6 de abril 2022
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El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas confirmó a CONFIDENCIAL que salió de Nicaragua con su familia, el pasado 8 de marzo, debido a una serie de amenazas en su contra y para evitar ser encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, que en los últimos meses ha emprendido una serie de juicios contra líderes opositores, activistas y periodistas condenados por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Salir de Nicaragua fue “una de las decisiones más difíciles de mi vida", apuntó Cuevas. "No lo hice ni por placer ni por cansancio de ver (defender) a la ciudadanía. Lo hice porque prácticamente estoy sin opciones y mi familia se ha visto muy afectada debido a que el régimen ha desplegado una serie de acciones para propiciar mi captura", agregó.
El defensor, de 53 años, advirtió que existe una demanda civil en su contra y que fue citado por una vecina suya a una delegación policial en Managua, pero él no se presentó para evitar ser encarcelado por su trabajo en defensa de los derechos humanos y de la liberación de los más de 170 presos políticos de Nicaragua.
Cuevas, quien durante 23 años trabajó como asesor legal en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), relató que desde hace varios años es víctima de toda clase de amenazas, pero estas se intensificaron durante el segundo semestre año pasado, cuando el régimen encarceló a más de sesenta líderes políticos y gremiales, abogados, exdiplomáticos, campesinos, estudiantes, periodistas y profesionales independientes.
En tres ocasiones, mientras Cuevas intentaba captar promotores voluntarios en diferentes partes del país, fue interceptado abruptamente por agentes de la Policía, quienes lo obligaron a volver escoltado hasta Managua.
"En octubre del año pasado llegó a la oficina (de la CPDH) una pareja, que mencionó que habían sido coaccionado por organismos de inteligencia del Estado para terminar con mi vida. En diciembre fui amenazado por un par de oficiales de policía, y el 4 de marzo recibí un aviso de personas del Gobierno que me decía que me fuera de mi casa porque la Policía iba arrestarme", relató el defensor.
El 11 de marzo, tres días después que Cuevas salió del país junto con su familia, "la Policía llegó a mi casa preguntando por mí, preguntando por mi hijo, fueron (a preguntar) donde los vecinos" y hasta a la casa de sus suegros, agregó.
Pablo Cuevas: continuaré la defensa de las víctimas
Cuevas aseguró que todavía no tiene definida su situación migratoria, pero anunció que seguirá desarrollando su labor de defensa de los derechos humanos y que se encuentra en un proceso para instalar una organización que pueda apoyar a los migrantes nicaragüenses que desconocen los trámites para legalizar su estancia en otros países, como Costa Rica y Estados Unidos, al momento de solicitar refugio.
La defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses "no termina aquí" en el exilio, advirtió Cuevas. "Este es un nuevo capítulo de mi vida en la defensa de los ciudadanos", agregó.
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La persecución a los defensores de derechos humanos es parte de la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Antes fueron forzados al exilio: el equipo jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quienes fundaron en Costa Rica el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+; los directivos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), que continúan trabajando en Costa Rica; y Acción Penal.
Mientras tanto, en Nicaragua la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) batalla contra una serie de trabas legales impuestas por el Ministerio de Gobernación (Migob), que —entre otras cosas— se niega a recibir la información financiera de la oenegé.
También organizaciones como los Defensores del Pueblo, que en 2019 defendieron a los presos políticos en los tribunales del régimen, permanecen inactivas debido a la escalada represiva en su contra.
En 2018, el régimen de Ortega canceló la personería jurídica del Cenidh y confiscó sus instalaciones. También echó del territorio nacional a la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes investigaban la represión del Gobierno a las protestas en su contra.
