24 de agosto 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió el derecho a contar con un abogado defensor privado a monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro, de Boaco, quien este 24 de agosto enfrentará un juicio por los supuestos delitos de violación y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años.
“Estaré presente en el portón principal (del Juzgado) a la espera de su proveído (resolución judicial) que puede ser antes de iniciar el juicio”, le escribió el abogado Francisco Gutiérrez al juez Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer, en su tercera petición de intervención, 24 horas antes del inicio del proceso.
Gutiérrez ha sido designado por la familia del religioso como su defensor privado en cuatro ocasiones, pero el judicial orteguista ha ignorado las solicitudes.
“La copia de elementos de prueba a la Fiscalía, la copia del expediente, entrevistas previas con el acusado para preparar la defensa, ya no tendrán ninguna utilidad en este momento”, señaló el abogado en el documento recibido por el Poder Judicial a las 9:16 de la mañana de este miércoles 23 de agosto.
Gutiérrez solicitó que, al menos, se autorice la presencia en el juicio del anciano José Ángel Urbina, padre del sacerdote.
Ignoran peticiones del abogado
El juez orteguista designó a la defensora pública Jennifer Elieth Hernández Granera, como su abogada de oficio, pese a que el 22 de julio, tras admitir la renuncia de su primer defensor privado, dejó abierta la posibilidad de nombrar una nueva defensa privada.
“Fue la misma Defensoría Pública que a motu propio pidió querer defender a monseñor Urbina Rodríguez, a pesar que su padre me nombró a mi como su abogado”, denunció Gutiérrez.
Para Gutiérrez, “está claro” que este accionar del Poder Judicial demuestra que “falta el pilar fundamental de un proceso que es la imparcialidad del juez”.
El abogado originario de Boaco indicó que ha pedido a la Defensoría Pública que se “haga a un lado” del juicio, pero ellos alegan “que ya hicieron intercambio de pruebas”.
“Ellos dicen que van a refutar las pruebas, cuando podían hacer mucho más que eso, pero la realidad es que ellos (la Defensoría Pública) son simples acompañantes de la Fiscalía, en un proceso a todas luces viciado”, insistió.
Gutiérrez argumentó que “refutar solo es guardar silencio, lo que demuestra que lo están dejando solo ante una condena anticipada”.
Lo tenían “fichado”
Desde 2018, en sus homilías monseñor Urbina Rodríguez pidió por la liberación de los presos políticos, oró por una Nicaragua en libertad y se solidarizó con los ciudadanos que protestaban contra el Gobierno, detallaron religiosos, excarcelados y feligreses católicos de Boaco.
“Por eso el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo tenía fichado, pues saben que de alguna manera apoyó la lucha azul y blanco”, afirmó a CONFIDENCIAL un ciudadano que participó en las protestas.
Un feligrés que trabajó con monseñor Urbina Rodríguez, también vicario de la zona pastoral de Boaco, que desde el 13 de julio está en prisión, indica que es tan querido que por eso la gente salió a las calles a protestar y exigir su libertad perdiendo el miedo.
En el acta de la audiencia preliminar, único documento del proceso al que se ha tenido acceso, se indica que la supuesta violación fue cometida contra una niña de 14 años, cuyos padres son fieles devotos de la Iglesia católica.
“Debido al grado de confianza que había entre el acusado y la abuela de la víctima, el acusado aprovechó dicha circunstancia para acercarse a la víctima y lograr ganarse su confianza, a tal punto que la víctima lo consideraba y reconocía como su padrino”, indica la acusación.
Además, detalló que el supuesto hecho fue cometido en tres ocasiones: la primera vez en diciembre de 2021; la segunda el pasado mes de enero; y la última en abril de este año.
Una decena de sacerdotes apresados
Ortega ha encarcelado, en menos de tres meses, a diez sacerdotes de la Iglesia católica. El primero fue el cura Manuel García Rodríguez, acusado supuestamente de golpear a una mujer; el segundo, monseñor Urbina Rodríguez. El tercero es el cura Óscar Benavidez, que es investigado durante noventa días por la Fiscalía debido a un delito “fantasma”, pero del cual el Estado de Nicaragua se reconoce como “víctima y ofendido”.
A ellos se sumaron los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral San Pedro, respectivamente; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; el sacerdote Raúl González y los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira.
Mientras monseñor Rolando Álvarez, también administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, está bajo casa por cárcel, en una medida que el régimen pretende disfrazar como “resguardo domiciliar”, en su vivienda de Managua, según la nota policial publicada el viernes 19 de agosto.
Los sacerdotes trasladados a El Chipote corresponden a la Diócesis liderada por monseñor Álvarez. Ellos acompañaron a su líder espiritual con oraciones, cantos, rezos y la celebración eucarística durante los 15 días que permanecieron sitiados por decenas de antimotines.
El grupo inicial era de 12 personas, pero tres laicos lograron salir antes del secuestro. Monseñor Álvarez fue cercado por la Policía desde el jueves 4 de agosto, cuando impidieron que se movilizara a la catedral de Matagalpa, como parte de su jornada pastoral.
La Policía justificó el encierro impuesto a los sacerdotes por estar investigados supuestamente por “organizar grupos violentos” y “ejecutar actos de odio”. “Las personas investigadas se mantendrán en sus casas”, dijo la institución.
