18 de octubre 2019
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Falta de control gubernamental y escasa transparencia en los programas que ejecuta el Ministerio de Educación (Mined), son los principales hallazgos que arrojó la investigación "Transparencia en el sector educación: el caso de los paquetes escolares solidarios", realizada por Onda Local y el colectivo Transparencia Nicaragua.
El estudio revela que en el Mined no hay acceso a la información pública, los mecanismos de rendición de cuentas son manejados discrecionalmente, no existe ningún informe de auditoría pública a los programas que ejecutan y los sistemas de compras públicas no se ajustan a los estándares internacionales.
La investigación fue elaborada entre abril y julio de este año, periodo en el que consultaron una muestra de 51 docentes en Nandaime, Masaya, León y Matagalpa. El objetivo fue indagar sobre la percepción y prácticas asociadas a la transparencia en la gestión del programa de paquetes escolares, para ello utilizaron la metodología de Transparencia Focalizada implementada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el análisis de integridad de programas sociales de Transparencia Internacional.
El investigador Alex Bonilla precisó que los únicos datos públicos sobre los paquetes escolares, que el Ministerio de Educación distribuye desde el año 2010, son los informes de liquidación del Presupuesto General de la República, donde únicamente refiere cuánto se gasta, “pero el hallazgo más importante que pudimos verificar es que las compras que están haciendo no están ajustadas a los estándares internacionales”, dijo.
Bonilla detalló que el Ministerio de Educación está utilizando un sistema de compras “que no es el adecuado”, debido a que esa institución realiza “compras simplificadas o compras menores” cuando debería estar realizando licitaciones públicas como manda la legislación nicaragüense y los estándares de transparencia internacional.
Restringen información pública
Por otro lado, el investigador enfatizó que la gestión del programa de paquetes escolares es exclusiva del Mined por lo que se produce una centralización de la información, un uso restringido de la misma y una violación del principio de legalidad de las normas.
De igual forma, la investigadora Dayra Valle destacó que el Mined no solo dejó de publicar información, sino que “ha retirado (de su página web) información de años anteriores”, situación que va en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Para recepcionar la solicitud de información los funcionarios (del Mined) alegan que necesitan autorización”, explicó Valle. Para ella esto representa un retroceso porque “antes al menos recepcionaban la solicitud, aunque lo bolearan a uno para no entregar la información", continuó.
Valle también detalló que existe “una estigmatización del solicitante” de información pública, debido a que la institución también requiere una gran cantidad de información de quien acude a sus oficinas. Además, la investigadora percibió una sensación de “miedo” en el manejo de la información pública. "Manejan una política de secretividad de la información, tan es así que solo uno cuantos funcionarios del mismo ministerio tienen acceso a ella y se concentra en los despachos ministeriales y de ahí a la vicepresidencia".
“Si uno entra a las páginas web de las distintas instituciones estatales, incluyendo la del Mined, se encuentra: información desactualizada, información incompleta e información que en muchos de los casos puede ser cuestionada por la veracidad”, puntualizó Valle.
La principal recomendación que los investigadores hacen al Mined es que "consulten a los actores del programa para conocer su percepción" sobre el impacto de los paquetes escolares. Esto permitiría una "mejor planificación gestión y ejecución del programa".
