Negligencia médica intencional: “Tenían voluntad de matar”

Las marcas de proyectiles en las paredes de la parroquia Divina Misericordia –localizada a unos metros del campus central de la UNAN, en Managua– recuerdan el ataque que un centenar de personas sufrieron el 13 de julio, cuando hombres con armamento de alto calibre –según los testigos– abrieron fuego y mantuvieron la balacera durante horas. El doctor Ricardo Pineda estaba dentro de la parroquia aquel día. A él le tocó auxiliar y ver morir a dos jóvenes que se habían atrincherado en la UNAN y que buscaban refugio en el templo. “Tiraron a matar”, asegura el médico que ha huido a Costa Rica por la persecución desatada por el régimen de Daniel Ortega contra los profesionales de la salud que atendieron a los heridos en el marco de la represión contras las protestas en Nicaragua.

“Pasamos una noche bajo ataque, bajo fuego pesado, con ametralladores como la PKM, que son de uso exclusivo del Ejército, que no sabemos qué andan haciendo en manos de paramilitares”, relata el médico en San José, Costa Rica donde ahora se encuentra refugiado. “Esos muchachos fueron asesinados por francotiradores especializados, con fusiles especiales para eso. Los dos fueron impactados en sus cabezas, con proyectiles de alto calibre. A Yerald Vásquez prácticamente le desbarataron la parte posterior del cráneo, y a Francisco Flores le entró un proyectil por el oído. Son muchachos que murieron en manos de sicarios profesionales”, afirma Pineda.

Un equipo de CONFIDENCIAL viajó a mediados de octubre a Costa Rica para entrevistar a los nicaragüenses que han buscado refugio en ese país por la violencia en Nicaragua. Muchos de ellos son jóvenes que participaron activamente en los tranques y que sobrevivieron a la “Operación Limpieza” desatada por Ortega y Rosario Murillo. También hay personas que huyeron de sus barrios por las amenazas tras participar en las manifestaciones y hay al menos una veintena de médicos y personal de salud. Tres de ellos denunciaron cómo las autoridades desvirtuaron la naturaleza del sistema de Salud, convirtiéndolo en un arma más de la represión.

Los francotiradores

Desde el inicio de las manifestaciones el doctor Pineda se involucró para brindar apoyo médico. Estuvo en las afueras de “El Chipote”, las celdas denunciadas como centro de torturas, con atención a los familiares que esperaban noticias de los apresados, la mayoría madres, algunas con problemas de hipertensión, ansiedad y crisis nerviosas. Pineda también participó en las protestas: estuvo el 30 de mayo en la apoteósica marcha del Día de las Madres, que también fue blanco de armas de guerra. “Atendí a muchachos con disparos en la cabeza, disparos que venían desde una larga distancia, desde una posición más alta, de ventaja de tiradores especializados. Como médicos damos fe de que estas lesiones no son producto de encuentros a corta distancia, sino de larga distancia, con proyectiles de alto calibre y balas de alta velocidad”, afirma el médico.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que a inicios de mayo desplegó una misión en Nicaragua– afirma que de conformidad con los testimonios recibidos durante su estadía en el país se desplegaron “como otro medio de represión francotiradores respecto de los cuales había elementos para indicar un vínculo con agentes del Estado”. El informe establece que según información recibida de parte de integrantes del personal médico de hospitales públicos de Nicaragua, “se habrían atendido numerosas víctimas con impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, así como en la espalda”. Para este organismo de la Organización de Estados Americanos, “la mecánica y trayectoria de los disparos indicarían usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales”.

Entre las víctimas de estos francotiradores está Jonathan Morazán, un joven de 21 años asesinado por un disparo certero el 30 de mayo. “A mí hijo lo asesinaron los paramilitares. Fue un francotirador”, aseguró su madre, Josefa Esterlina Meza. El joven fue uno de los muchachos que el doctor Pineda intentó salvar aquel día. Jonathan falleció en el hospital tres días después. Una investigación publicada en CONFIDENCIAL en mayo comprobó, a través de tomografías de los fallecidos en el Hospital Lenin Fonseca de Managua, el uso de armas de alto calibre e impactos realizados por francotiradores. Todas las víctimas sufrieron heridas letales en cabeza, cuello y tórax.

ESPECIAL | EL ÉXODO A COSTA RICA

Negligencias en el HEODRA

“María” formaba parte del personal de salud del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, en León. Ella también ha buscado refugio en Costa Rica y solicita mantener en reserva su identidad. Denuncia el uso de francotiradores para reprimir las protestas y la decisión de las autoridades del HEODRA de ocultar las causas reales de los fallecimientos. “Alteraron muchas veces lo que era la historia clínica de los pacientes, incluso hubo pacientes a los que se le hacía doble expediente: uno en el que sí se decía la verdad y otro donde se alteraba la información. Con el fin de hacer desaparecer el expediente de esos pacientes por lo que había sido el verdadero motivo de su hospitalización. Por ejemplo, un paciente al que se le había encontrado un proyectil en la cabeza, disparado por personas calificadas como un francotirador, o un proyectil en el cuello o en el tórax y a veces en el corazón”.

