución de este lunes fue rechazada por la representación de Nicaragua. La procuradora general, Wendy Morales, aseguró que el texto está basado en “información falsa y distorsionada, presentadas de forma injusta, que es parte de una campaña mediática en su contra“.
En su intervención Morales demandó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “se apeguen al mandato de no injerencia”. Las delegaciones de Cuba y China apoyaron al régimen.
"No aceptamos ninguna resolución o reporte cuyo contenido sea construido con información distorsionada y tomada de fuentes que adversan a nuestro Gobierno, bajo un falso interés hacia nuestro país y su población, cuando lo que realmente contienen dichos reportes es información carente de objetividad y con un marcado sesgo político e injerencia", dijo la procuradora.
El Consejo de Derechos Humanos expresó su preocupación por el “recrudecimiento de las restricciones al espacio cívico y democrático y la represión” hacia los opositores políticos. Asimismo, instan al régimen a “combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, para lo cual proponen la realización de investigaciones independientes, transparentes e imparciales sobre las múltiples formas de represión y violencia denunciadas desde abril de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En la resolución, los países solicitan además que “la renovación del mandato se haga efectiva de inmediato, tomando todas las medidas administrativas y legales para garantizar que no se interrumpan sus trabajos, y pide al Secretario General que proporcione al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua todo el apoyo administrativo, técnico, de seguridad, jurídico, informático y logístico, así como los recursos necesarios para que pueda cumplir su mandato”.
El texto aprobado exhorta al Gobierno nicaragüense a tomar medidas para garantizar la independencia del sistema de justicia, de las autoridades electorales, así como de las fuerzas de seguridad, poniendo fin a su injerencia en estas entidades, la que se ha hecho evidente con la reclusión y expulsión del país arbitrarias de jueces y otros funcionarios.
Exigen el regreso de los “apátridas”
Sobre el retiro el pasado febrero de la nacionalidad a más de 300 críticos del gobierno y el destierro de más de 220 de ellos, el Consejo reclamó a Ortega que respete los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la nacionalidad.
Pidió que ofrezca las condiciones para que aquellos que lo deseen puedan regresar, “sin temor a nuevas represalias”.
Mencionó en particular el caso de la defensora de los derechos indígenas, Alexa Alfred Cunnningham, a quien el pasado febrero se le impidió —por orden del Gobierno— retornar a Nicaragua tras haber participado en Ginebra en una reunión de un grupo de expertos de la ONU del que forma parte.
El Consejo también ha exhortado a Nicaragua a que coopere plenamente con la Oficina de Derechos Humanos y todos los órganos de la ONU que trabajan en esta área, permitiendo sobre todo que entren al país y que visiten centros de detención sin restricciones.
