29 de marzo 2023
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Edder Muñoz Centeno lleva casi 500 días en la prisión “La Granja”, en Granada, desde su tercera captura, en noviembre de 2021. Al enterarse que no fue incluido en el grupo de 222 excarcelados y desterrados políticos, el pasado 9 de febrero, se “quebrantó emocionalmente” y “está psicológicamente mal, muy depresivo”, relató su esposa Maribel Rodríguez. Un sentimiento compartido en la mayoría del grupo de 37 reos de conciencia que permanecen en las cárceles del régimen orteguista.
En el sistema penitenciario de León está el preso político Kevin Castillo Prado, recapturado en 2021. El hombre de 29 años dijo a su esposa sentirse abandonado. “Ya no va a ser lo mismo porque somos poquitos”, compartió con su pareja, quien solicitó omitir su nombre por seguridad.
A ella le preocupa el estado depresivo de Castillo y la falta de atención médica. Los pulmones de su esposo quedaron débiles después que se contagió de covid-19 en 2020. Esa condición se suma a la hipertensión que padece. “Se ha visto mal con la presión”, pero no lo atienden, reclamó su esposa.
Ante el estado de terror impuesto por el régimen orteguista, los familiares de presos políticos temen hablar abiertamente sobre la situación de los prisioneros y las violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, las tres fuentes que accedieron hablar con CONFIDENCIAL coincidieron que existe un desánimo entre los reos de conciencia.
Rodríguez explicó que la familia de su esposo lo anima y explica, que pese a la excarcelación de los 222, la presión nacional e internacional para que los liberen se mantiene. Muñoz y Castillo integraban la lista oficial del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, pero relataron a sus familiares que en ningún momento fueron llamados por las autoridades de sus respectivos penales —en León y Granada— durante la madrugada en la que trasladaron a los otros reos.
Yaritzha Mairena, representante de la Unión Nacional de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), aseguró que la situación de los 37 presos políticos es “delicada” porque “han quedado bastante en el olvido”, después de la masiva excarcelación.
Para Mairena es evidente que ha disminuido la exigencia de libertad para los presos políticos y alertó que esa es la táctica de Ortega, liberar a algunos y dejar en las cárceles a otros para “bajar la presión (internacional)”.
Demanda internacional para su liberación
“Es necesario poner atención a la situación de abandono que sienten los presos políticos e incrementar las compañas, la visibilización y la presión en contra del régimen para que libere a los presos políticos”, expresó Mairena.
Los familiares de los reos de conciencia, —incluyendo diez ciudadanos detenidos antes de la rebelión cívica de 2018— solicitaron a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos su apoyo para lograr su excarcelación, mediante un comunicado leído en febrero pasado.
Los países y diversas instancias de organizaciones de Naciones Unidas han demandado al régimen orteguista libere a todos los nicaragüenses cautivos por ejercer su derecho a la protesta. Insistieron en que el Estado mostrara al obispo Rolando Álvarez, quien estuvo en desaparición forzada hasta la noche del pasado sábado, cuando el régimen orteguista divulgó fotografías y videos del prelado —con evidente pérdida de peso y pálido— vistiendo el uniforme de presidiario, pero más ajustado. En los recursos difundidos por la maquinaria de propaganda orteguista se ve al obispo compartiendo una comida con sus dos hermanos Vilma y Manuel Álvarez Lagos, en un escenario fabricado para la ocasión en la cárcel La Modelo.
El obispo Álvarez se negó a ser desterrado con el resto de presos políticos el 9 de febrero y fue condenado a 26 años de prisión y trasladado al Sistema Penitenciario de Tipitapa.
Las pésimas condiciones de los presos políticos no cambian: la paquetería no la entregan completa, la atención médica es deficiente y el derecho a patio sol es violentado. La mayoría ha recibido visitas, pero hay casos como Jaime Navarrete, quien se encuentra en celda de máxima seguridad y su familia no sabe nada de él desde hace dos meses.
Jaime Enrique Navarrete Blandón no tiene familiares en Nicaragua y su único tío, Rodrigo Navarrete, quien se encargaba de llevarle paquetería fue encarcelado en noviembre pasado.
Margine Blandón, madre de Navarrete, está desesperada porque no sabe nada de su hijo. Unas personas que se comprometieron a colaborar con la entrega de paquetería a Navarrete no han logrado hacerlo porque no les permiten el ingreso en La Modelo y tampoco les reciben los alimentos desde hace siete semanas.
Navarrete fue recapturado en 2019. Él cumplió la condena de tres años y seis meses de cárcel impuesta por delitos comunes en su segunda causa judicial Sin embargo, el juez —en un acto procesal cuestionado— unificó la pena que había sido perdonada en 2019- a través de una Ley de Amnistía-, de 22 años de prisión. Su madre, con voz llorosa, clama su libertad y pide respuestas sobre su integridad.
Sin conocer sentencia
A casi dos años de estar encarcelado, Castillo desconoce su sentencia. La última vez que lo llevaron a una audiencia judicial le informaron que le notificarían la pena, pero nunca ocurrió. “Kevin no sabe cuántos (años) le dieron”, señala su esposa, que tampoco conoce la pena.
En 2019 lo procesaron por el supuesto robo de una bicicleta y lo condenaron a un año de prisión. Salió de la cárcel en 2020, pero el 4 de septiembre de 2021 fue apresado tras un cateo violento en su casa de habitación, en León. El Poder Judicial lo acusó por supuesta tenencia de drogas. Mientras tanto, Muñoz fue condenado a nueve años por supuesto tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
La justicia orteguista imputó a los 37 presos políticos, con la excepción de monseñor Álvarez, delitos comunes para retenerlos en prisión. Los familiares rechazan las acusaciones, y aseguran que son casos fabricados por la Fiscalía. Castillo convive con otros presos comunes, con quienes soporta extremas condiciones. Su esposa se enteró que durante tres días, él junto a otras cinco personas, no tuvieron acceso a agua potable y sobrevivieron solamente con tres litros de agua.
El supuesto delito de pintar “Viva Nicaragua Libre”
Víctor Manuel Carranza Silva, 39 años; Daniel Agustín Cerrato Garay, 39 años; Axel Manuel González Garay, 20 años y Jeffrey José Ortega Orozco, 28 años, fueron detenidos el 18 de enero de este año en Managua. La Policía los detuvo e interrogó por supuestamente pintar la leyenda “Viva Nicaragua Libre” en un monumento colocado por la Alcaldía de Managua.
En el proceso judicial, la Fiscalía acusó a los jóvenes de tráfico interno de estupefacientes, lo que es rechazado por una fuente cercana a la familia. Asegura que los jóvenes fueron sacados de su casa, y no interceptados en la calle, como alega el Ministerio Público.
Los cuatro permanecen en La Modelo, donde son tratados como presos políticos. La comida es muy limitada y de mala calidad, denunció la fuente. Agregó que también han tenido problemas en la entrega de paquetería porque no les reciben todo lo que envían.
De los 27 presos políticos correspondiente al contexto de 2018, tres son sacerdotes, uno es expolicía, un familiar de persona presa política, un abogado, nueve excarcelados políticos, entre otros.
"A todas ellas se les ha detenido por ejercer sus derechos a la libertad de expresión o de manifestación y han sido víctimas de una serie de violaciones a sus derechos humanos durante su reclusión, así como violaciones a las garantías básicas de respeto al debido proceso", indica el Mecanismo en su informe de febrero pasado.
