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Más de 300 reos políticos sin causa judicial deben ser liberados de inmediato

Reos políticos fueron llevados a sus casas, pero sin certificación de su condición jurídica. Tampoco de conocen parámetros para escogerlos

Afuera de la cárcel La Modelo, del Sistema Penitenciario, permanecen familiares de los presos políticos. Foto: Carlos Herrera | Confidencial

Colaboración Confidencial

confidencial.digital

28 de febrero 2019

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A pesar que la mañana de este miércoles se liberaron alrededor de 100 presos políticos, hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial por parte de la dictadura de Daniel Ortega en la cual se explique el argumento legal por el cual estas personas fueron trasladadas a sus casas y cuál es su situación jurídica actual. Sin embargo, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, asegura que los juicios deben ser anulados.

“Los procesos deben anularse porque jurídicamente no tienen causal para que sean detenidos. Desde los actos de investigación, las detenciones ilegales, la violación al debido proceso, por ser juzgados por el juez que no es natural de suscripción, por anomalías en el juicio”, afirmó en el programa Esta Noche.

El defensor recordó que, en el juicio del líder campesino, Medardo Mairena, que hace una semana fue condenado a 216 años, ocurrieron muchas incoherencias que ameritaban anularlo. Por ejemplo, los supuestos testigos fueron los mismos que lo golpearon y en el momento en que brindaban testimonio leían sus declaraciones de una pantalla gigante.


Según datos de la CPDH, hay 400 casos de presos políticos que están en un proceso judicial y de esa cifra, 200 están a cargo de sus abogados y de esos, a penas, 22 reos de conciencia fueron liberados. Entre ellos hay 14 presos que ya habían sido condenados por los delitos de “terrorismo” y ocho que tienen proceso judicial. El resto, más de 300 no enfrentan una causa.

“Los 300 y tantos que están detenidos y que no se les ha abierto causa debieron haber sido liberados de entradita porque no procede a una medida restrictiva a su libertad adulatoria si no hay un proceso en contra de ellos. (…) Nosotros como comisión de Derechos Humanos tenemos la postura de que todos los procesos de manera absoluta deben ser anulados y a los que corresponde es dejarlos en libertad sin ninguna medida alterna”, aseveró


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