18 de febrero 2023
AA
Share
La decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de despojar de su nacionalidad a más de 300 ciudadanos nicaragüenses, va en contra de cualquier principio legal o de derechos humanos; atenta contra la economía nacional al elevar el riesgo país, y abre la posibilidad de que otro Estado reclame a Nicaragua, por el daño patrimonial infligido a los afectados, según cuatro profesionales de distintas especialidades consultados por CONFIDENCIAL.
El pasado 9 de febrero, 222 presos políticos fueron sacados de las cárceles, despojados ilegalmente de su nacionalidad, y enviados al destierro en Estados Unidos. El 15 de febrero, el régimen añadió a otros 94 ciudadanos a la lista, los que también fueron condenados, expropiados, y declarados prófugos, pese a que lo único que se conoció de sus ‘procesos’, fue la condena.
“Esto es canibalismo jurídico. Actúan de esa manera, porque siguen defendiendo su vieja tesis de los años 80, de que ‘la revolución es fuente de derecho’. Lo que están diciendo con eso, es que la violencia es fuente de derecho, lo cual es una aberración”, aseguró un abogado exiliado en Costa Rica, que elige el anonimato para proteger a su familia que sigue en Nicaragua.
“Del 2007 para acá, ellos creen estar viviendo en la ‘segunda etapa de la revolución’, y lo demuestran haciendo lo que les da la gana. Así, vemos que solo existen las leyes que ellos quieren, cuando les conviene, e ignoran las demás”, añadió.
La decisión de Ortega y Murillo “ignora la filosofía y los fundamentos del derecho, y desconoce el contenido de los convenios internacionales de los que el país es signatario”.
Uno de los abogados que forma parte del grupo de los 94 expatriados, recordó que “está prohibido enjuiciar en ausencia. Lo que sí podés es acusar, y dejar el juicio en suspenso hasta que atrapás al prófugo. ¿Hicieron un juicio? ¿Quiénes acusaron y quiénes defendieron? ¿De qué nos acusaron?”, reclamó.
Su criterio es que “esta vez no guardaron ninguna forma, lo que es interesante con respecto a los casos anteriores, porque antes hacían la pantomima, aunque estuviera mal hecha: sin abogados defensores, en la madrugada, con audiencias en las cárceles, pero esta vez no hay nada, y sale el Tribunal de Apelaciones diciendo que los jueces de distrito fueron quienes tomaron las decisiones”, recalcó.
“Este es un caso típico para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, y aunque admite que no se puede iniciar un caso hasta no agotar el procedimiento, también advierte que hay gestiones que se pueden realizar para que el caso llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La opción es ir a la CIDH, acreditando ante ellos por qué no agotaste la vía interna. Lo bueno es que este caso es tan notorio, que ellos están claros que no hay posibilidades de agotar esa vía interna”, aclaró.
El posible reclamo español
El abogado en el exilio recordó que, según la teoría jurídica, hay dos elementos que dan origen a la nacionalidad: ius soli, que significa “yo nací en ese suelo, tengo derecho a esa nacionalidad”, y el ius sanguinis, o “derecho de sangre, que surge del hecho de ser hijo de alguien que tiene esa nacionalidad”.
“Dos de los atributos de la personalidad son el nombre y la nacionalidad, que te los da la naturaleza misma. No recuerdo ninguna dictadura que le hubiera retirado la nacionalidad a sus propios conciudadanos. El mismo [dictador Anastasio] Somoza nunca arrebató los atributos de la personalidad a Carlos Fonseca, ni a Ortega, pero este viene a quitarles algo a lo que tienen derecho por naturaleza”, compara el experto.
Ante la posibilidad de que cualquiera de los desterrados, o aquellos a los que les fue arrebatada su nacionalidad adquieran otra -como la española, por ejemplo- se abre la opción de que ese Estado haga uso del derecho y la obligación de reclamar en nombre de sus nuevos connacionales, explicó el abogado.
Lo dice basado en el hecho que “nadie puede ser declarado apátrida, y que en virtud de que les fue arrebatado ese atributo, les fueron arrebatados sus bienes, sus propiedades, sus pensiones”, todo lo cual puede ser alegado, presentado, reclamado ante cortes, instancias y foros internacionales como las Naciones Unidas, o cualquier entidad supranacional dedicada a la tutela de los Derechos Humanos.
Eso también deja abierta la posibilidad de un reclamo económico, similar al que presentó Estados Unidos para que el Estado nicaragüense compensara a los ciudadanos estadounidenses que habían sido confiscados en los años 80. La dinámica político económica que eso desató, llevó a que ese país tuviera que establecer dispensas (waivers) por más de una década, hasta que se anunció el fin de la necesidad de tal sistema, en agosto de 2015.
¿Quién quiere invertir en Nicaragua?
De igual forma, un empresario que sigue en el país tratando de mantener su empresa a flote, explicó algunas de las consecuencias que estas decisiones pueden desencadenar, afectando la economía nacional.
El empresario reconoce que es muy factible que un inversionista extranjero pueda pensar: “Si este Gobierno hace eso con sus ciudadanos, ¿qué no hará con un extranjero?”, lo que se convierte en una nueva traba para atraer inversiones.
Más allá de ese pensamiento hipotético, este empresario detecta que hay “una masa de propiedades que está en el limbo”, en referencia a las 3200 oenegés que han sido clausuradas y confiscadas “y muchas de ellas tenían propiedades a su nombre, además de los 222, los 94, y los que vienen”, enlista.
“Este tipo de prácticas deja a toda la sociedad a merced de las decisiones arbitrarias del régimen. porque si mañana quieren quedarse con la empresa de alguien, acusan de traición al gerente de esa empresa, y se la confiscan”, advirtió el abogado del grupo de los 94.
“Si fueron capaces de arrebatarle la nacionalidad a un ciudadano, son capaces de arrebatar una propiedad a un inversionista, además que esto eleva el riesgo país”, dijo por su parte el abogado exiliado en Costa Rica.
