16 de junio 2022
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La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo este jueves 16 de junio que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha acentuado todavía más la represión de la sociedad civil, que empezó con fuerza en 2018, y que últimamente hasta los sacerdotes católicos son víctimas de persecución.
“Desde mayo (de 2022), la Policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente”, sostuvo la alta comisionada en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe de su oficina sobre la situación en Nicaragua.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh), que dirige Bachelet, ha recogido en los últimos tres meses nuevas informaciones que indican que las detenciones arbitrarias continúan, así como el encarcelamiento de personas percibidas como opositoras y el cese forzado de la actividad de oenegés.
Todo esto ha provocado un nivel sin precedentes de salidas del país, incluso mayores a las que se registraban en la década de 1980 durante la Revolución Sandinista.
“En los últimos ocho meses, la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando los 150 000”, precisó, tras señalar que también se ha disparado el número de los que son interceptados en las fronteras de Estados Unidos.
Sobre los prisioneros políticos, indicó que hay 173 detenidos en relación con las protestas cívicas de 2018 y medio centenar en el contexto de las elecciones del año pasado, quienes “afrontan condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de Naciones Unidas”.
Para todos ellos Bachelet pidió la libertad, tras denunciar que entre otros abusos que sufren está la restricción de visitas de familiares, a los que solo se permitió ir a verlos cuatro veces este año, aunque esto excluía a los hijos menores de edad.
El informe indica que la Asamblea Nacional —controlada por el Frente Sandinista— ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones este año, lo que arroja un total de 454 desde noviembre de 2018, a lo que se suman medidas similares contra doce universidades, que han quedado bajo control estatal.
También alertó que en abril dos comisiones de la Asamblea Nacional finalizaron el análisis de la legislación penal, empleada para perseguir a quienes el Gobierno percibe como sus oponentes, y propuso un endurecimiento de penas e introducir otras medidas represivas como la confiscación de bienes, lo cual, afirmó, "genera serias preocupaciones que invitan a pensar que el Gobierno busca profundizar aún más la represión de voces críticas".
Respuesta del régimen
Tras estas denuncias, Bachelet instó al Gobierno de Nicaragua cesar “las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional”.
Consideró que otorgar acceso al país al personal de su organismo sería visto como un gesto muy positivo.
La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió a la presentación de Bachelet diciendo que ésta exponía hechos “alejados de nuestra realidad” y que se trataba de “una agresión unilateral contra nuestro pueblo y su Gobierno legítimamente constituido”, a pesar de las denuncias de la ONU y organismos internacionales sobre la falta de transparencia de las elecciones.
Agregó que el informe de Bachelet forma parte de una “campaña liderada por Estados Unidos” con el fin de “inmiscuirse en los asuntos internos de los países”.
Condena generalizada
La actualización de Bachelet fue acogida por la mayoría de los Estados miembros que tomaron la palabra durante la sesión, únicamente algunos de los aliados del régimen, como Cuba y Venezuela, rechazaron las denuncias hechas por Oacnudh.
La Unión Europea (UE) condenó la represión “de todas las expresiones disidentes”, y solicitó a Nicaragua que “vele porque los derechos de libertad de expresión y de asociación se respeten”.
El Eurogrupo destacó que están “indignados por los veredictos de culpabilidad y duras sentencias a los prisioneros políticos de los últimos meses”, y, en ese contexto, reiteró la demanda de "liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y que se anulen sus sentencias”.
Costa Rica, a nombre de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, aseguró que están preocupados por las “sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidas en Nicaragua durante los últimos cuatro años y, más recientemente, por las medidas tomadas por Nicaragua para reprimir el trabajo de la prensa, de los partidos políticos de oposición, de sus líderes, de la cancelación de la personalidad jurídica de las sociedad civil, la expulsión de la OEA y del delegado de la CICR (Comité de la Cruz Roja Internacional)”.
El grupo de países instó “al Gobierno de Nicaragua a cooperar activamente con los mecanismos internacionales y regionales”.
Grupo de Expertos para Nicaragua
La representación de Estados Unidos consultó sobre cómo podrán apoyar en su mandato a la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante la falta de compromiso del Gobierno de Nicaragua.
El régimen rechazó de forma rotunda la solicitud de esta Comisión —creada en marzo pasado con el voto de 20 países de la ONU—, para cooperar con su mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022.
Ecuador hizo también un llamado para “que los Estados y otros actores apoyen” el trabajo del grupo de expertos y lamentó “la ausencia de medidas para combatir la impunidad y la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones a derechos humanos” en Nicaragua.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), exhortó a que se realice “escrutinios sobre la violencia e impunidad de los pueblos originarios y sobre el desplazamiento forzado de miles de nicaragüenses”.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a través de la intervención de Vilma Núñez, abogada y defensora de DD. HH. en Nicaragua, invitó a los estados “redoblar los esfuerzos para lograr la liberación de los presos políticos” y apoyar el trabajo de la Comisión, presidida por el alemán Jan-Michael Simon, y completada por el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago.
