8 de enero 2024
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sometido a 203 religiosos y religiosas al destierro, cárcel, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua, desde 2018 a enero de 2024. Más del 80% de estas agresiones se registraron en 2023, cuando Ortega arreció su embestida contra la Iglesia católica.
“Fue el año -2023- más sanguinario. No porque yo diga, sino porque las cifras lo demuestran: 307 agresiones en 2023, más 3600 procesiones prohibidas, más 237 misas prohibidas en los cementerios. Secuestros, asedios, vigilancia permanente”, asegura la investigadora y autora del estudio Nicaragua ¿una iglesia perseguida?, Martha Patricia Molina.
El 9 de febrero de 2023 el régimen orteguista incluyó a ocho religiosos en un grupo de 222 exreos de conciencia desterrados hacia Estados Unidos. A ellos, se sumaron doce sacerdotes arrestados y posteriormente, también desterrados al Vaticano para un total de 20. Otros 43 -entre curas, seminaristas y diáconos- fueron obligados a exiliarse por la persecución y vigilancia en sus parroquias. El último sacerdote que salió del país para resguardar su libertad fue Fernando Téllez, de la Arquidiócesis de Managua, según una actualización de los ataques contra la Iglesia, elaborada por Molina.
Mientras que a otros 31 religiosos, que regresaban de viajes de formación espiritual, eventos católicos o por razones personales, les impidieron el ingreso al país, siendo la mayoría de ellos, nacionales. En ninguno de los casos, la Dirección de Migración y Extranjería, dependencia del resucitado Ministerio del Interior (MINT) ha brindado justificaciones al respecto.
Antes de finalizar 2023, Ortega desató una cacería contra sacerdotes, contabilizando 17 religiosos convertidos en presos políticos y en desaparición forzada, que junto a monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de prisión, permanecen aislados, incomunicados de sus familiares y sin una causa judicial en su contra que justifique las detenciones ilegales.
El régimen capturó al obispo nicaragüense Isidoro Mora el 20 de diciembre de 2023, sin que hasta ahora se conozca cuál es su paradero. El resto de religiosos -varios de ellos con enfermedades crónicas y con medicación diaria- está en la misma situación. Y pese a que grupos opositores y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central han demandado información y su liberación, la dictadura los mantiene en "desaparición forzada".
“Si continúa la dictadura la misma dinámica de agresión este 2024 puede ser peor que 2023”, advierte Molina. Según la sistematización de la investigadora, en los primeros seis días de 2024 “se han documentado más de diez agresiones en contra de la Iglesia católica y en 2023, a esta fecha, solo se reportaron siete”, señaló.
Riesgo de más destierros de religiosos en 2024
Judicialmente abogados penalistas sugirieron a familiares de los dos obispos, trece sacerdotes y tres seminaristas arrestados interponer recursos de exhibición personal para obligar al sistema judicial a informar sobre su ubicación. Sin embargo, en la práctica están bajo la discrecionalidad del régimen orteguista, que otra vez, violenta múltiples derechos constitucionales.
Por la experiencia de octubre de 2023, cuando Ortega desató una segunda cacería contra sacerdotes, apresando hasta seis curas en menos de quince días, mayoritariamente de la Diócesis de Estelí, los ocultó por unos días en la cárcel El Chipote y “Seminario por cárcel” y luego los desterró al Vaticano, Molina, no descarta esta posibilidad. "Siempre que encarcelan a sacerdotes es para desterrarlos”, expresó.
El destierro de los últimos doce religiosos fue producto de “sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede", según el régimen de Ortega, que en 2023 suspendió relaciones diplomáticas con el Vaticano.
Desde que la dictadura empezó a arrestar sacerdotes, del único que ha mostrado fotografías es del obispo Álvarez. La última vez fue el 2 de enero. Los medios de propaganda divulgaron fotos del prelado en una supuesta visita médica en la que el obispo luce en extremo delgado y pálido por permanecer en una celda de máxima seguridad y no en las condiciones que la dictadura ha intentado mostrar en las tres ocasiones que ha circulado fotografías suyas en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
Aunque la arremetida de la dictadura ha sido contra toda la Iglesia católica, Ortega se ha ensañado con la Arquidiócesis de Managua -242 agresiones- y la diócesis de Matagalpa -144 agresiones-, desde 2018 a agosto 2023. Precisamente, espacios liderados por obispos críticos al régimen, como el obispo Álvarez, quien también es administrador apostólico de la diócesis de Estelí, y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, exiliado en 2019, por orden del Papa Francisco.
Agresiones contra religiosas
Otras 85 religiosas tuvieron que salir del país tras el cierre de sus congregaciones y la confiscación de sus bienes impuesto por la dictadura. De esa cantidad, a siete les fue impedido su ingreso al territorio nacional. Las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, las Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, las monjas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo y las Hermanas Dominicas de la Anunciata son algunos de los casos más conocidos que el régimen obligó a abandonar su misión en Nicaragua.
Murillo responde con discurso de odio
La redada contra sacerdotes nicaragüenses generó “preocupación” en el Papa Francisco, que tras el rezo del primer Ángelus de 2024, exhortó que “se busque siempre el camino del diálogo” para superar los problemas.
Sin embargo, la respuesta del régimen orteguista ha sido enarbolar el discurso de odio contra la Iglesia. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, aseguró en su primera alocución de este 2024, que no se puede creer en “personajes que destilan maldad”.
“¿Cómo podemos creer en personajes cuyos vozarrones hablan de codicia, de envidia, de egoísmo, de maldad? ¿Cómo podemos creer que puedan ser representantes de Dios en la Tierra?... las expresiones de algunos que vemos, con las caras conocidas, caras de destrucción, de demolición, y sobre todo de farsa, de engaño, de fraude”, dijo Murillo el martes 2 de enero.
El miércoles 3 de enero volvió a arremeter contra los sacerdotes sin nombrarlos directamente. “¿Cómo van a dar clases de moral aquellos que han pregonado el mal y que han bendecido asesinatos, crímenes de odio?”, cuestionó la vicepresidenta y vocera oficialista.
Desde el estallido social de 2018, el régimen orteguista acusó a los obispos de terrorismo por abrir los templos para resguardar a los nicaragüenses de los brutales ataques perpetrados por la Policía y paramilitare y denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas contra la sociedad civil.
El jueves 4 de enero, Murillo se valió de un poema de su autoría para aseverar que en Nicaragua no existe persecución religiosa y admitió las detenciones de los religiosos. “Falso que hay persecución religiosa. Si arrestan a un cura, por algo será. Eso no es persecución religiosa”, leyó.
