12 de julio 2022
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La Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua recaudó más de 1273 millones de córdobas por “otras tasas de servicio”, entre enero de 2018 y marzo de 2022, según informes de liquidación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, analizados por CONFIDENCIAL. El monto equivale a más del 75% de los ingresos de Migración –que totalizaron 1689.7 millones de córdobas en ese período–, pero pese a ser ingresos millonarios, no hay detalle sobre el origen de los mismos.
La falta de referencias al origen de este dinero debilita la transparencia, impide la fiscalización ciudadana y abre las puertas a irregularidades, valora un experto presupuestario consultado sobre estos datos oficiales.
Los montos millonarios también muestran una “voracidad recaudatoria” del Estado, agrega el exdiputado opositor Eliseo Núñez Morales.
El análisis de CONFIDENCIAL, sobre las recaudaciones por servicios de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), se basó en los informes de liquidación presupuestaria de 2018, 2019, 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022, publicados por Hacienda. En estos informes se enlistan una veintena de bienes y servicios prestados por diferentes entidades del Estado, entre ellos cinco que corresponden a esta Dirección General.
Esos cinco conceptos de servicios son: trámites de cédula de residencia, prórroga de estancia, despacho migratorio, agilización de pasaportes y el de “otras tasas por servicios”, que es el más alto y no se especifica.
A diferencia de los cuatro servicios que sí son identificados, el de “otras tasas de servicios” no está establecido en la Ley 761 o Ley General de Migración y Extranjería, publicada en 2011, ni en su reforma y adiciones (Ley 1033), publicada en agosto de 2020, en la que los montos fueron actualizados y establecidos en dólares, sustituyendo el córdoba, que es la moneda local.
Según estas legislaciones, la DGME tiene establecidos al menos ocho cobros diferenciados por servicios para nacionales —entre ellos la agilización de pasaportes— y doce tipos para el servicio de visa múltiple.
En los documentos estatales no se proporcionan detalles para saber cuánto aporta cada uno de estos servicios al presupuesto de ingresos del Estado, y únicamente se mencionan datos sueltos sobre el número de trámites en determinados servicios, como trámites de pasaportes en el exterior, pasaportes al cuerpo diplomático nicaragüense radicado fuera del país, o resoluciones de nacionalidad, con datos de 2019, 2020 y 2021.
Los cobros eran vistos como extorsiones
Antes de que la Ley de Migración estuviera vigente en 2011, los cobros en las instituciones por servicios eran considerados por los expertos tributarios como ilegales. Los calificaron como una “extorsión” a los ciudadanos. Además, se alegó que esta dependencia del Estado no podía arrogarse facultades de la Asamblea, como la creación de tributos, tal como establece el artículo 114 de la Constitución Política vigente.
En materia de transparencia, la falta de detalles sobre los ingresos, supone un problema para los expertos.
“El ideal debería ser que no solo se estableciera un bolsón, sino que dieran detalles. Esto permitiría también conocer el flujo año con año, podría dar la oportunidad de saber cuáles son los servicios más demandados, hacer un balance histórico”, explica el especialista en análisis presupuestario que critica cómo prevalece la opacidad.
“Vivimos bajo un régimen autoritario al que no le gusta el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. En términos presupuestarios al Gobierno no le interesa que la población conozca la cantidad de ingresos y en qué se gastan, ni dónde”, cuestionó.
Para Núñez, la recaudación por servicios prestados a la ciudadanía por instituciones estatales –conocidas técnicamente como rentas con destino específico– deben ir a la Tesorería General de la República, y luego se reasignan los excedentes para proyectos de la entidad u otro tipo de gastos en esta, generalmente inversiones.
“Si vos no tenés transparencia, en por qué estás cobrando eso, tampoco tenés manera de regular si se está cobrando adecuadamente. Dejás al ciudadano en indefensión (…) Eso se enmarca en la voracidad de recaudación del Estado que está dejando a todos sin capacidad de defenderse”, insistió el exdiputado.
