5 de mayo 2023
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Ocho patrullas policiales cercaron la vivienda en Estelí del excorresponsal del diario La Prensa, William Aragón, al final de la tarde del miércoles tres de mayo. Un oficial solicitó “amablemente” que lo dejara pasar y él accedió. Se llevaron dos computadoras, incluida la de su hija, memorias, documentos personales, dos celulares y le dijeron que debía acompañarlos a Managua porque era una “orden a nivel central”.
“A mí nunca me dijeron porqué me detenían. La Policía nunca me dijo”, relata Aragón, quien ha ejercido el periodismo desde hace más de 15 años. Su detención, de alguna forma, se lo esperaba, después que operadores del Frente Sandinista lo amenazaran de muerte, que rafaguearan su casa en tres ocasiones en junio de 2018 después del inicio de las protestas y que lo detuvieran por horas en ese mismo año.
En enero reciente se trasladó de Somoto a Estelí para evadir la persecución policial y política, pero fue en vano.
“Nos ven como que somos criminales, capaces de matar a alguien. La labor de uno es periodística, ni estamos con uno, ni estamos con otro. Simplemente hacemos nuestra labor de informar a la población con la verdad, con lo que sucede, eso es todo”, dice Aragón, en un contexto en el que más de 150 periodistas se han exiliado por la persecución del régimen.
El reportero es uno de los 57 nicaragüenses detenidos y acusados por el Ministerio Público por los supuestos delitos de “conspiración y menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, durante la noche del miércoles y madrugada del jueves cuatro de mayo, en audiencias exprés, avaladas por jueces orteguistas.
Los oficiales trasladaron a Aragón a la delegación policial de Estelí, y luego, lo subieron a un microbús junto a otra persona. El vehículo iba custodiado por ocho antimotines fuertemente armados, relató el periodista. Fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, donde permaneció por una hora en un cuarto cerrado.
Pensó que se trataba de una sala de interrogatorio, principalmente, porque lo colocaron de espalda a la puerta, sobre una silla. Creía que en cualquier momento algún oficial aparecería para cuestionarlo, golpearlo, pero no ocurrió. Cerca de las once de la noche fue llevado a la delegación policial Ajax Delgado, le tomaron sus huellas y lo reunieron con otros detenidos, oriundos de Somoto, Madriz.
El judicial orteguista leyó la acusación, señalándolos de divulgar noticias falsas que causan zozobra a la población y que cuestionan al Gobierno. Les aseguró que esa era una “audiencia informativa”, una figura que no existe en el Código Procesal Penal (CPP), les impusieron defensores públicos, y les giraron libertad condicional.
“Nos pusieron dos defensores públicos que nunca nos representaron”, cuestiona el periodista. La disposición de los jueces orteguistas es que los más de 50 secuestrados permanezcan en libertad, obligándolos a firmar diariamente en las delegaciones policiales de sus localidades. De no hacerlo, se exponen a una nueva captura.
Sin embargo, esa medida cautelar representa para Aragón un gasto de 120 córdobas diarios, por lo que solicitó apoyo al judicial para firmar en Estelí y no en Somoto, pero este lo reprendió diciéndole que "agradeciera no lo enviaba a la cárcel"
A las 5:45 de la mañana del cuatro de mayo, Aragón regresó a su casa. Según la disposición judicial debía viajar a Somoto para firmar pero no logró ir. Él no se siente seguro, teme que en cualquier momento lleguen a detenerlo nuevamente, y mucho más, después que motociclistas han permanecido fuera de su vivienda.
“Es crítica la situación, es preocupante, sabemos que es parte de la desesperación del Gobierno para evitar manifestaciones (...) hay miedo, preocupación del Gobierno”, expresó.
En esta redada, calificada como la peor por activistas, desde el estallido social de 2018, fueron capturados defensores de derechos humanos, miembros del Movimiento Campesino, periodistas, opositores y familiares de víctimas mortales de la masacre de abril, que dejó 355 asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega instrumentaliza legislación nacional con fines políticos
A “Carmen” la subieron a una patrulla custodiada por ocho antimotines. Uno de ellos le dijo a su madre que necesitaban investigarla porque estaba “conspirando contra el Estado de Nicaragua”. Allanaron su vivienda y arrasaron con teléfonos, computadoras, tabletas y una bandera de Nicaragua.
La mujer estaba nerviosa. Lloraba. Al llegar a los juzgados capitalinos un judicial le aseguró que atentaba contra el Estado de Nicaragua a través de sus publicaciones en redes sociales, que incitaba a una insurrección, relató una fuente cercana al caso. Lo que hacía , le dijo el juez, era delito y la obligaron a firmar un documento, en el que se comprometía a no involucrarse nunca más en actividades de resistencia cívica.
En realidad, lo que “Carmen” hacía era compartir mensajes de la lucha azul y blanco, en demanda de justicia y democracia en Nicaragua.
A los más de 50 apresados les aplicaron el combo de leyes represivas - Ley Especial de Ciberdelitos y Ley 1055 o Ley de “traición a la patria”, aprobadas por Gobierno para instrumentalizarlas contra opositores y cualquier voz disidente, justificando sus detenciones.
En una sola noche la Policía allanó más de 50 casas, sin presentar una orden judicial. Por su parte, los jueces orteguistas se encargaron de intentar dar legalidad a procesos espurios y a todas luces, nulos, señalaron abogados consultados.
“Observamos múltiples violaciones de las normas del Código Procesal Penal”, como los allanamientos nocturnos y una actividad judicial en horas no hábiles, señaló el abogado, Danny Ramírez Ayérdiz.
Por su parte, el abogado Juan Diego Barberena, destacó que los actos procesales desarrollados por judiciales orteguistas son nulos porque violan las reglas del debido proceso, como el derecho a la defensa -ya que les impusieron defensores públicos-, fueron sustraídos de sus jueces naturales, no les entregaron copia de las acusaciones, entre otros.
La abogada Yonarqui Martínez confirmó que los procesos jurídicos de al menos 30 detenidos ya aparecen en el sistema digital del Poder Judicial, a cargo de jueces reconocidos por juzgar y condenar a opositores.
Barberena considera que más allá de las condiciones legales, que son cuestionables, la dictadura orteguista busca enviar un mensaje político. "Quiere evitar que las personas apresadas mantengan cualquier actividad que amenace a su régimen y por eso, las fuerza al exilio. Con ello logra que en Nicaragua no exista ninguna manifestación de resistencia cívica", expresa.
Y además, impone el terror, a través de un estado de “sitio, de facto”, expresó.
Infundir terror en la población
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó las acusaciones presentadas por la autoridad judicial “basadas en hechos inexistentes” y señaló al régimen como el principal responsable de utilizar al sistema judicial con fines políticos. Asimismo calificó de “abusiva e inhumana” obligar a los detenidos a firmar en las estaciones policiales de su localidad.
Organizaciones estudiantiles y de derechos humanos, que se encuentran en el exilio, emitieron una carta en la que condenan y rechazan las detenciones arbitrarias realizadas por el régimen de Daniel Ortega, señalándola como “una nueva forma de represión” centrada en “infundir miedo extremo en la población” y solo puede ser comparada con una “escalada de terrorismo de Estado”.
