15 de marzo 2019
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La Unidad Nacional Azul y Blanco mantiene la convocatoria a manifestarse este sábado en demanda de la liberación "incondicional y absoluta" de cientos de detenidos por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega, a pesar de la prohibición de la Policía Nacional, hecha la mañana de este viernes.
¡Las calles son nuestras! #ALaCalle #UnidadNacional pic.twitter.com/NZu9yU0AjG
— Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) 15 de marzo de 2019
"Hacemos un llamado a todas las organizaciones que componen la Unidad Azul y Blanco y a la ciudadanía a movilizarnos por la liberación incondicional y absoluta de todos los presos políticos", anunció esa coalición en una declaración, que sostienen permanece firme, a pesar de la prohibición policial.
La Policía prohibió la manifestación, alegando que "ante falsas noticias y convocatorias (...), la Policía Nacional no autoriza ninguna actividad que genere intranquilidad a las familias nicaragüenses".
El inspector general de la institución, Jaime Vanegas, leyó en un comunicado que "esas convocatorias y falsas noticias constituyen la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas, que sembraron en Nicaragua, luto, aflicción, dolor, y han dejado tantas pérdidas de vidas, de bienes públicos y privados, y graves afectaciones a la Economía Nacional".
Sin embargo, la Unidad Nacional mantiene que "convocamos y vamos junto a la ciudadanía, exiliados políticos y la diáspora nicaragüense este 16 de marzo a movilizarnos y volver a la calle", a pesar de la prohibición emitida por la Policía Nacional para este tipo de manifestaciones.
Movimientos organizados por las víctimas de la crisis, como el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, la Asociación de Madres de Abril, la Coalición Universitaria, entre otros, anunciaron en una rueda de prensa conjunta su respaldo a la convocatoria de esa marcha.
"Si Ortega quiere diálogo, debe dar muestras de seriedad y debe permitir que el pueblo se movilice", dijo la dirigente estudiantil Justina Orozco.
Las marchas cívicas fueron prohibidas por la Policía Nacional de Nicaragua desde el pasado mes de septiembre, cuando amenazó con encarcelar a quienes las promuevan, y estableció un Estado policial de facto.
En enero pasado, los empresarios de Nicaragua acordaron cancelar una manifestación que habían convocado, después que la Policía les denegara el permiso.
El jefe de la Dirección de Seguridad Pública, Olivio Hernández, dijo entonces que la Policía decidió "no autorizar ninguna actividad que exponga a personas, familias o bienes, al peligro; que alteren el orden y los derechos sociales, y el derecho a la paz de las familias nicaragüenses".
El jefe policial basó la decisión en que "los solicitantes fueron partícipes en el golpe de Estado fallido de abril del año pasado" y que los empresarios "actuaron delictivamente contra la Constitución Política de Nicaragua, pretendiendo cambios institucionales a través de la violencia y el terror".
Asimismo, los acusó de haber promovido, incitado y ser responsables de los tranques o bloqueo de vías donde se torturó, violó y asesinó a nicaragüenses.
Una de las negociadoras de la Alianza Cívica, la abogada constitucionalista Azahalea Solís, dijo que en la mesa del diálogo ya están informado de esa convocatoria a marchar.
"Más que desafiar al régimen, lo que estamos reafirmando es que somos personas con derecho", señaló Solís, quien planteó al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, que actúa como testigo y acompañante de las negociaciones, "que demande el respeto al derecho de movilización el día sábado".
La marcha está prevista arrancar a las dos de la tarde, de la rotonda Centroamérica y culminar en el monumento Alexis Argüello, una de las avenidas más transitadas del país.
La Unidad Nacional Azul y Blanco -a la que pertenece la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en las negociaciones que comenzaron el 27 de febrero- hizo esa convocatoria el mismo día en que se reanudaron las conversaciones.
El Gobierno y la Alianza Cívica, sin la presencia de la representación estudiantil, retomaron este jueves las negociaciones que estaban suspendidas tras la decisión del Episcopado de no participar en el proceso.
