10 de diciembre 2024
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Las políticas y prácticas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho” en Nicaragua, serán investigadas por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés).
La representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, anunció este 10 de diciembre de 2024 que la investigación “se llevará a cabo de conformidad con la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su forma enmendada”.
“A los Estados Unidos les preocupa que Nicaragua esté participando en ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho”, según una nota de prensa de la USTR.
De acuerdo con el comunicado, Katherine Tai dijo que “lamentablemente, numerosos informes sugieren que el Gobierno de Nicaragua está cometiendo actos represivos que perjudican a los propios trabajadores y al pueblo nicaragüense, socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región”.
Informes del Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y oficinas de la ONU, “documentan que el régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua comete violaciones de los derechos laborales y humanos y desmantela el Estado de derecho”, según la Oficina del Representante Comercial.
Con base en esos reportes, la USTR enumeró las violaciones y abusos de la dictadura: “arrestos y encarcelamientos por motivos políticos, represión de miembros de grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, restricciones a la libertad de expresión y movimiento, violencia contra miembros de grupos marginados, represión de la libertad de asociación y negociación colectiva, trabajo forzoso, trata de personas, eliminación de la independencia legislativa y judicial, confiscaciones espurias de propiedad, multas y resoluciones arbitrarias y otros actos perjudiciales”.
Advierten de salida del Cafta
La Sección 301 de la Ley de Comercio puede utilizarse “para responder a prácticas gubernamentales extranjeras irrazonables o discriminatorias” que afecten o restrinjan el comercio estadounidense. Además, permite al representante comercial “iniciar por sí mismo una investigación”, según la nota de prensa.
La Ley de Comercio autoriza al presidente estadounidense (Joe Biden) a tomar todas las medidas apropiadas, no solo represalias basadas en aranceles, sino también no basadas en aranceles, para abordar cualquier acto, política o práctica injustos de un Gobierno extranjero que signifique una carga para el comercio de los Estados Unidos.
En un mensaje en la red social X —antes Twitter—, el economista y expreso político Juan Sebastián Chamorro, advirtió que la investigación es la “primera acción que podría llevar a una suspensión de Nicaragua del CAFTA”.
El exviceministro de Hacienda subrayó que las “violaciones a los DD. HH., encarcelamientos, asesinatos y violación de derechos son causas que interfieren comercio con el EE. UU.”.
A finales de noviembre de 2024, un grupo de 71 nicaragüenses exiliados, en su mayoría desnacionalizados, solicitó expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), por el “autogolpe de Estado” que, a su juicio, ha dado Ortega y Murillo a través de una reforma constitucional que otorga un poder total a la Presidencia de la República sobre los demás poderes.
En un pronunciamiento, los firmantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para que “endurezcan sus sanciones y medidas contra la dictadura Ortega-Murillo, en el campo político y económico”, y los instaron “a que no se limiten a emitir declaraciones y comunicados”.
Comentarios y audiencia pública
La Oficina del Representante Comercial señaló que “el Gobierno de Nicaragua no ha respondido a las preocupaciones planteadas por Estados Unidos u otros (países) sobre las graves acusaciones de abusos de los derechos humanos y laborales y el desmantelamiento del Estado de derecho”.
“A través de esta investigación—continuaron—, Estados Unidos buscará abordar y resolver esas preocupaciones de larga data y profundamente arraigadas para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses sean tratados de manera justa y con igual respeto en un sistema de Estado de derecho”.
La USTR adelantó que ya han solicitado información al régimen “en relación con la investigación”.
Además, esta dependencia comercial abrió un expediente virtual para comentarios públicos, así como para solicitudes de personas que quieran comparecer en una audiencia pública que se realizará en relación con esta investigación, aunque no se ha detallado la fecha de esta.
“La Administración Biden-Harris está firmemente comprometida con una política comercial centrada en los trabajadores para garantizar que nuestras alianzas comerciales impulsen una carrera hacia la cima para todos los trabajadores y las personas”, dijo Tai.
