22 de marzo 2017
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En la última década en Nicaragua, 16 mil 400 niñas menores de catorce años han dado a luz. Una cifra que se torna más alarmante debido a que estos embarazos son producto de violaciones. El drama se complica ante la inacción del Estado, que impone la maternidad a estas menores en detrimento del interés superior de su bienestar, como establece en la Constitución Política.
Es decir, 1 mil 640 partos de niñas cada año en Nicaragua. Los datos son del Instituto de Medicina Legal, que dan una media de cuatro menores pariendo a diario, y pocos procesados legalmente por ello. El Código Penal de Nicaragua establece en el artículo 168 que “cuando la víctima tiene menos de 14 años debe presumirse la falta de consentimiento y, por tanto, la violación”.
“Las cifras son alarmantes, son grotescas”, calificó Mayte Ochoa, asesora de políticas de Ipas Centroamérica. Esta organización publicó una investigación titulada “Embarazo impuesto por violación: niñas menores de 14 años”, que, a través de 15 casos de menores, esboza un panorama sobre el abuso sexual y la maternidad forzada en el país.
Según este documento, la violencia en todas sus formas, el abuso sexual y la violación, el embarazo infantil y la maternidad impuesta en esa etapa de la vida, son de manera conjunta un problema multidimensional: de salud, social, jurídico demasiado frecuente y desatendido.
“Son tantos los casos de delito de violencia sexual que se podría hablar de una epidemia-endemia no declarada oficialmente”, asegura la investigación.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) del año 2012 reveló que 8 de cada 10 mujeres con antecedente de violación reportaron que este hecho se dio antes de la edad de 18 años. Peor todavía: la mitad de esas violaciones ocurrieron antes de la edad de 14 años.
Martha María Blandón, directora de Ipas Centroamérica, explicó en el programa Esta Noche que las consecuencias de la violación son numerosas. Van desde lesiones, daños prolongados a la salud mental, infecciones de transmisión sexual como el VIH, y el embarazo impuesto.
“Una niña de once años que lleve en su vientre un embarazo la puede matar”, resaltó Blandón, en referencia a la alta mortalidad materna en niñas y adolescentes, documentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La directora de Ipas Centroamérica aseguró que las características de las niñas violadas y que luego salen embarazadas las definen la extrema pobreza en la que viven, pierden su derecho a ser niñas al asumir oficios en casa y el abusador, generalmente, es un familiar o un conocido.
Cifras más actualizadas de Medicina Legal (de 2016), exponen que casi en el 80% de los casos de las niñas menores de catorce años violadas, los abusadores fueron “padres, padrastros, otro familiar, o conocido”.
Nicaragua es el país de Latinoamérica que más embarazos adolescente presenta. Otro estudio preparado por el Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) determinó que tres de cada 10 mujeres tuvieron un hijo antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, los estudios revelan que cuando la edad sobrepasa los catorce años, generalmente se trata de relaciones sexuales consentidas entre adolescentes que no usan métodos anticonceptivos.
En el caso de las menores de catorce años, la dinámica es distinta. “Desde un punto de vista estadístico, las violaciones y lo embarazos infantiles (entre los 10 y 14 años) podrán parecer solo una pequeña fracción”, plantea la investigación de Ipas Centroamérica. “Pero en el caso, de los embarazos infantiles, todos, o casi todos, son productos de la violación perpetrada por hombres adultos cercanos a la niña”.
El Estado ausente
La investigación de Ipas Centroamérica partió del análisis cuali-cuantitativo de 15 niñas menores de catorce años violadas. La mitad de ellas estaban embarazados y las otras no. Además, entrevistaron a madres, abuelas y otros familiares para entender el impacto que las violaciones y las maternidades forzadas tienen.
Recurrieron a los pocos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y a herramientas como test psicológicos para evaluar su estado de salud mental de las víctimas.
Las niñas embarazadas expresaron el deseo de no seguir gestando, de acuerdo a Blandón. “Sin embargo, nadie les ofreció a ellas la interrupción del embarazo para no asumir un rol de mujer adulta ni les ofrecieron la posibilidad de adopción”, afirmó la directora de Ipas Centroamérica.
Es en este caso que la asesora de políticas públicas de Ipas Centroamérica, Mayte Ochoa, reclama la omisión y falta de protección del Estado para con las niñas. Pese a que existe el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en Nicaragua (MAI), en las dependencias estatales no es implementado. Más bien —dijo— son revictimizadas por las autoridades, que las entrevistan una y otra vez para tratar de probar una violación, mientras que el agresor no es cuestionado.
Ipas Centroamérica además reclama que el Ministerio de la Familia no cumple el rol establecido constitucionalmente de velar por el interés del bien supremo de las niñas, ya que más bien la lógica es imponer la maternidad. En muchos casos lo que sucede es que las víctimas son trasladadas a albergues del ministerio mientras están en cinta, y cuando paren son regresadas a sus casas con un bebé, y donde vive su agresor.
Según Ochoa, la “justicia se vuelve una utopía para las niñas”. De acuerdo a la investigación, lo más difícil para las niñas y sus madres son los estigmas remarcados por la comunidad, como la perdida de la virginidad, entendida como lo que determina el valor de una mujer.
Blandón dijo que en los test realizados a las víctimas encontraron índices de depresión que superan los límites patológicos aceptables, porque las niñas “guardan sus emociones para no sufrir mas consecuencias del mandato de ser madres”. “Fingen aceptar la realidad con docilidad, y muchas de ellas expresaron ideas suicidas”, resaltó la directora de Ipas Centroamérica.
