7 de marzo 2018
AA
Share
Después que centenares de mujeres han muerto por la violencia machista en Nicaragua durante los últimos cinco años, la vicepresidenta Rosario Murillo se declaró “preocupada” por los casos, que ya suman nueve en lo que va de 2018. Sin embargo, lejos de proponer una solución a esta escalada violenta, que cada día se torna más cruda y atroz para las víctimas, la funcionaria la minimizó bajo el argumento de que el país es el que menos “homicidios de mujeres” presenta en la región en ese quinquenio.
“Tenemos aquí que en Guatemala el total entre el 2013 y 2017 es de 3 mil 50. En Honduras de 2 mil 285; El Salvador, 2 mil 75; estamos hablando de 5 años, del 2013 al 2017, inclusive. República Dominicana, 859; Nicaragua, 322. Nos hace falta Costa Rica, vamos a buscar esas estadísticas también y Panamá, que nos van a entregar sus estadísticas en los próximos días (sic)”, declaró Murillo a los medios oficiales.
La vicepresidenta se vio obligada a reaccionar después de los terribles casos registrados en menos de tres semanas en Estelí. Murillo le solicitó a la jefatura de la Policía Nacional un informe para conocer el número de femicidios registrados entre los años 2012 y 2016.
“Como vemos, las mujeres víctimas de muertes homicidas en Nicaragua son menos que en los otros países. No nos alegra, no estamos celebrando tener menos mujeres víctimas de muertes homicidas, es decir, menos mujeres víctimas de lo que se conoce como femicidios (…) tener una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres víctimas es mucho”, dijo Murillo.
Católicas por el Derecho a Decidir contestó con indignación a las declaraciones de Murillo, vertidas en la prensa oficialista este primero de marzo. Según este organismo no gubernamental, la postura de la vicepresidenta “no es más que otra expresión” para intentar invisibilizar los femicidios que se registran “en aras de proyectar una falsa imagen de bienestar social inexistente en Nicaragua, que contradice la realidad de los cientos de madres y los huérfanos existentes en nuestro país a causa de los femicidios”.
Carlos Herrera | Confidencial
La organización no gubernamental señaló que si las tazas de femicidios se midieran numéricamente, Murillo tendría razón en afirmar que Nicaragua es el que menos registra en la región. “Pero no solo debe tomarse en cuenta el número de casos sino su relación con la cantidad de habitantes y la densidad poblacional del país, entre otras cosas. Por ello, le recordamos que nuestro país tiene menos habitantes y menos densidad poblacional que el resto de los países centroamericanos”, contradice Católicas por el Derecho a Decidir.
El equipo de coordinación de Católicas por el Derecho a Decidir, encabezado por Magaly Quintana, lleva un conteo de femicidios basado en estándares oficiales paralelo al oficial. En estos cinco años han registrado más de 334 femicidios, aunque reclaman que las cifras las obtienen a través de las denuncias de los medios de comunicación y su equipo de abogadas, ya que las instituciones del Estado no brindan información pública.
Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), también se mostró incrédula ante las cifras presentadas por Murillo, ya que su administración suele “maquillarlas”. Además, recordó que el mismo Gobierno del comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo reformaron la Ley 779, que castiga la violencia de género, y redujeron el femicidio al ámbito privado de pareja. De tal manera que dejan por fuera la inequidad de género en todas las demás relaciones y dinámicas sociales, como por ejemplo el asesinato atroz de la niña de 12 años en Pueblo Nuevo, municipio de Estelí, a manos de su tío y otro sujeto.
“Son cifras vacías. Por ejemplo, organismos reconocen que Nicaragua avanza en equidad de género al tener más mujeres en cargos públicos como dice el discurso oficial. Sin embargo, la realidad demuestra que está contra las mujeres”, ejemplificó Jiménez. “Hay más mujeres en el Parlamento y es cuando más retrocesos ha habido con la reforma de la Ley 779”, agregó.
Por su parte, Católicas por el derecho a Decidir insistió en que cada vez es aún más pobre el registro y análisis de datos relacionados a esta problemática social, desde la contrarreforma a la Ley 779, “llevada a cabo claramente con ese mismo objetivo generalizado de las autoridades de invisibilizar los casos de femicidios, dejando solamente incluidos como femicidas a las parejas y exparejas o aquel que pretenda algún tipo de relación con la víctima”.
“Ni siquiera les llama femicidio”
Juanita Jiménez, del MAM, y Mayte Ochoa, de Ipas Centroamérica en el programa Esta Noche. Carlos Herrera | Confidencial
Mayte Ochoa, asesora de políticas públicas de Ipas Centroamérica, criticó que Murillo les llame “homicidio de mujeres” a los femicidios, cuando en la legislación nacional el delito está claramente como tal.
“El Estado quiere invisibilizar esta problemática. Quiere tapar que no es grave y no quiere hacerse cargo de la familia y los huérfanos que deja la violencia machista. Hay impunidad, permisividad al no perseguir a los femicidas”, afirmó Ochoa.
Jiménez coincidió con Ochoa y aseguró que Murillo pretende “ocultar la violencia de género y sus causas estructurales” al categorizarla como “homicidio”.
Para Ochoa resulta contradictorio que el Gobierno afirme en su discurso que protege a la familia, cuando con la reforma a la Ley 779 manda a las mujeres a mediar con sus agresores. A eso suma la eliminación de las Comisarías de la Mujer, cuando se trata de un sector que necesita atención especial. “No hay voluntad política real de cambiar las cosas”, sostuvo la asesora de Ipas Centroamérica.
Jiménez advirtió que esta situación alienta la impunidad en los agresores y envía un mensaje negativo de “violencia simbólica” a las mujeres: “Por eso hay más nivel de saña y odio hacia el cuerpo de la mujer. Según relatos que hemos recibido, hay amenazas hacia las mujeres de que les van hacer cosas como arrancarle la cabeza, al igual que sucedió con Karla Rostrán”.
Jiménez dijo que tanta violencia, desprotección e impunidad encuentran explicación en la eliminación del modelo de atención integral de la violencia de género, que no solo debe enfocarse en las sanciones sino también en la prevención.
