4 de septiembre 2020
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La crisis sociopolítica y económica de Nicaragua,- producto de la represión estatal de la rebelión cívica de abril de 2018-, les obligó a salir de su país. Ahora, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 tiene a los más de 81 mil nicaragüenses refugiados y solicitantes de asilo en Costa Rica en una situación crítica que podría obligarles a devolverse, a pesar de los riesgos por los que huyeron en primer lugar.
Más de tres mil solicitudes de asilo en Costa Rica han sido retiradas, principalmente por ciudadanos nicaragüenses, aunque la gran mayoría todavía no planea volver por miedo a las amenazas y violencia del Gobierno actual.
Son datos de la más reciente evaluación humanitaria de Acnur, la agencia de la ONU para los Refugiados, que destacó que el 14% de esta población come una vez al día o menos y un 63% lo hace solo dos veces al día como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia de covid-19.
Al hambre se suma el riesgo de caer en la indigencia: el 20% no sabe dónde vivirá el próximo mes ya que no tendrá dinero para pagar la renta. El estudio, además, revela que solo el 59% de las familias tienen como principal fuente de ingresos un trabajo remunerado, mientras que antes de la pandemia el porcentaje ascendía a 93%.
Desplazamiento interno de los nicas refugiados
Tanya Amador, directora de Corner of Love, organización humanitaria con dos centros de ayuda a población refugiada en Costa Rica, señala que tras la pandemia una parte de los nicaragüenses refugiados se ha desplazado internamente de San José hacia el norte, a los poblados fronterizos con Nicaragua. Lo hacen porque no pudieron continuar pagando la renta en la capital, en busca de trabajos agrícolas en la zona y esperando poder cruzar a Nicaragua en algún momento, indicó en entrevista para el programa Esta Noche.
“Muchos de ellos se han quedado sin hogar, están en la calle, piden donaciones para pagar renta. Yo diría que muchos de ellos comen solamente una vez al día. Se habla de dos comidas, pero hay muchos refugiados que ni para eso les alcanza”, agregó.
Amador también ha notado un cambio en el perfil de quienes piden ayuda. Durante 2018 y 2019 solían ser más hombres solos quienes se acercaban a Corner of Love, mientras que hoy día son familias enteras las que acuden a sus centros en la capital y en La Cruz de Guanacaste.
Por su cercanía a Peñas Blancas, donde se encuentra el puesto migratorio oficial, en Corner of Love también atienden a extranjeros varados de otras nacionalidades, como el grupo de casi 300 cubanos que semanas atrás llegaron a la zona intentando cruzar a Nicaragua, en tránsito hacia Estados Unidos, de los cuales aún permanecen unos 190 en la zona.
Amador explicó que la ayuda es principalmente en especies mediante la entrega de ‘diarios’, es decir un paquete que incluye arroz, frijoles, azúcar, aceite, papel higiénico y otros artículos de limpieza personal. “Muchos piden zapatos o ropa y necesitan, sobre todo, donaciones pequeñas de efectivo para pagar la renta de sus cuartos”, añadió. Para subsistir y cubrir otras necesidades, también recurren a las ventas ambulantes de caramelos, bebidas o frutas.
La agencia de la ONU para los refugiados indica que el 62% de los refugiados nicas ha recibido ayuda de organizaciones de sociedad civil, agencias de la ONU o bien del Gobierno costarricense, de este último principalmente alimentos.
Sin seguro de salud
Aunque los refugiados y solicitantes de refugio serían atendidos por el sistema público costarricense en caso de contagiarse de covid-19, se encuentran desprotegidos ante otras dificultades de salud, ya que el 53% de las cabezas de familia no tiene seguro.
Afortunadamente, ante la covid-19, el 90% sí tiene acceso a agua potable y el 95% dice lavarse las manos con agua y jabón con regularidad.
Sin embargo, muchos refugiados en San José viven en hacinamiento, una condición de vulnerabilidad ante el virus, “pero también la gente trata de cuidarse lo mejor que puede, he hablado con muchos de ellos que tienen meses de no salir de casa, tomando las medidas que están a su alcance”, dijo Amador.