El exlegislador recordó que, desde que Ortega llegó al poder, en enero de 2007, no se han dado fallos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de los ciudadanos en materia de impuestos, y advirtió que los fondos opacos de Migración pueden tratarse de “una tasa cobrada a los cubanos por ocupar a Nicaragua como trampolín”, refiriéndose al tránsito de miles de isleños, que aumentó a finales de 2021, cuando Ortega anunció su libre visado.
De acuerdo con los informes analizados, el 34% de los 1273 millones de córdobas del renglón de “otras tasas”, es decir 441.3 millones, fueron percibidos a través de la DGME, mientras el resto fue por Tesorería.
Opacidad y represión en 2021
En 2021, los ingresos por “otras tasas por servicios” migratorios sumaron 608.9 millones de córdobas, equivalente al 48% del total percibido en los últimos cuatro años.
Ese monto representó también el 88% de los ingresos percibidos solo en 2021: 685.5 millones de córdobas, cuando también se reportaron 22.7 millones de córdobas por trámites de cédula de residencia, otros 22.7 millones de córdobas por prórroga de estancias, 7.5 millones por despachos migratorios y 23.4 millones por agilización de pasaportes.
El temor a la represión y la búsqueda de mejores oportunidades económicas son señaladas como las principales causas del éxodo de los nicaragüenses. En 2021, Ortega se reeligió sin competencia electoral, tras la escalada represiva en la que el régimen detuvo a más de 60 líderes políticos, sociales y empresariales, incluidos siete precandidatos a la Presidencia.
El especialista valoró que este incremento de ingresos en la DGME tiene una relación directa con el comportamiento migratorio legal de los nicaragüenses.
También señala que otros miles de ciudadanos decidieron irse del país a través de “puntos ciegos”, y hay que tomar en cuenta a quienes llegan a Nicaragua.
“Lo otro tiene que ver con el flujo migratorio legal de otros países que está entrando al país y está utilizando a Nicaragua como un trampolín para otros destinos. Sea vía terrestre o aérea, ciertamente el país se ha convertido también en una zona de paso de migrantes que circula de sur a norte”, opina, refiriéndose también a los cubanos.
El régimen nicaragüense estableció un libre visado para los ciudadanos oriundos de la isla, gobernada por una dictadura aliada de Ortega. La autorización de ingreso para ellos fue justificada en noviembre de 2021 por el Ministerio de Gobernación como una medida para “incentivar el intercambio comercial, turismo y la relación familiar humanitaria”.
El impacto de la pandemia
En 2020, la pandemia impactó en la recaudación por servicios migratorios en Nicaragua. Los ingresos fueron de 159.9 millones de córdobas, de los cuales el 41.19% correspondió a “otras tasas”. Por trámite de cédula de residencia se recibieron 18.7 millones ese año, otros 18.7 millones por prórroga de estancia, 37.1 millones por despacho migratorio y 19.3 millones por agilización de pasaportes.
El patrón de la falta de información ya era evidente en 2018 y 2019. Según los informes estatales, los ingresos totales de los servicios migratorios analizados alcanzaron 286.1 millones y 395.7 millones de córdobas, respectivamente. En el mismo orden, 63% y 70% de los mismos correspondieron a “otras tasas por servicios”.
Además, el informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, entre enero y marzo de 2022, muestra una continuidad de la tendencia. El 87% de los 162.3 millones de córdobas, recibidos en ese período, no arroja detalles sobre el origen.
En los informes presupuestarios de 2015, 2016 y 2017, la falta de transparencia es mayor. El primer año se puntualiza que Migración y Extranjería ingresó 20.4 millones de córdobas en concepto de cobros por servicios, pero no lo hacen en los otros dos. En cambio, se puntualizó para el Ministerio de Gobernación, una institución que abarca la DGME y otras entidades del Estado.
Los datos, cuestiona el analista en temas de presupuesto público, “no permiten hacer comparativos, las cuentas se denominan de manera diferente y uno ya no sabe si estamos hablando de comparar manzanas con manzanas, o manzanas con peras. Es pura opacidad”.