El 19 de abril se desató la primera ola de represión en León. Policías, paramilitares y turbas del Frente Sandinista atacaron con impunidad a los ciudadanos. La orden era apedrear las casas de quienes eran calificados como “traidores”. La cifra de heridos aumentó, así como los casos de negligencia médica. “Fuera de las emergencias, sin ninguna técnica de antisepsia y asepsia, la directora del hospital y un trabajador extrajeron una bala de un paciente en el miembro inferior. Cambiaron el suero por agua en el caso de un paciente de ortopedia. Un trabajador de la salud se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se le informó a la familia para que abandonaran rápidamente la institución a escondidas de las autoridades, puesto que corría peligro la vida de esa persona”, relata María. “Hubo una ocasión que una persona estaba en el quirófano y los antimotines dijeron a las personas del quirófano que ellos estaban autorizados por la dirección del hospital a entrar hasta donde estaba el herido, que estaba siendo atendido quirúrgicamente. Los médicos rechazaron la entrada, pero ellos lo que hicieron fue quejarse con la dirección del hospital. La directora subió con un tono amenazante a despedir a quienes no habían acatado las órdenes, porque los antimotines alegaban que la directora del hospital había autorizado, que ese era un reo. Él estaba entre la vida y la muerte en la sala del quirófano”. CONFIDENCIAL intentó conocer la versión de la directora del HEODRA, Judith Lejarza Vargas, sobre estas graves denuncias, pero no atendió a nuestras llamadas y mensajes.

En su informe de mayo la CIDH recogió las denuncias de que varios hospitales habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un muchacho de apenas 15 años a quien dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor vídeo lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “Me duele respirar”.

“María”, extrabajadora del HEODRA, corrobora estas denuncias. “Ellos, la parte orteguista, los médicos y enfermeros que estaban a favor del régimen, llegaban muy temprano a emergencias a tratar de bloquear las entradas de pacientes”.

María formaba parte del personal médico del HEODRA. Desde Costa Rica denuncia negligencia de las autoridades del hospital al atender a los heridos en el marco de la represión. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

La emergencia en los tranques

La “Comandante Monimbó” es una excruzrojista, que fue bautizada así en el tranque de San Pedro del Lóvago porque anteriormente estuvo en Monimbó y organizó puestos médicos en las barricadas de Masaya. Con más de 30 años de experiencia como paramédica, cuenta a CONFIDENCIAL que llegó a Lóvago alarmada porque se había enterado que no había nadie quien diera atención médica en el tranque, uno de los principales de Nicaragua. “Me entró preocupación. Pero ya no había capacidad para montar más puestos médicos y tampoco había elemento humano. Entonces me aboco con una amiga abogada y consigue ayuda económica de México. Con eso le montamos el puesto médico a Lóvago. De no haber sido así hubieran muerto todos los heridos, tanto policías como autoconvocados de Morrito, que se atendieron dentro de mi puesto médico, dentro del tranque”, explica la excruzrojista.

A mediados de julio, en lo más crudo de la “Operación Limpieza” decenas de paramilitares llegaron a Lóvago, con el objetivo de arrasar con el tranque. Lo que ocurrió aquel día no se conoce con exactitud, así como la cantidad de muertos y heridos. Las fuerzas irregulares bajo órdenes de Ortega –denunciaron supervivientes de la masacre– impidieron que personal médico, religiosos y organizaciones de derechos humanos ingresaran a la zona para conocer la magnitud de la masacre. La “Comandante Monimbó” tuvo que atender sola a los heridos que llegaban al tranque: “Nos llega la voz de que se da un combate en Morrito y que hay heridos y no tienen dónde atenderlos. Entonces los jefes del tranque dicen que los traigan  a Lóvago porque ahí estaba la brigadista. Comenzaron a llegar los heridos. El primer herido que me llegó fue un señor con una herida de bala en la boca y un balazo en el brazo. Se le dieron los primeros auxilios necesarios y luego se le trasladó en una Hilux de otro ganadero. No teníamos acceso al puesto médico de Juigalpa, porque la Policía y paramilitares se habían tomado la entrada del hospital para evitar el ingreso a los heridos”.

Acusan a Gustavo Porras y Sonia Castro

En San José el doctor Pineda responsabiliza a la Ministra de Salud, Sonia Castro, y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, en su rol de secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) por la negligencia en la atención de la crisis. “La Ley y las instituciones establecen que se deben hacer una investigación sobre estas denuncias. ¿Por qué Sonia Castro, por qué Gustavo Porras, no han impulsado investigaciones sobre todos estos hechos? La Ley lo indica, lo manda. Ellos son negligentes. No nos llamemos a engaños: la única persona que podía dar la orden para que todas estas cosas pasen en el Ministerio de Salud, se llama Gustavo Porras. Tienen la voluntad de matar. Voluntad que se ha hecho palpable por gente que dispara, por instituciones que no atienden a los heridos y que dejan que se mueran en la calle, y por instituciones que cuando los estudiantes o personas que protestas están detenidas les niegan la atención de salud”.

Pineda demanda que la obstaculización intencional de la atención médica debe ser investigada. Y para rescatar al sistema de salud pública, los responsables deben ser procesados. “Es un combo de genocidio, de delitos de lesa humanidad, que tendrán que ser investigados. Si no se conforma una Comisión de la Verdad no vamos a dar el primer paso para la reconstrucción de Nicaragua, que es la justicia. Las personas que cometieron errores tienen que enfrentar sus consecuencias. Esto no es venganza, es justicia”.