5 de mayo 2020
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El número de presos políticos en Nicaragua volvió a superar los 90, informó este lunes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, luego de cuatro meses y medio de permanecer en una media próxima a los 65.
Según un reporte de la Alianza Cívica, la cantidad de presos políticos en Nicaragua alcanzó los 93 por primera vez en el presente año.
El dato fue divulgado horas después de que la Unión Europea (UE) anunció sanciones, como restricciones de viaje y congelación de activos, contra seis funcionarios de Daniel Ortega, entre ellos dos asesores personales y cuatro jefes policiales, por "violaciones graves de los derechos humanos en Nicaragua".
"La represión, asedio y encarcelamiento por razones políticas por parte del régimen Ortega Murillo, continúan", advirtió la Alianza Cívica.
Decenas de presos políticos en los últimos meses
El número de presos políticos en Nicaragua no alcanza los tres dígitos desde diciembre pasado, cuando 166 personas permanecían en prisión por rechazar al presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. En ese mismo mes el Gobierno excarceló a 91 reos disidentes. Entonces la lista se redujo a 61 reos de conciencia, pero el número de presos políticos ha seguido creciendo desde entonces.
En la nota sobre las sanciones, la UE dijo estar a la espera de que "el Gobierno de Nicaragua cumpla en su totalidad con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición", incluyendo la liberación de los presos políticos.
En 2019 más de 620 presos políticos fueron enviados a casa, bajo libertad condicional, no obstante, los arrestos de opositores, algunos de ellos previamente excarcelados, continúan a diario, por lo que la oposición y entidades internacionales y defensores de los derechos humanos, exigen su liberación total y el cese de encarcelamientos por razones políticas.
Régimen incumple compromisos firmados hace un año
Los presos políticos son personas que han mostrado su inconformidad con el Gobierno de Ortega, han entonado el himno de Nicaragua, alzando la bandera nacional, lanzado a la calle globos con los colores del país, azul y blanco, o combinando ropas con las mismas tonalidades.
Dichas acciones son prohibidas por la Policía de Nicaragua desde septiembre de 2018, a pesar de que la medida viola la Constitución local, según los expertos constitucionalistas.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica desde el levantamiento popular contra Ortega, en 2018, que dejó cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Entre 2018 y 2019 Ortega firmó al menos tres compromisos para respetar la Constitución de Nicaragua, liberar a todos los presos políticos, garantizar las libertades públicas, respetar los derechos humanos y establecer las bases para el retorno de la democracia, pero hasta el momento no los ha cumplido.
En la Organización de los Estados Americanos (OEA) está en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.
Ortega gobierna Nicaragua desde que volvió al poder en 2007, y desde entonces ha sido reelegido continuamente cada cinco años, según los opositores, gracias a fraudes electorales.
Nicaragua no vivía una crisis similar desde los años 1980 a 1990, también con Ortega siendo presidente.
