21 de noviembre 2019
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Sonia Gutiérrez, una jubilada de 71 años, muestra dos recibos de electricidad, recibidos este año, que comprueban cuánto se le ha incrementado el pago del servicio. En una mano enseña el de marzo, que detalla un consumo de 214 kilovatios horas y el total a pagar es de 1 377.92 córdobas; en la otra, muestra el de octubre: 274 kilovatios horas consumidos, para un pago de 2 086.69 córdobas.
Gutiérrez, que durante 50 años trabajó como enfermera en el Hospital Bertha Calderón y vive en San Judas, tiene una pensión de 5700 córdobas. Durante octubre tuvo que dedicar el 36% de sus ingresos para pagar el recibo de luz.
“Esto es insostenible”, dice visiblemente enojada. “Tengo alrededor ya de siete meses que no descanso de ese recibo”.
Cuando Gutiérrez se quejó, en marzo pasado, ante la empresa distribuidora Disnorte-Dissur, antes Unión Fenosa, por lo que ella considera alteración en sus recibos, le enviaron un técnico que dijo que su sistema de cableado a lo interno de la vivienda era obsoleto y que debía cambiarlo para que el consumo disminuyera. Invirtió casi un mes de su pensión para sustituirlo, pero la tarifa sigue incrementando.
“Primero salió de 1 600, luego 1 700, después 1 800 y pico, pero este último fue el colmo: 2 086 córdobas”, afirma Gutiérrez, alegando que en su casa solo viven dos nietas y una hija. Explica que solo tienen dos abanicos, un televisor y una refrigeradora.
“Con mi jubilación pago el recibo y el resto lo ocupo para medio comer”, cuenta Gutiérrez. “Mis hijos me ayudan, pero cada uno de ellos tiene sus responsabilidades”.
Brutal incremento en 2019
Durante lo que va de 2019, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) le ha aprobado a Disnorte-Dissur un incremento de 18% en la tarifa de energía.
Ese incremento es el que resienten Gutiérrez y Ángela Petri, otra jubilada que reclama como el recibo de luz le ha incrementado paulatinamente este año.
“Con el subsidio de jubilada me salían 300 córdobas, pero ahora eso (el recibo) se elevó”, dice Petri, de 82 años, a CONFIDENCIAL.
“Me salen mil y pico de pesos… tengo que andar pidiendo o prestando para pagarlo”, agrega.
Juan Carlos López, experto en temas de derecho del consumidor, advierte que los incrementos de la tarifa de energía eléctrica se han dado para proteger a Disnorte-Dissur, la empresa distribuidora, de las “pérdidas técnicas”.
“Es irrelevante el precio de los megavatios porque en este caso lo que hace la empresa distribuidora para llegar a ese porcentaje (de incremento que le ha aprobado el Instituto Nicaragüense de Electricidad, INE) es obviamente por las cuantificaciones de pérdidas”, explica López.
“La tarifa por kilovatios ha subido porque lo que hacen es subsidiar las pérdidas o la no recuperación de carteras vía tarifa… no ha incrementado por el costo internacional del búnker o por la generación nacional a base de energía renovable”, explica.
López también señala que los incrementos se han dado “por la corrupción interna que ha habido con la generación de energía, por los costos pactados con los generadores, los famosos contratos (donde hay que pagarles a los generadores solo por tener capacidad de generar y no necesariamente porque estén inyectando energía al sistema) que se le cargan directamente al consumidor y las pérdidas técnicas que tiene Disnorte-Dissur”.
Reforma a medida de la distribuidora
A finales de octubre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para dar un respiro a la distribuidora de energía, mientras acorrala a los consumidores.
La iniciativa, enviada al Parlamento por el dictador Daniel Ortega, le da facultades a Disnorte-Dissur para embargar y enjuiciar a los consumidores de 300 o más kilovatios hora que no puedan pagar sus facturas.
La diputada oficialista Jenny Martínez dijo, durante la justificación para la reforma a la ley, que 16 000 usuarios acumulaban deudas por 106 millones de dólares con la distribuidora, que la empresa estaba en números rojos y que se ponía en peligro el sistema energético del país si no se hacía “algo”.
Ese “algo” fue, obviamente, presionar mediante embargos a usuarios como Leticia Morales que acumula una deuda de casi 300 000 córdobas con la empresa distribuidora, que no ha podido pagar.
“Ya se nos es imposible pagar”, dice Morales, cuyo recibo mensual oscila entre 6 000 y 7 000 córdobas. “Los últimos me salían en 5 700, pero cada mes sube 150 o 200 córdobas”.
Leticia Morales asegura que la tarifa ha incrementado tanto que es difícil poder pagar las facturas. Ismael López | Confidencial
Los expertos advierten que el incremento de la tarifa es una bomba de tiempo en un contexto donde la gente está perdiendo sus trabajos, están mermando los ingresos y la economía viene en picada.
“Habrá un momento donde la gente no tendrá para pagar”, dice un exfuncionario del INE que advierte que hay que revisar los contratos de generación para buscar una salida que no sea afectar más a la población.
“Ahorita estoy acumulando deudas porque el último arreglo de pago que hice, era un arreglo difícil de pagar, pero yo quise hacer el esfuerzo por arreglar mi situación, pero resulta que al hacérseme difícil pagar las ultimas cuotas, que me faltaban cuatro cuotas para terminar de pagar un arreglo de pago de tres años, se me acumularon los recibos, las cuotas iban al día, pero se me acumularon cuatro recibos y me anularon el arreglo de pago”, lamenta Morales mientras atiende su pulpería.
Zozobras por la ley
“Nosotros los consumidores somos los que cometemos fraudes, los que robamos energía, los que estamos en zozobra por esa nueva ley que nos quieren echar presos”, reclama Morales.
La usuaria asegura que, por miedo al embargo, está buscando cómo hacer un nuevo arreglo con la distribuidora. “Ya me mandaron una citatoria diciendo que voy a pagar 2 500 córdobas mensuales más el consumo”, detalló.
“Pero no me he atrevido a ir porque debo llevar un depósito de 30 000 córdobas que los podría prestar, pero después no voy a poder pagar las tres cosas juntas: el arreglo, el recibo y el préstamo. Será peor —lamenta— mi cura que la enfermedad”.
