20 de agosto 2024
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La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control de la dictadura orteguista, aprobó de forma unánime un paquete de reformas a las normativas que regulan a las oenegés que operan en el país, donde ya han eliminado a más del 70% de las organizaciones de diciembre de 2018 a mediados de agosto. El paquete de reformas llegó al plenario del Parlamento para su aprobación con trámite de urgencia.
Las leyes que fueron reformadas con el voto favorable de los 91 legisladores son:
- Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (ley 1115);
- Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), y
- Ley de Concertación Tributaria (Ley 822).
Este paquete de reformas ordenadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende "regular" la ejecución de los programas y proyectos que los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) desarrollan en Nicaragua. Por lo que ahora las oenegés deberán trabajar en alianzas con el resucitado Ministerio del Interior, que justamente es quien ha empuñado la guillotina contra estos organismos.
Tras los recursos de la cooperación
Durante el “debate legislativo”, el diputado sandinista Carlos Emilio López dejó claro que este paquete de reformas constituye otro intento del régimen para acceder y controlar los recursos de la cooperación internacional.
“Esta reforma permitirá que el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan a nuestra nación y que ya no exista duplicidad ni despilfarro ni competitividad entre lo que hace el Estado y algunas expresiones de la sociedad”, manifestó el legislador sandinista.
Agregó que este “trabajo en alianza” también permitirá a las oenegés mimetizarse con el “modelo de desarrollo” que promueve el régimen sandinista.
“Ahora no solamente el Estado sigue ese modelo de desarrollo, sino que también los organismos sin fines de lucro y los agentes extranjeros se inscriben en esta línea, en esta concepción, en este paradigma, en esta práctica de desarrollo centrado en las personas, familias y comunidades”, expresó el diputado López.
Mientras tanto, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez aprovechó su intervención para enfatizar que las pocas oenegés que quedan en el país, existen solo porque, valoró, “han jugado limpio, tienen su orden, tienen al día sus obligaciones, y por tanto no tendrán problemas para crear sus alianzas”.
Controlarán proyectos de oenegés en Nicaragua
El 16 de agosto de 2024, la dictadura Ortega-Murillo adelantó la instauración de un “nuevo modelo de operatividad” para las oenegés en Nicaragua, que —según analistas— les arrebata la autonomía de sus proyectos, y pretende controlar los recursos que estas reciben.
De acuerdo con el nuevo modelo, las oenegés deberán presentar al Ministerio del Interior (MINT) o la Cancillería propuestas de “programas y proyectos de alianza”.
Las propuestas serán valoradas por Ortega, Murillo y las instituciones estatales que estén involucradas, por la temática de los mismos. Estos decidirán si aceptan o rechazan la iniciativa.
Además, con estas reformas, todas las oenegés y agentes extranjeros "no serán objeto ni sujeto de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales" en Nicaragua.
Desde finales de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado 5163 oenegés, algunas de las cuales han optado por solicitar su disolución voluntaria para conservar su patrimonio y evitar la confiscación de sus bienes.
El orteguismo, que regresó al poder en 2007 y desde entonces se ha atornillado a través de reelecciones inconstitucionales, ha profundizado su aislamiento internacional por sus sistemáticas violaciones contra los derechos humanos. El cierre masivo de oenegés también ha mermado la cooperación internacional, que ahora el Gobierno pretende controlar a partir de estas reformas.
La guillotina contra 1500 oenegés
El lunes 19 de agosto de 2024, el Ministerio del Interior (MINT) canceló a 1500 oenegés nicaragüenses, a las que acusa de “no reportar” sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años.
La mayoría de oenegés eliminadas son evangélicas y católicas, aunque también hay organizaciones sociales, hípicas, empresariales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes y de abogados.
La medida se suma a la persecución que el régimen desató en contra de las oenegés, a quienes acusó —sin pruebas— de recibir dinero de otros Gobiernos “para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras”.
