13 de enero 2022
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Un país convertido en una cárcel para la libertad de expresión, en la que los objetivos son los periodistas, escritores y su mejor herramienta: la palabra. Ese fue el retrato de la situación de 2021 que presentó este jueves 13 de enero Voces del Sur, un colectivo de 12 organizaciones de la sociedad civil en América del Sur que defiende la libertad de prensa, y que aseguró a los nicaragüenses “que no están solos”.
El informe, presentado por Guillermo Medrano, investigador de ese organismo, revela que documentaron 702 incidentes contra el periodismo, casi el doble del año anterior (360) y un poco menos que los de 2018, cuando la situación de violaciones a derechos, cometidas por el régimen de Daniel Ortega, se intensificó.
El documento de 2021 puede ser leído en la edición digital del diario La Prensa, socio local de Voces del Sur desde el cierre de la Fundación Violeta Barrios Chamorro desde el año pasado.
Según las estadísticas, de esos 702 incidentes, 171 fueron dirigidos contra personas y 50 a medios de comunicación independientes. El repaso de las violaciones va desde la consumación de la confiscación de instalaciones de medios independientes como CONFIDENCIAL y 100%Noticias, así como los angustiantes asedios a periodistas a las puertas de sus casas en el olvidado caribe nicaragüense como el caso de Kalúa Salazar, periodista de la radio La Costeñísima.
En mayo pasado, la escalada represiva de la dictadura contra sus críticos inició con la ocupación de las oficinas provisionales de CONFIDENCIAL en Managua, las segundas desde la confiscación de las instalaciones en 2018 que este año fueron convertidas en un centro de atención médica con los cuales el Estado intentó justificar el despojo.
En cambio, la toma a manos de agentes del Estado de las oficinas del diario La Prensa, el decano del periodismo nacional con sus 95 años de historia y el encarcelamiento de su gerente, bajo acusaciones falsas de lavado de dinero, igual que el acoso judicial a los miembros de la antigua Fundación Violeta Barrios constituyeron otros hechos destacables. La intervención del matutino convirtió a Nicaragua en el único país en la región que no tiene un diario que circule de manera impresa.
La retención de pasaportes a periodistas que intentaban realizar viajes al exterior y una serie de actos intimidantes que provocaron que 52 comunicadores se radicaran en el exilio para resguardar su identidad, cierran un año de tal retroceso en materia de libertades que coloca a Nicaragua como uno de las más graves situaciones en el continente.
En el evento, que fue transmitido en directo además por una red de medios locales como Despacho 505, IPNicaragua, La Lupa, 100%Noticias y artículo 66. “A pesar de las adversidades y el ambiente hostil, la prensa independiente reafirmó su compromiso con la verdad”, afirmó Medrano.
Voces del Sur, a través de su aliado local La Prensa, puso en un gráfico las diferentes agresiones sufridas por el periodismo durante 2021.
Discurso estigmatizante contra periodistas
El experto destacó el discurso estigmatizante, propiciado desde la cúpula del poder, que conllevó a que incluso los periodistas fueron víctimas de una campaña en el tema de la vacunación, cuando el oficialismo los expuso en notas de propaganda como opositores recibiendo la primera dosis de la vacuna gestionada por el “buen gobierno de Nicaragua”, refiriéndose a la dictadura, un contrasentido con la realidad porque se trata de un derecho ciudadano.
En la actividad participaron desde el exilio la poeta Gioconda Belli, una de las más reconocidas intelectuales de Nicaragua, y el periodista Octavio Enríquez, del equipo de CONFIDENCIAL y miembro de la red latinoamericana de periodismo de investigación Connectas. El programa fue conducido por Dagmar Thiel de FundaMedios en Estados Unidos y Claudia Cadenas de Voces del Sur.
Enríquez, quien confirmó su exilió en agosto pasado, ofreció un panorama de la libertad de expresión bajo una dictadura, y recordó el legado de Pedro Joaquín Chamorro, héroe de las libertades públicas asesinado hace 44 años por la dictadura de Somoza, un compromiso con la libertad que debe inspirar a esta generación que le tocó reportear sobre estas graves violaciones a derechos humanos.
“La situación del gremio no se puede disociar de lo que ocurre con la población. Como testigos, contar los hechos supone un riesgo mayúsculo, investigar y abrir un debate público se convierte en una ofensa para los regímenes intolerantes a la crítica”, dijo Enríquez, quien hizo un llamado a seguir trabajando y hacer alianzas periodísticas que permitan sortear la censura.
La sesión finalizó con la poeta Belli, quien tiene una obra traducida a más de veinte idiomas y que ha cosechado múltiples premios a nivel internacional entre ellos el Sor Juana Inés de la Cruz, recordó que el régimen de Ortega este año intentó callar a periodistas y escritores y puso en la mesa la represión dirigida a través de la ley de Agentes Extranjeros que provocó el cierre de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y el capítulo PEN de Nicaragua de la que ella fue presidenta.
La persecución del régimen llevó al encarcelamiento de Cristiana Chamorro Barrios, presidenta de la FVBCh, a quien la dictadura mantiene bajo régimen de casa por cárcel y a la detención arbitraria también de los trabajadores de la misma organización, Marcos Antonio Fletes y Walter Gómez. Sumado a la amenaza a otros trabajadores como Lourdes Arróliga, junto a reconocidos periodistas como María Lilly Delgado.
El proceso judicial contra los integrantes de la FVBCh, en que el Estado acusó a sus directivos por el supuesto delito de lavado de dinero, bajo la falsa hipótesis de los que fondos se canalizaron para derrocar a Ortega en 2018, provocó que fuesen convocados a la Fiscalía 158 personas, de las cuales 52 fueron periodistas. En algunos casos, las sesiones se convirtieron en amenazas directas que buscaban coartar la libertad de expresión, usando el método del terror.
Ortega, y el Estado bajo su servicio, sostiene la tesis que las protestas pacíficas de 2018, las cuales fueron reprimidas con crueldad por el régimen, fueron un intento de derrocarlo, algo que ha sido desmentido con firmeza por los familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos, periodistas y la comunidad internacional.
Belli recordó los casos de Sergio Ramírez, premio Cervantes 2018, amenazado también con arresto y cuya última novela “Tongolele no sabía bailar” fue secuestrada por la Dirección General de Aduanas para impedir que fuese distribuida en Nicaragua, y su propio caso para enfatizar que la persecución también se ha realizado contra quienes usan la palabra en el ámbito artístico.
“Es muy típico de las dictaduras tratar de aplastar la palabra”, sostuvo Belli, quien leyó dos poemas (“Despatriada” y Canción de Cuna para un País suelto en llanto) y dijo, a manera de anhelo, que quiere una Nicaragua “donde se pueda cerrar los ojos y dormir tranquila en la noche, “donde no haya el peligro que lleguen a romper las puertas”.
Otro informe igual de desolador
Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + informó en un reporte que el total de periodistas que se han exiliado desde 2018 suma al menos 120.
"A la fecha se contabilizan más de 120 periodistas nicaragüenses solicitando refugio en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros destinos. La cifra sigue aumentando", señaló el organismo de derechos humanos.
La situación de los periodistas se suma al contexto adverso recogido tanto por Voces del Sur como el Colectivo, en el cual se confirma que las autoridades mantienen ocupadas las redacciones del canal de televisión 100 % Noticias, el periódico digital Confidencial y del diario La Prensa.
Además, desde abril de 2018, las autoridades estatales han cerrado más de 20 medios locales y ejercen en la actualidad presiones económicas contra los canales de televisión 10 y 12 y la emisora Radio Corporación. (Reporte con información de EFE)
