3 de octubre 2022
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La dictadura acusó por conspiración y propagación de noticias falsas a un total de diecisiete nicaragüenses en las últimas horas, elevando el número de presos políticos en Nicaragua. Entre los acusados hay familiares de perseguidos políticos, trabajadores del diario La Prensa, otras cuatro personas detenidas en distintas ciudades del país entre sesenta y treinta días, aproximadamente y cuatro con orden de captura.
La acusación incluye a cinco familiares de perseguidos políticos, a quienes ha mantenido como rehenes incomunicados desde hace veinte días en las celdas policiales de El Chipote en Managua. En un principio, los delitos no fueron revelados en el sistema judicial, pero este lunes los especificaron en una nota de prensa.
El 13 de septiembre, un día antes de las fiestas patrias, las autoridades buscaron a Javier Álvarez Zamora en su casa. Al no encontrarlo, se llevaron a su esposa Jeannine Horvilleur Cuadra y a la hija de ambos, Ana Carolina Álvarez Horvilleur,—ambas ciudadanas nicas-francesas— e hicieron lo mismo al día siguiente con su yerno Félix Roiz Sotomayor.
A todos los parientes de Álvarez los mantuvieron en un limbo legal, mientras el perseguido político denunció desde el exilio la detención arbitraria y la escalada represiva en que “si no te agarramos a vos, tu familia es la que va a pagar”, lo que consideró una “barbarie”. En la misma nota de prensa dijeron que fueron acusados por ambos delitos.
También capturaron a Gabriel López del Carmen, de 34 años, quien se encontraba en casa de su madre Andrea Margarita del Carmen Ibarra, perseguida política por el régimen, contra quien giraron orden de captura. A ellos les imputaron el delito de menoscabo a la integridad nacional.
Violación del proceso
Según un abogado penalista, consultado bajo condición de anonimato, al no colocar la información en el sistema judicial se está repitiendo un patrón de ocultamiento de datos a la población que inició con los juicios promovidos contra los sacerdotes, en medio del ataque incesante del régimen a la Iglesia católica.
“Están afectando la publicidad de los procesos. El sistema Nicarao (el de los juzgados, revisados por los abogados para chequear diligencias y documentos de los casos de sus clientes), se creó para que cualquier persona pudiera tener acceso a la información y uno de los detalles que debe tener es el tipo de delito por el que lo están acusando, es básico”, afirmó el jurista antes de que se publicara la nota de prensa.
Los juicios en general contra los presos políticos se han caracterizado por la violación del derecho a la defensa. Los abogados defensores en distintos momentos denunciaron la falta de acceso a los expedientes, la negativa de los judiciales a permitir una reunión con los acusados, a quienes mantienen bajo tortura y condiciones de aislamiento.
También se ha denunciado la falta de sustancia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, la que en su mayoría se basan en testimonios de oficiales de la Policía, es decir de miembros de una institución señalada como responsable de la represión orquestada por el dictador Daniel Ortega, quien constitucionalmente es su jefe supremo.
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Las acusaciones contra familiares de perseguidos políticos
Según la carátula del asunto judicial 021717-ORM4-2022-PN, el Estado se identifica como víctima de las acciones de sus familiares. La fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas los acusó a los familiares de Javier Álvarez y a Álvarez el pasado 30 de septiembre a las 2:27 de la tarde. La acusación tiene 11 páginas. El proceso está actualmente en trámite ante el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua a cargo del juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía.
La fiscal Ramírez Olivas es conocida por su labor de persecución contra los medios independientes en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en que amenazó a periodistas con aplicarle la ley de ciberdelitos, luego de acusarlos de publicar noticias falsas en los procesos de interrogatorios.
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Sanarrusia es uno de los jueces sancionados en la lista Engel, publicada por Estados Unidos a mediados de julio pasado que castiga a personas que han socavado procesos o instituciones democráticas. La medida impide que accedan a una visa y por consiguiente no pueden entrar a territorio estadounidense, según la resolución.
Madre pregunta: “¿De qué pueden acusar a mi hijo?”
