3 de agosto 2023
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Más de cincuenta nicaragüenses acuden a estaciones policiales antes de las 8:00 a. m., para firmar un cuaderno y ser fotografiados. Así cumplen con una medida cautelar impuesta por jueces orteguistas en audiencias exprés celebradas entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de mayo de 2023, en Managua. Hasta ahora, ninguno de los implicados ha sido informado sobre su proceso judicial, mientras crece el temor de ser secuestrados en cualquier momento.
“Mi vida ha cambiado. El miedo increíble que tengo, la incertidumbre de que en cualquier momento vengan, que me lleven”, se sincera “Dolores”. Su rutina dio un giro desde que la justicia orteguista la acusó junto a más de cincuenta personas —de los que se conoce la acusación contra treinta—por los delitos de “conspiración y menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Este jueves 3 de agosto se cumplen tres meses de la cacería ejecutada por la Policía orteguista en once de quince departamentos del país, por lo que los acusados están más alertas ante el riesgo de ser trasladados a los Juzgados. “Tengo mucho miedo a lo peor, pero estoy agarrada de la mano de dios”, dice “Dolores”.
Hermetismo en los procesos judiciales
Sobre los casos judiciales de estos nicaragüenses existe mucho hermetismo, advierte la abogada Yonarqui Martínez. Se desconoce si el sistema judicial les realizó una audiencia de tutela de garantías, que implica la detención de una persona hasta por noventa días para investigarla.
Aunque el grupo no esté detenido, en la práctica está en “casa por cárcel”. Sí ese fuera el caso, tendrían que hacer alguna gestión judicial tras vencerse ese plazo, pero es probable que no estén bajo esa medida jurídica.
“Hay un enorme vacío porque ni el proceso ha continuado, ni hay una medida en la cual estén con control de garantías. No existe ninguna otra gestión en los Juzgados o que nos indique que van a cumplir con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal (CPP)”, explicó la abogada.
Según el artículo 134 del CPP, la duración del proceso judicial con una persona detenida por “un delito grave”, implica una sentencia en un plazo no mayor de tres meses contados desde la primera audiencia. “Si no hay reo detenido, este plazo se elevará a seis meses”.
“Si transcurren los plazos señalados para el proceso penal sin acusado detenido, sin que se hubiera pronunciado veredicto o sentencia, se extinguirá la acción penal y el juez decretará el sobreseimiento de la causa”, indica la ley.
Sin embargo, Martínez señala que tampoco se sabe sí los casos fueron considerados de tramitación compleja, lo que implicaría la duplicación de los plazos. Bajo ese escenario el juez tiene hasta un año para dictar una sentencia. Pero independiente de ello, la audiencia inicial ya se tendría que haber realizado.
“La Policía los tiene bajo su custodia porque el juez no les notifica. Están en un proceso irregular, que debería ser cerrado. Desde que inició es ilegítimo, nulo, viciado”, cuestiona la defensora.
“Nunca estás preparado para entrar a una cárcel”
A “Amanda” la sentaron frente a un policía mientras la grababan cuando él sujeto le decía: “queremos la paz”. Y acto seguido, le advertía que esperaban no se registraran actos de vandalismo —pintas azul y blanco, papelillo, pegatinas—, nada que alterara el orden público en el municipio.
La mujer acude a firmar de lunes a domingo bien temprano. Una vez intentó pedir permiso para llegar a otra hora del día debido a una situación de salud familiar, pero se lo negaron. Estos tres meses han sido horribles, dice, porque están vigilados todo el tiempo. “Estamos angustiados, no dormimos bien, no comemos bien”, relata.
Mientras pasa el tiempo la incertidumbre crece. Ella se ha mentalizado que los enviarán a juicio, que los encontrarán culpables, les pueden quitar la nacionalidad y hasta confiscar sus bienes, como el régimen orteguista ya lo hizo con otros reos de conciencia.
“Nunca estás preparado para entrar a una cárcel”, comenta “Amanda”, quien reconoce que ni sus hijos, ni padres están listos para esa etapa, pero ella está consciente que podría ser una pronta realidad.
“Luis” vive desde hace tres meses en Costa Rica. Han sido días difíciles emocionalmente porque no pensaba exiliarse y separarse de su familia de golpe. “Pagamos ese costo de vivir en libertad”, dice apesarado. Él fue uno de los nicaragüenses acusados en ausencia el 3 de mayo. Logró huir antes que la Policía llegara a su vivienda.
El exilio como estrategia del régimen
La redada ordenada por el régimen orteguista implicó también la confiscación de pasaportes, cédulas, celulares, computadoras y hasta dinero de más de 50 acusados, y hasta ahora, ningún documento o bien material ha sido regresado.
“Estas personas han firmado todos los días, llegan supertemprano a exponerse a que los oficiales los vean que firmen, les toman una foto. A unos los han llamado en privado para decirles que los tienen vigilados”, relata la activista Ivania Álvarez, quien ha dado seguimiento a sus casos.
“Hemos recibido reportes de asedio de estas personas, sobre todo el 19 de julio (que se conmemora la Revolución Sandinista), siempre amenazados”, indica Álvarez.
De acuerdo con analistas y opositores, con esta nueva forma de represión, el régimen busca empujar a los opositores que aún resistían en Nicaragua al exilio. De los más de 50 afectados, al menos una veintena se ha ido del país, confirmaron diversas fuentes a CONFIDENCIAL.
Álvarez detalla que una vez exiliados, la Policía amenaza a los familiares y le dicen que “si vuelven” los van a secuestrar, mientras les informan que “siempre” serán vigilados.
