8 de junio 2023
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El Ministerio de Educación (Mined) pagará directamente, por medio de sus delegaciones departamentales, el salario a los maestros de colegios parroquiales subvencionados, mientras las cuentas de las diócesis del país permanecen bloqueadas por una supuesta investigación de “lavado de dinero” en la Iglesia católica.
Con el congelamiento de las cuentas bancarias, a finales de mayo de 2023, una de las principales preocupaciones de los religiosos era el pago de la planilla educativa, que al ser subvencionados siempre ha sido financiada por el Mined. Sin embargo, desconocían cómo se procedería, ya que se hacía por transferencias bancarias.
En una circular de la Pastoral Educativa Arquidiocesana, fechada este martes 6 de junio y dirigida a sacerdotes, directores y religiosas, se indica que “el complemento salarial de los docentes deberá ser asumido con la recaudación de las mensualidades”.
Tras la confirmación que el Mined continuará cumpliendo sus obligaciones, los religiosos se enfrentan al desafío de pagar el complemento a docentes, el salario a profesores que imparten clases que no están cubiertas por el plan de estudio del Mined, como religión, computación, además del mantenimiento del centro educativo, confió una fuente cercana a la Iglesia católica.
Colegios católicos en riesgo de confiscación
El régimen de Daniel Ortega ha confiscado dos colegios que eran administrados por órdenes religiosas en menos de un mes. Se apropió del colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, en el departamento de Rivas, sur de Nicaragua y después confiscó el Instituto Técnico de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac, en San Sebastián de Yalí, Jinotega, fundado hace 31 años.
Según la investigadora en temas religiosos, Martha Patricia Molina, el régimen ha confiscado en los últimos meses al menos siete edificios de la Iglesia católica o congregaciones religiosas, por lo que no descarta que continúe esa agresión, y mucho menos, después de abrir un proceso investigativo por lavado de dinero.
“Después de que la dictadura acusa a alguien por lavado de activos, inmediatamente, lo que viene es a confiscar sus bienes. Vamos a tener, por lo menos, unos tres meses de investigación, según las leyes inconstitucionales que la misma dictadura ha publicado. Después de estos tres meses de investigación policial, se pasa a juicio y vamos a ver los efectos nefastos de las confiscaciones hacia los edificios de la Iglesia católica”, explicó Molina en una entrevista con el programa Esta Noche.
A la vez, aseguró que ha tenido información que “colegios más reconocidos, católicos, posiblemente también sean afectados” (intervenidos), señaló.
“Lo que andan buscando es el pretexto porque la dictadura siempre lo he dicho tiene como un laboratorio en donde maquina las ideas nefastas para perjudicar a las personas que ella considera que le están haciendo ruido. Están en este momento formulando la manera en que van afectar a estos colegios, pero ya están en la mira. Son colegios reconocidos y que también van a ser afectados en las próximas semanas o meses”, alertó la especialista.
Investigación por lavado de dinero sin fundamento
La Policía aseguró que sus investigaciones “llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país", sin especificar cuál. En realidad, se trata de un fondo de medio millón de dólares donado por la fundación Catholic Relief Services (CRS) en 2012 a la Asociación Cáritas Diocesana de Estelí (ACDE), confirmaron fuentes vinculadas a la provincia eclesiástica a CONFIDENCIAL. El dinero es totalmente lícito.
La abogada explicó que la dictadura busca “revestir de jurídico” una “trama” que es “completamente ilegal e ilógica”. No sigue los lineamientos que establece la ley de antilavado y tampoco cumple las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo intergubernamental que mantiene vigilancia sobre las medidas asumidas por los Estados para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
“En este caso la dictadura lo que está haciendo es degenerando el marco regulatorio en materia del lavado de activo y está imputando un delito que no han cometido las diferentes diócesis del país, los colegios parroquiales. El dinero que entra a las arcas, por así decirlo, de la Iglesia católica no proviene de la ilicitud, es dinero limpio. No es que va a entrar a las cuentas de la parroquia y se va a lavar el dinero”, subrayó.
Agregó que la comunidad internacional y el mismo GAFI deben preocuparse por esta situación, que degenera el sentido de la legislación antilavado. A la vez, señaló que como el Mined subvenciona a los colegios y la Iglesia está bajo esta investigación, también podría considerarse que “ese dinero que entra del Ministerio de Educación es producto de lavado de activo. La dictadura no se está poniendo a pensar en todos estos escenarios y lo que quiere es causar el mayor daño posible a la Iglesia católica”.
La Iglesia católica debe pronunciarse
Desde el congelamiento de las cuentas a las diócesis, la última semana de mayo, el silencio ha sido sepulcral. El cardenal Leopoldo Brenes llamó a la calma a los feligreses y aseguró que los medios de comunicación exageran, pese a que la misma Policía informó sobre el inicio de la investigación por lavado de dinero.
Molina señaló que hasta ahora se conoce la versión de la Policía —carente de credibilidad por las múltiples violaciones a derechos humanos—, por eso es necesario que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) emita su versión de los hechos.
“Los señores obispos para dar una respuesta no se pueden quedar así, en silencio y mucho menos sin hacer nada cuando tenés el problema a la espalda”, destacó Molina. El impacto del cierre de cuentas a la Iglesia ya se está sintiendo en los colegios, casas de formación y parroquias. Todo el dinero lo “tienen congelado”, y tienen deudas que pagar, además de la manutención que implican estos centros.
“Creo que en este momento la Conferencia Episcopal si tiene que lanzar un SOS para buscar la manera cómo solucionar los aspectos económicos”, sugirió la experta.
