10 de julio 2019
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prolongado el acoso y la represión contra las voces opositoras, aseguró la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, quien este miércoles presentó de manera oral un informe sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto (manifestaciones cívicas) siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”, sostuvo Gilmore.
Destacó que la Oacnudh, el GIEI y la CIDH han documentado las “graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas”, pero el Gobierno se niega aceptar “la responsabilidad” de oficiales de la Policía Nacional y paramilitares orteguistas.
“Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, añadió Gilmore.
Liberación de presos políticos
La funcionaria detalló que desde febrero pasado 442 presos políticos han sido liberados, de estos 336 con “medidas alternativas a la detención” y 106 gracias a la recién aprobada Ley de Amnistía.
Añadió que, según diversas fuentes, más de 80 ciudadanos prosiguen detenidos “en condiciones severas”. “Nuestra Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección”, dijo.
Previo a la presentación de Gilmore, la Oacnudh publicó el último reporte mensual sobre Nicaragua, en el que explicó que el texto “impreciso” y de poco “claridad” de la Ley de Amnistía otorga al régimen orteguista “amplias facultades de interpretación”, respecto a los delitos y ciudadanos a los que se aplicaría.
“Las ambigüedades de redacción (en la Ley de Amnistía) podrían beneficiar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos, en contradicción con las normas y estándares internacionales”, alerta la Oacnudh.
Previo a la aprobación de la legislación, el pasado 8 de junio, la alta comisionada, Michelle Bachelet, exhortó al régimen orteguista a no aprobar la amnistía porque beneficiaría a posibles “responsables de violaciones de los derechos humanos en las protestas contra el gobierno”.
Esta preocupación es compartida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), cuya relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, mencionó en una entrevista con el programa Esta Noche que les inquietaba que la legislación “tenga como objetivo consagrar la impunidad”.
“La ley, a juicio de la Comisión, es ambigua. Nos preocupa desde un punto de vista de técnica legislativa. Es muy poco clara sobre qué delitos políticos y delitos comunes se refiere, por lo tanto nos preocupa cuál va a ser el alcance de esa ley.
Inhibir la libertad de expresión
La Asociación Madres de Abril (AMA) interpuso la semana pasada más de 25 recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, y uno de los artículos que rechazaban era el número 2, que establece que la amnistía “cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos”.
Francys Valdivia Machado, presidenta de AMA, considera que este artículo “se contrapone a nuestra legislación en vista de que no se reconoce en el Código Penal lo que son los delitos políticos.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado subrayó que el artículo 3 de la legislación “podría inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica, y emplearse para coartar el ejercicio legítimo y pacífico de dichos derechos”.
Este artículo ordena que los beneficiarios con la amnistía no repitan los delitos señalados en la legislación. “La inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta ley”.
Revisar leyes
La Oacnudh recomendó al régimen revisar con “carácter de urgencia” la Ley de Amnistía y la Ley de Atención Integral a Víctimas —aprobada a finales de mayo pasado—, para que estas garanticen un proceso “genuinamente participativo”, y sean “plenamente compatibles” con las normas y estándares aplicables en materia de derechos humanos.
“La impunidad de los responsables de graves violaciones y abusos a los derechos humanos a expensas del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, no permitirá la reconciliación”, subrayó el reporte, que añadió que la Oficina del Alto Comisionado “está presta a brindar asistencia técnica para revisar esta normativa”.
Frenar acoso y represalias
Aunque la Oacnudh reconoció la liberación de 106 presos políticos, entre ellos líderes universitarios, campesinos y periodistas, llamó al régimen a excarcelar a los más de 80 reos de conciencia que todavía permanecen secuestrados en las cárceles.
El informe contiene un detallado listado de los ataques que han sufrido tras su liberación los exprisioneros políticos y sus familias, por lo que la Oacnudh solicitó al régimen frenar la actuación de los paramilitares.
La institución llamó “al Gobierno a proteger contra ataques de elementos progubernamentales armados y cualquier acto de intimidación y represalia, a todas las personas y organizaciones que expresen disenso o crítica”.