Volver a pesar de los riesgos
El informe de ACNUR detalla que 7% de las familias reportó que un miembro de su familia se ha regresado a Nicaragua tras la pandemia de coronavirus, mientras que en un 21% de los núcleos familiares hay una persona considerando devolverse por la falta de comida e ingresos.
El restante 73% no planea regresar a Nicaragua, la mayoría por miedo a las amenazas y violencia del Gobierno o de grupos relacionados al Gobierno. La otra razón por la que no desean volver es por la falta de acceso a servicios de salud adecuados, mencionaron los nicaragüenses refugiados.
Solo un 11% reportó que algún familiar en Nicaragua ha intentado unírseles en Costa Rica desde el cierre de las fronteras costarricenses en marzo y de ellos el 90% falló en el intento. Tras el cierre de fronteras, el Gobierno de Costa Rica desplegó un fuerte operativo policial en sus fronteras para evitar el cruce irregular de migrantes.
Mientras tanto, en la zona fronteriza, Amador teme que se vuelva a presentar una situación como la crisis humanitaria a finales de julio y principios de agosto, cuando unos 500 nicaragüenses, -la mayoría migrantes económicos, pero también algunos refugiados-, quedaron atrapados en la frontera sin poder ingresar al país, ya que el Gobierno les exigía una prueba de covid-19 negativa.
Los nicas no tenían dinero para realizarse la prueba y el Gobierno de Nicaragua no se las ofreció ni gratuitamente ni a cambio de un pago, por lo que quedaron varados durante casi 15 días a la intemperie, sin acceso a servicios básicos, expuestos al sol y la lluvia, en hacinamiento y sin alimentos.
Organizaciones como Corner of Love se presentaron a la zona para proveerles de comida y agua, mientras que otras como la Fundación Arias, recogieron dinero y coordinaron la logística para que los nicas varados pudieran hacerse el test de coronavirus y finalmente entrar a su país.
Amador explicó que su organización lleva una lista de personas que piden ayuda para pagar el examen de covid-19 y así poder devolverse a Nicaragua. “Temo mucho que la situación se repita porque algunos se desplazan hacia acá (Peñas Blancas) con la esperanza de conseguir apoyo estando en el lugar. Espero que eso no pase, es mejor que se preparen y averigüen cómo conseguir asistencia para la prueba covid”, dijo.
Gobierno violenta derechos de connacionales que desean volver
Este 3 de septiembre el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó un informe que detalla la situación de derechos humanos de nicaragüenses que sufren obstáculos para retornar a su país.
Además de la crisis humanitaria de Peñas Blancas, se han dado casos de nicaragüenses intentando volver de Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y países del Caribe que también han sido impedidos u obstaculizados de regresar a su país debido a los requisitos impuestos por el Gobierno de Ortega.
El informe también destaca, en el caso de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, “la utilización del Ejército de Nicaragua para impedir el paso de los nicaragüenses, según lo denunciaron quienes intentaron cruzar de manera irregular frente a la negativa de paso de las autoridades, siendo forzados violentamente por militares nicaragüenses a retornar a Costa Rica”.
“El Estado de Nicaragua al establecer disposiciones legislativas y administrativas, incluyendo pruebas covid-19 para sus mismos connacionales, está violentando el derecho que tiene ‘toda persona … a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país’, según lo dispone el arto. 13, numeral 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el arto. 31 de la Constitución Política de Nicaragua”, concluye el informe.
102 000 nicaragüenses han solicitado refugio en todo el mundo
La crítica situación de los refugiados se repite en otros países destino de los refugiados nicaragüenses. “La pérdida de sus medios de vida, el desalojo y el hambre, también se han informado en otras partes de la región, incluyendo Panamá, Guatemala y México”, informó ACNUR cuyos registros indican que la crisis social y política de Nicaragua ha llevado a más de 102 mil personas a buscar protección en el extranjero.
La salida masiva de nicaragüenses inició en 2018 cuando el régimen Ortega Murillo reprimió brutalmente las protestas cívicas de la ciudadanía que demandó la salida de Daniel Ortega del poder. La represión, ejecutada por la policía en coordinación con grupos civiles que portaban armamento de guerra, y las violaciones de derechos humanos, consideradas por organismos de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, dejaron más de 300 muertos, miles de heridos, centenares de presos políticos y decenas de miles de exiliados.
