10 de agosto 2022
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Las decenas de oficiales y antimotines, que mantienen encerrados al obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez, y a diez de sus colaboradores en la Curia Episcopal, trastocaron la vida cotidiana del centro de la ciudad con la suspensión de actividades de sus moradores, afectaciones a negocios y limitaciones al transporte en los alrededores, cuando se cumple una semana del cerco policial este miércoles 10 de agosto y cuando crecen las presiones del régimen para lograr su destierro, según fuentes eclesiásticas.
Cuando Álvarez enfrentó a los policías con el Santísimo en las manos acompañado de fieles con sus rosarios el pasado 4 de agosto, “José” sintió miedo porque a su cabeza vinieron los días de abril de 2018, signados por la represión. Para él, significó también un problema posterior: enfrentarse día a día al cordón de oficiales que bloquea la vía de acceso por la que debe cruzar para llegar a su centro de labores. Entonces decidió que lo mejor era quedarse en casa para evitar problemas.
La ciudad de Matagalpa se expande en el norte del país. Tiene un área de 619.4 kilómetros cuadrados, está localizada a 128 kilómetros de Managua y cuenta con dos vías principales que permiten recorrerla: una calle para “subir” conocida como la del Comercio. La otra es útil para “bajar” y le dicen la “Calle de los Bancos”, por la presencia de financieras y bancos, es la que actualmente se encuentra tomada por las autoridades y donde la población es sometida a estrictos controles policiales.
“En mi caso, tenía diligencias que hacer. Pero no dejaban pasar. Bloquearon las calles completamente el 4 de agosto. La orden era que no dejaran pasar a nadie. Todos los que trabajamos en los alrededores fuimos afectados. En todo ese sector, además de bancos, hay financieras, oficinas de agencias de viajes, despachos de abogados, panaderías, empresas de envío, academias de inglés, sorbeterías, farmacias, laboratorios, restaurantes y tiendas”, dijo “José”.
Este relato periodístico está construido con base en los testimonios de cinco pobladores matagalpinos, que aceptaron contar las vicisitudes que han enfrentado en los últimos siete días para llevar una vida “normal”, luego que la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) limitó el acceso a la Curia Episcopal, estableciendo un perímetro inicial de cuatro manzanas que redujeron a una manzana el domingo pasado.
Desde finales de mayo pasado, el régimen ha intensificado sus ataques a la Iglesia. Primero cercó al obispo Álvarez en Managua y al padre Harving Padilla en Masaya. Encarceló a dos sacerdotes: en junio al párroco de Nandaime Manuel García, y en julio a monseñor Leonardo Urbina de Boaco. El primero acusado de agredir presuntamente a una mujer, y el segundo de una supuesta violación a una adolescente. Ambos han enfrentado juicios considerados, por expertos independientes, como ejemplos de procesos sin garantías, mientras desde el Ejecutivo ha arreciado el discurso de odio contra los sacerdotes, a quienes acusan de conspirar en un supuesto “golpe” de Estado como llaman a las manifestaciones de 2018.
La fórmula del terror: Avellán y Gutiérrez
Para “Alberta”, lo más intimidante en Matagalpa resulta observar mientras los ciudadanos realizan sus actividades cotidianas a policías ubicados cada dos o tres metros de distancia en una exhibición de su “músculo” que afecta tanto a vehículos particulares, buseros y taxistas que circulan en los alrededores y están obligados a desplazarse a sitios más lejanos para completar las carreras de sus clientes. “Ni siquiera el camión de la basura puede acceder, ¡nadie! La Policía anda armada hasta los dientes y con una actitud que infunde miedo”, lamentó.
“Francisco” afirma que el ambiente en la ciudad es muy tenso, porque los oficiales pueden verse cerca de la Catedral, pero también en la acera del colegio, multiplicándose por doquier.
Según pobladores, consultados por CONFIDENCIAL, hay unos 40 policías en los alrededores de la curia que son relevados cada ocho horas. Están armados con AK y ametralladoras, son supervisados por el comisionado general Sergio Gutiérrez, el jefe departamental y quien se acercó el pasado 4 de agosto al obispo Álvarez para “aconsejarle” que “colaborara con la paz” cuando el religioso oraba en las calles, rodeado de antimotines.
Gutiérrez se desempeñó como secretario político del partido de Gobierno en la sede de Managua cuando fue segundo jefe de esta delegación. En Matagalpa, el alto oficial está bajo las órdenes del subdirector Ramón Avellán, señalado de ser uno de los principales operadores de la pareja presidencial en la “operación limpieza” de 2018, como se conoció al despeje violento de las barricadas levantadas por la población y que dejó centenares de víctimas.
Por ese pasado, la población se desplaza con prudencia para evitar agresiones de los oficiales. “Uno, la verdad, circula con temor y con la preocupación de que vaya a pasar algo. Te revisan todo. Si vas a pasar por la Curia Episcopal, te revisan la cartera, te piden la cédula y a cuál de las casas vas”, lamentó “Francisco”, quien como católico rechaza la posición del régimen que considera a la Iglesia “una enemiga”.
El jefe de la policía de Matagalpa, Sergio Gutiérrez, ordena al obispo Rolando Álvarez volver al interior de la curia, el jueves 4 de agosto. Foto: Cortesía
Régimen quiere imponer destierro
Fuentes eclesiásticas informaron a CONFIDENCIAL que el régimen estaría buscando lograr el destierro del obispo crítico de la Administración Ortega-Murillo tras los días de presión policial. Sin embargo, esas mismas fuentes dijeron que Álvarez no aceptó. En 2019, la dictadura forzó el exilio del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, después que el papa Francisco le pidió que saliera del país para protegerlo de las amenazas de fanáticos oficialistas.
En varias ocasiones desde 2018, la vicepresidenta Rosario Murillo intentó descalificar a los religiosos, acusándolos de conspirar contra el Ejecutivo, luego de que los sacerdotes y obispos asumieron la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos ante los abusos del Estado.
El pasado 5 de agosto, Murillo dijo en su alocución de mediodía que el país está lleno de Cristo, mientras amenazaba con que había leyes en el país y cuestionó a quienes siembran, según ella, “odio o discordia”.
“No estamos, como decíamos, para actividades o bufonismos, o bufonescos gestos que quedaron atrás y que además representan el absoluto desprecio de las familias. Porque nadie quiere ese pasado del que venimos, lo vivimos y lo trascendimos a punta de espíritu, de fortaleza de espíritu. Nadie quiere, nadie puede vivir congelado en el pasado, a menos que se tenga una personalidad desequilibrada. Nadie quiere vivir generando conflictos, ansiedades, angustias, todo lo contrario... ¡tranquilidad!”, afirmó Murillo.
Sin embargo, aunque Murillo no mencionó por su nombre al obispo de Matagalpa, horas después de su alocución, la Policía del régimen abrió una “investigación” contra Álvarez, lo acusó de “organizar grupos violentos” y “fomentar el odio” para extremar el cerco policial. El pasado 1 de agosto, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos cerró siete emisoras de la Diócesis de Matagalpa en un intento por acallar a la Iglesia católica, posteriormente la Policía asaltó con violencia la parroquia de Sébaco y luego recrudecieron su persecución contra el obispo de Matagalpa.
