Mujer, campesina y líder social

Los resultados preliminares de un estudio que analiza cómo los megaproyectos estatales o corporativos han generado una proliferación del liderazgo femenino en comunidades rurales, fueron discutidos durante un conversatorio organizado este martes en Managua. Sofía Montenegro, socióloga y autora de la investigación, destacó que las mujeres de origen campesino se están pronunciando contra el modelo extractivista mantenido por el gobierno de Daniel Ortega, pues afecta su derecho a la tenencia de la tierra.

La indagación exploratoria, conducida por el Centro de Derechos Constitucionales, involucró a mujeres de origen campesino que habitan en 14 municipios del país, en donde hay conflictos territoriales vinculados a concesiones mineras, represas, explotación de cultivos o construcción de infraestructuras por parte del Estado de Nicaragua. Entre los poblados escogidos figuran aquellos ubicados en la proyectada ruta del Canal Interoceánico, en el casco de la minería (La Libertad, Santo Domingo, El Limón y Rancho Grande) y en donde existen plantaciones de caña de azúcar, como Chichigalpa.

Montenegro explicó al público que asistió al Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra (PAC)– la mayoría mujeres involucradas en movimientos feministas o jóvenes interesadas en el tema– que le interesaba conocer cómo la resistencia en defensa de un lugar o una forma de vida en particular, está transformando las actitudes de las personas y sus comunidades, en un contexto en el que emergen liderazgos femeninos, más allá del resultado final de la lucha. Pero sobre todo, pretende destacar el rol de las emociones en la organización de la protesta política.

En una entrevista concedida al programa Esta Noche horas después del conversatorio, la socióloga afirmó que durante los dos años posteriores a la aprobación de la Ley 840 –conocida como ley canalera– surgieron en Nicaragua una serie de movilizaciones dentro de comunidades rurales, organizadas principalmente por mujeres, quienes son las que administran recursos naturales como el agua o la tierra. Según Montenegro, esta es una respuesta social al modelo de “economía de enclave, extractivista y depredador” que promueve el Estado.

Además de su origen campesino, las mujeres consultadas para el estudio son en su mayoría amas de casa que trabajan por cuenta propia y, a su vez, son madres de al menos dos hijos. También han tenido experiencia como brigadistas o en proyectos comunitarios, pero cuentan con poca vinculación a temas feministas. Como factor común, destaca la escasa presencia de partidos políticos en los poblados donde habitan, algunas tienen vínculos sandinistas o han vivido represión estatal de alguna forma.

Montenegro indicó que las protestas sociales en las que han participado estas mujeres pasaron del ámbito comunitario al nacional porque los ciudadanos han agotado todas las vías para pedir explicaciones al Estado sobre lo que sucede con sus tierras. “Esto ha llevado a amas de casa, casi desconectadas del resto del territorio, a movilizarse del campo a la ciudad (el centro operativo del gobierno). Tiene que ver con que la gente se siente más implicada y ven las amenazas más cerca (por las expropiaciones o afectaciones en la salud de familiares)”, indicó.

Este martes en el PAC, Ana Margarita Vijil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), advirtió que no se había visto hasta ahora una confluencia de luchas territorialmente diversas en Nicaragua. La investigación refleja que todas ellas tienen como denominador común reivindicaciones ligadas al derecho a la tierra y al cuido del medio ambiente, explicó. El derecho a la propiedad privada, a elegir dónde una persona quiere vivir y cómo quiere vivir son algunos temas de los que hablan las entrevistadas.

“Hay un montón de mujeres participando en los partidos políticos, desde las bases, pero hay otro tipo de involucramiento, como el de Francisca Ramírez y de otras ciudadanas que han salido de sus casas y se han sumado a las protestas. Casi todas pasan de un problema personal a la política nacional”, expresó la presidenta del MRS.

Vijil también señaló diferencias entre los casos analizados por la investigación. En la mina El Limón (León), las mujeres se involucraron por la ausencia de sus parejas, quienes estaban presas o escondidas de la Policía Nacional, luego de que la entidad estableciera un estado de sitio en la comunidad tras una serie de protestas contra la empresa B2Gold. Este comportamiento no sucedió en las movilizaciones de las comunidades afectadas por el canal, donde las mujeres han luchacho “codo a codo” con los hombres, tomando posición de liderazgo, aseveró Vijil.

Sofía Montenegro advirtió que el gobierno del comandante Daniel Ortega se enfrenta a una bomba de tiempo, porque los movimientos sociales se están articulando paulatinamente. En la medida en que el Estado beneficie a las corporaciones y sus propios proyectos, en detrimento del derecho de los ciudadanos, “los movimientos se van a multiplicar”, concluyó.