25 de septiembre 2022
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Un estudio realizado por el observatorio de violencia política Urnas Abiertas señaló que en Nicaragua existe insatisfacción con el desarrollo del país y con la transparencia de las autoridades municipales, controladas mayormente por el Frente Sandinista.
“A nivel general se observa insatisfacción en los principales servicios municipales que responden a la cotidianidad de la población como: recolección de basura, alumbrado público, ornamento, reparación y mantenimiento de caminos, administración de mercados y cementerios”, señalan.
El estudio, desarrollado en el contexto de las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre, está basado en investigaciones documentales y en un sondeo aplicado en julio pasado a 773 nicaragüenses con edad de votar, en 143 de los 153 municipios del país.
Este determinó que la percepción sobre el desarrollo de Nicaragua obtuvo 1.9 puntos de un máximo de 5, con lo que fue clasificado como “incipiente”.
Alcaldías preocupadas por recaudación de fondos
Según Urnas Abiertas, los encuestados afirmaron que las autoridades municipales, la mayoría pertenecientes al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), “están dando prioridad a servicios municipales que les permiten recaudación y dejando desatendidos los servicios que responden a las demandas y necesidades ciudadanas”.
Los departamentos mejor valorados en este Índice de Gestión de Servicios Municipales fueron: Boaco (2.95), Chontales (2.79) y Carazo (2.7), mientras que los peor valorados corresponden a: Estelí (1.75), Chinandega (1.67) y Costa Caribe Sur (1.63).
La capital fue clasificada como 2.07, sin embargo, por la falta de información y prevalencia de “la corrupción en los territorios que conforman el departamento no son considerados como eficientes en su administración” por los encuestados.
Participación ciudadana afectada por represión
En el tema de “participación ciudadana”, las autoridades nicaragüenses obtuvieron un puntaje de 1.71. Este es el punto peor evaluado y se explica por la violación a derechos como libertad de expresión, de reunión, de asociación y movilización de los últimos años.
“El deterioro de la participación ciudadana se da producto tanto de la persecución política a personas opositoras como de la instrumentalización y utilización de personal y recursos locales que van en detrimento de los mecanismos de democracia participativa que existen en el ordenamiento jurídico nicaragüense”, señalan.
El informe enfatiza en que a nivel general se observa la prohibición de la participación ciudadana a los nicaragüenses que no son militantes sandinistas. Por lo cual, el reto sería recuperar estos espacios de participación en una futura transición democrática.
Los departamentos peor evaluados en cuanto a la participación ciudadana son Masaya (1.01), Costa Caribe Sur (1.35) y Chinandega (1.40). Managua fue calificada con 1.84. Sin embargo, se observa que en los municipios que conforman el departamento hay mayor control y represión de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien usa la represión institucional y el espionaje para manejar a la población.
Poca claridad en rendición de cuentas
El estudio, que incluye un análisis del Índice Transparencia y Rendición de Cuentas de los municipios en Nicaragua, determina que existe “poca” claridad en el manejo de los recursos estatales.
Las instituciones encargadas de la vigilancia, como la Contraloría General de la República (CGR) , “realizan acciones de menor impacto que no resuelven ni de manera estructural ni coyuntural el estado precario de la transparencia municipal”, según Urnas Abiertas.
Entre 2011 y 2020, la CGR auditó al 58% de las instituciones municipales y se encontraron responsabilidades a funcionarios de 71 alcaldías, en los últimos cinco años de ese período.
“En estas se dieron 'responsabilidad administrativa' a 319 trabajadores municipales, mientras que 237 dieron 'responsabilidad civil', y 49 fueron señalados con 'presunción penal’'. En algunos casos las responsabilidades se catalogan en administrativas y civiles pues pertenecen a ambas categorías”, explican.
El equipo de investigadores realizó una búsqueda en el sitio web de la CGR para profundizar en los casos que establecieron responsabilidades penales y solo encontraron 21 resoluciones, de estos casos en diez hubo perjuicio económico por más de un millón de córdobas.
“De los 21 casos encontrados con presunción de responsabilidad penal, 14 de ellos implican a los alcaldes que ejercían su función en el período auditado. Hubo diez casos con cifras millonarias (más de un millón de córdobas) en perjuicio económico. En estos, se les otorgó presunción de responsabilidad penal a todos los alcaldes en función”, detallan.
Sin embargo, en la mayoría de los casos con responsabilidad penal no siguieron el curso establecido de las investigaciones y los casos fueron desvanecidos.
El estudio fue presentado cuando faltan poco más de dos meses para las elecciones municipales, en las que más de 3.7 millones de nicaragüenses, de un total de 6.6 millones de habitantes, podrán elegir a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país. Se espera que el FSLN, que actualmente gobierna 141 alcaldías, mantenga o amplíe dicha cantidad.