Opacidad también con el número de nacionalizaciones
Los informes de liquidación presupuestaria del Estado también dejan muchas dudas sobre las nacionalidades. El régimen de Daniel Ortega reconoce que entregó casi 100 nacionalidades a extranjeros residentes en el país en 2019, 2020 y 2021, pero no reflejan ninguna estadística sobre de 2018.
El Estado indicó que entregaron 56 nacionalidades en 2019, 58 en 2020 y 39 en 2021. En mayo pasado, CONFIDENCIAL documentó cómo la Dirección de Migración es un instrumento represivo contra opositores y ciudadanos en general, y cómo ha sido dócil con el otorgamiento de nacionalidades a personeros investigados en otros países centroamericanos por corrupción, refugiándolos en Nicaragua.
Los casos más recientes son los del exsecretario de la Presidencia de Juan Orlando Hernández, en Honduras, Ebal Díaz, y el exsecretario privado, Ricardo Cardona, beneficiados con una nacionalidad exprés y sin cumplir con los requisitos legales para que le fuera otorgada.
También han incrementado las gestiones de pasaportes en los consulados de Nicaragua en el exterior, desde 2018, cuando inició la crisis de derechos humanos provocada por la represión del régimen en contra de la ciudadanía, en un intento de aplastar las protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo en demanda de justicia, libertad, democracia.
Según los datos oficiales, se realizaron 14 248 de este tipo de trámites en 2018; subieron a 16 437 en 2019, y a 19 686 en 2020. En 2021, la cifra se había incrementado hasta 41 259, es decir, un 45% de los trámites en este período analizado, que totalizan 91 630.
Retroceso en rendición de cuentas
La encuesta de “Presupuesto Abierto 2021”, realizada ese año por International Budget Partnership y Expediente Abierto, ubica a Nicaragua con una puntuación de 42/100 en materia de transparencia, marcando un retroceso en el área de rendición de cuentas.
La encuesta evalúa la disponibilidad en línea, puntualidad y exhaustividad de ocho documentos presupuestarios, utilizando 109 indicadores “a los que se les da el mismo peso y se califica a los países con un puntaje de 0 a 100”, siendo 61 un mínimo en que se indica que un país “publica suficiente material para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto”.
El documento compara la transparencia en nueve países. Nicaragua ocupa el antepenúltimo lugar: México (82), República Dominicana (77), Guatemala (64), Costa Rica (63), Honduras (61), Jamaica (50), Nicaragua (42), El Salvador (41), Trinidad y Tobago (34).
“Seguimos teniendo las mismas deficiencias de los últimos años, relacionadas con la generación de cierta información presupuestaria. Seguimos sin publicar un documento tan importante como el presupuesto ciudadano que podría ayudar a entender temas presupuestarios, pero también a lo que tiene que ver con los mecanismos de vigilancia entre las instituciones de fiscalización”, añade el experto entrevistado.
La crítica más frontal del especialista es contra la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República (CGR) que no ejercen los controles necesarios sobre el manejo presupuestario de las instituciones, debido a que se encuentran cooptadas por el régimen Ortega Murillo, es decir, sin independencia para sus actuaciones.
Según la legislación local, la CGR tiene un rol fiscalizador directo, mientras la Asamblea Nacional —también controlada por el oficialismo—, aprueba el presupuesto y puede dar seguimiento a la ejecución de recursos, y eso podría ayudar a aclarar muchas de las dudas sobre las cuentas del Estado.
“Ahí tenemos una seria debilidad (en la renuncia a sus funciones por intereses políticos tanto de la CGR y Asamblea), pero también la hay en los mecanismos de vigilancia ciudadana. Tenemos –lamenta– una de las más bajas calificaciones, porque no hay espacios de participación en que se pueda pedir rendición de cuentas a las autoridades”.
El interés recaudatorio del Estado, mencionado por Núñez, se ha manifestado en instituciones como la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Ingresos, denunciadas por extorsiones a empresarios y ciudadanos en general.
