17 de agosto 2024
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La anunciada “reorganización” estatal se ha llevado por delante a más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), quienes fueron despedidos desde el martes 13 de agosto de 2024, de acuerdo con fuentes cercanas a la institución.
Los despidos se han dado en las delegaciones del Mefcca en Bluefields, León, Chinandega, Masaya y Granada. En esta última, “hasta el delegado fue corrido”, afirmaron las fuentes. En cada una de estas delegaciones despidieron entre 20 y 26 trabajadores.
“Uno de los proyectos Nicavida está terminando”, afirmó una de las fuentes.
Otras fuentes dentro del Estado reportaron a CONFIDENCIAL otros despidos en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Según la información compartida, hubo 25 despidos en el Mific, y otra cifra similar en la UNI, “entre gente de planta y profesores horarios. A todos los corrieron el martes”.
Estos despidos se dan luego de anunciarse un proceso de “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños” del aparato estatal, para “promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”, de acuerdo con una escueta nota del Gobierno, publicada la tarde del viernes 2 de agosto de 2024.
Según economistas nicaragüenses, la “reestructuración” implicará el despido de miles de trabajadores públicos. Una decisión que ya comenzó a denominarse “compactación” del Estado, en recuerdo de un proceso similar implementado por el Gobierno sandinista a finales de la década de 1980.
Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) indican que, hasta junio de 2024, había 111 867 empleados en el Gobierno central, aunque esta cifra se eleva hasta los 170 000 o 200 000 si se suman los trabajadores de las alcaldías, empresas públicas y entes descentralizados.
Premian a exministra del Mefcca
La ola de despidos dentro del Mefcca —un ministerio inventado a mediados de 2012— ocurre después que la entonces titular de esa cartera, Justa Pérez Acuña, y varios de sus altos funcionarios, fueron separados de sus cargos mientras la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional escudriñaba sus actos administrativos y sus finanzas personales.
La investigación policial sobre estas nuevas “actividades de corrupción no autorizadas” se enfocó en los programas Adelante y Nicavida, dotados con presupuestos millonarios para facilitar préstamos a miles de emprendedores y efectuar transferencias a productores en el Corredor Seco.
Después de ser despedida como ministra, Pérez fue nombrada por el dictador Daniel Ortega como “asesora del presidente de la república para la promoción y el desarrollo del turismo y los emprendimientos turísticos”, según el acuerdo presidencial 143-2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del viernes 9 de agosto.
Ese mismo día, Fulvia Patricia Castro Matos fue nombrada como titular del Mefcca. El jueves previo, la funcionaria fue expulsada como embajadora de Nicaragua en Brasil, como un acto de reciprocidad brasileño a la decisión de Ortega de ordenar la salida del embajador Breno De Souza Brasil Dias Da Costa, por no asistir al acto sandinista del 19 de julio.
Pese a que Justa Pérez tiene una semana como asesora del presidente, este viernes 16 de agosto de 2024, la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, la ratificó como “asesora de la Vicepresidencia para temas de turismo”, un cargo que no existía en el organigrama del Ejecutivo.
Ratifican a asesores sin funciones
Desde inicios de la semana, Murillo anunció que este viernes informaría sobre el proceso de “reorganización” en el Estado, lo que generó zozobra dentro de los empleados públicos. Sin embargo, en su soliloquio diario, la vocera gubernamental solo leyó una declaración en la que ratificó en sus cargos a 16 asesores con rangos de ministros.
Entre los “ratificados” están varios exfuncionarios que la misma Murillo ha separado de sus funciones, y no desarrollan ninguna asesoría presidencial, como Bayardo Arce Castaño “asesor para asuntos económicos y financieros”; el excanciller Samuel Santos como “asesor para políticas y asuntos internacionales”, el exdiputado Steadman Fagot Müller como “asesor para políticas hacia pueblos originarios”; el recién destituido exministro de Hacienda, Iván Acosta, como “asesor para organismos internacionales”; el exdiputado Orlando Tardencilla y el exprocurador Iván Lara Palacios como “asesores para políticas y relaciones internacionales”.
Entre los asesores presidenciales aparece el presidente del Banco Central, Leonardo Ovidio Reyes, como asesor “en todos los temas de banca y finanzas, y de todos los sectores productivos”; el comisionado general en retiro Horacio Rocha como “asesor para asuntos de seguridad”.
El Ejecutivo ratificó también a las exministras de Salud Sonia Castro y Carolina Dávila como asesoras “para temas de salud”; al exvicecanciller Valdrack Jaentschke como “asesor para temas de políticas y asuntos internacionales”; y a Mohamed Mohamed Farrara Lasthar como “asesor para África, Medio Oriente y Países Árabes”.
Otros que fueron confirmados en sus cargos fueron el exministro Salvador Vanegas como “asesor para todas las modalidades de educación”; el tesorero del partido sandinista, Francisco López, como “asesor para producción y comercio”; y el promotor cultural Wilmor López como “asesor para cultura tradicional y popular”.
La lista no incluye al exvicepresidente y exjefe del Ejército nicaragüense Moisés Omar Halleslevens, quien en enero de 2017 había sido designado ministro delegado para asuntos específicos de la Presidencia.
Tampoco el mayor general retirado Óscar Balladares, quien se desempeñaba como asesor presidencial para asuntos de infraestructura con rango de ministro.
Otro que no aparece es el general retirado Álvaro Baltodano, quien era el delegado presidencial nicaragüense para las inversiones.
Congelamiento de plazas en el Estado
Dentro del proceso de “reestructuración” estatal, el Gobierno ordenó el congelamiento de “todas las plazas vacantes” y la suspensión de “nuevas contrataciones de personal” en todo el Estado. Además, para contratar nuevo personal, se deberá remitir una “solicitud fundada” y autorizada por la Presidencia.
La medida es efectiva desde el miércoles 7 de agosto, tras la publicación de una circular firmada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo Palaviccine, y enviada a los presidentes de los poderes del Estado, ministros, Secretaría de la Presidencia, Procuraduría General de la República, así como a los presidentes, directores de entes descentralizados, órganos autónomos, instituciones financieras y empresas del Estado.
En una declaración en video, el economista Juan Sebastián Chamorro catalogó esa medida como “abusos laborales” que no comenzaron con el Frente Sandinista, pero que sí deberían terminar cuando caiga el régimen, de modo que deje de utilizarse la planilla pública para contratar a militantes que no reúnen los méritos de la función pública.
Chamorro cuestionó a “la dictadura Ortega Murillo, que ignora el marco legal que representa la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa”. Ese texto de ley regula la función pública y garantiza una selección por méritos para los nuevos funcionarios. A la vez, promueve que los empleados existentes tengan estabilidad laboral, capacitación continua, promoción dentro o fuera de la entidad pública para la que trabaja, así como el retiro digno cuando llegara el momento de hacerlo, con los derechos laborales que garantiza la ley.