Gabriel Alfonso López del Carmen, de 34 años, e hijo de la perseguida política Andrea Margarita del Carmen Ibarra, también fue acusado a las 2:38 de la tarde del mismo 30 de septiembre por la fiscal Andrea del Carmen Salas Gómez, según el asunto 021724-ORM4-2022-PN.
“Esta es la respuesta cruel del régimen frente a la imposibilidad de capturarme. Tuve que resguardarme fuera del país por la persecución del régimen, y al no encontrarme en mi casa, la Policía capturó a mi hijo. Mi hijo vive en Matagalpa pero yo le pedí que llegara a cuidar a mi madre unos días, pues ella es una señora mayor y está enferma. Se lo llevaron como rehén, y ahora lo están procesando injustamente. ¿De qué lo pueden acusar? Ellos saben perfectamente que mi hijo no tiene ningún vínculo con actividades políticas, y por lo tanto deben ponerlo en libertad”, afirmó la señora Andrea Del Carmen a CONFIDENCIAL.
El documento tiene seis folios. El caso es llevado por el mismo juez Sanarrusia. Salas es una de las fiscales que forma parte de la maquinaria judicial con la que el orteguismo condenó a los reos de conciencia.
Otros familiares de perseguidos políticos
La Fiscalía añadió otros acusados, hasta totalizar 13, incluyendo a los perseguidos, sus familiares rehenes y a otras personas no relacionadas con ellos. Estas personas son: José David Gallo Torrez, Nicolás Palacios Ortiz y Hugo Ramón Rodríguez Flores, acusados por los dos delitos de conspiración y propagar noticias falsas. También: Adolfo Ramón García Ramírez y el exgerente general del desaparecido El Nuevo Diario, Arnulfo Somarriba Aguilar, acusados por menoscabo.
Ese 30 de septiembre fue también acusado por conspiración y propagación de noticias falsas a las 2:23 minutos de la tarde, con la misma dosis de secretismo, Freddy Martín Porras García por la fiscal Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, destacada perseguidora de presos políticos y sancionada en la misma lista Engel. El juez a cargo es también Sanarrusia, de acuerdo con el asunto 021719-ORM4-2022-PN.
La acusación en este caso tiene seis páginas. Porras García se encontraba en su residencia en Jinotepe, Carazo, cuando fue detenido. El allanamiento ocurrió a las seis de la tarde el 15 de septiembre pasado, día de la independencia.
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El acusado es hermano de la dirigente de Unamos—el antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS)—, Dulce Porras, quien denunció también el caso desde el exilio. “Yo siento que el nuevo oleaje de capturas del régimen de Nicaragua es contra familiares de los que estamos aquí, en el exilio”, comentó en su momento.
Las denuncias de los perseguidos políticos han sido respaldadas por organismos de derechos humanos como el Colectivo Nunca Más, fundado en Costa Rica y que han señalado la ilegalidad de las detenciones.
Acusan por “conspiración” a cuatro trabajadores de La Prensa
La Fiscalía del régimen orteguista acusó a cuatro trabajadores del confiscado diario La Prensa por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, cargo por el que han condenado a la mayoría de presos políticos nicaragüenses.
Según el sistema electrónico del Poder Judicial, conocido como “Nicarao”, la acusación fue formalizada el pasado 29 de septiembre y está radicada en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo de Nalia Nadezhda Úbeda Obando.
La judicial es parte de la maquinaria judicial, integrada por 15 funcionarios que han concretado las fabricaciones judiciales que han enviado a las cárceles nicaragüenses por razones políticas al menos a 205 nicaragüenses.
Además, Úbeda está a cargo de un juicio —sin que hasta ahora se sepan los supuestos delitos— contra tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo que vivieron bajo sitio policial con el obispo Rolando José Álvarez, en la Curia de Matagalpa entre el 4 y el 19 de agosto pasado.
La acusación fue presentada por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas. La funcionaria judicial es conocida por su labor de persecución contra los medios independientes en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en que amenazó a periodistas con aplicarle la ley de ciberdelitos, luego de acusarlos de publicar noticias falsas en los procesos de interrogatorios.
